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2015 será recordado como uno de los años más críticos para el ejercicio de la libertad de expresión y en particular para el trabajo de la prensa. La aplicación selectiva y arbitraria de una legislación que ya de por si se cuenta como una de las más restrictivas del Continente, la censura previa vía la imposición de contenidos ejercida por distintas autoridades al frivolizar y abusar del derecho a la réplica y a la rectificación (aplicados indistintamente), decenas de casos de persecución a tuiteros, blogueros e incluso administradores de páginas de Facebook, censura de contenidos en Internet a través de la empresa española Ares Rights, el cierre de medios e incautación de equipos, nuevos insultos y discurso estigmatizante sobre blancos periodísticos concretos, agresiones físicas, prisión y represión en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta, autocensura y la concentración de medios vía la compra o venta, configura un panorama desolador en el Ecuador del 2015 para una de las libertades democráticas esenciales.
Desde enero a diciembre, Fundamedios contabilizó 377 agresiones, con lo que se configura el año más violento contra la libre expresión, pues los ataques aumentaron un 44% respecto al año pasado, que cerró con 254 agresiones. Con el nuevo récord, la agresiones se elevan a un total de 1409, desde que se inició el monitoreo de Fundamedios en el 2008.
Esta situación solo confirma una preocupante realidad: que el creciente deterioro de la libertad de expresión ha ido de la mano del incremento de agresiones producto de la aplicación de leyes restrictivas, específicamente, la Ley Orgánica de Comunicación, teniendo como principales víctimas a los medios, y como principal agresor, a un Estado que lejos de garantizar los derechos ha creado toda una estructura para vulnerarlos. Esta afirmación se plasma en cifras, como se detalla a continuación.
La principal agresión de este 2015 se dio dentro de la categoría: “Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión”, con 99 casos, (26%) que se traducen en las denuncias y sanciones contra los medios, ante la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom) y en aplicación a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Al igual que en 2014, el uso abusivo y selectivo de este cuerpo legal restrictivo dejó ver todos sus efectos negativos con la imposición de constantes multas y sanciones que afectaron severamente la economía de medios grandes, medianos y pequeños. Pero, lo más preocupante es que en el Ecuador se ha impuesto un régimen de censura previa, a través de la imposición de contenidos oficiales, con la obligación de transmitir y/o publicar réplicas, rectificaciones o disculpas públicas.
En segundo lugar se ubicaron las agresiones por el “Uso abusivo del poder del Estado”, con 87 casos (23%). Dentro de esta categoría se encuentran las agresiones por “Abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado”, con 55 ataques -en donde también se incluyen los pedidos de réplicas de funcionarios estatales que no han acudido ante la Supercom- ; nueve casos de “Abusos de organismos de control del Estado”, como los cobros de esas sanciones a través de procesos de coactiva; siete casos de “Uso abusivo de medios oficiales cuando genere consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión”, y seis dentro de la subcategoría “Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital”, por mencionar los más relevantes.
En tercer lugar, se ubican dos categorías de agresiones: las Físicas y las Verbales con 43 casos en cada una, lo que representa el 12%.
Dentro de las agresiones verbales, se reportaron 27 “Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”; nueve “amenazas” y siete “Insultos o descalificaciones de personas particulares cuando generen consecuencias para la libertad de expresión”. Esta categoría evidencia el clima hostil y de estigmatización que existe para el ejercicio del periodismo perpetrado por las más altas esferas del poder, con un Presidente que en cada sabatina o intervención pública descalifica a la prensa con epítetos poco amables y demás conocidos.
En cuanto a las agresiones físicas, este año se incrementaron respecto al anterior debido al contexto de protestas que se vivieron en estos meses y como producto de la represión de las movilizaciones sociales. Es así que se reportaron 25 “Ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos”; 10 casos de “Intimidación/ acoso/persecución”, así como cuatro casos de “Agresiones contra la sede de medios de comunicación”. Dentro de esta categoría también figuran impedimentos de cobertura, Destrucción o confiscación de los equipos de los medios fuera de su sede, entre otros.
Otra agresión que ha incrementado de manera preocupante es la relacionada a la vulneración de los “derechos digitales” con 40 casos (10%) que incluyen el “Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales”; Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; Censura en internet como el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar, entre otras.
Finalmente, y en menor número, se registraron 39 casos dentro de “Procesos penales”, muchos de ellos por detenciones a ciudadanos en medio de las protestas; siete casos de “Censura”; siete dentro del “Marco jurídico contrario a estándares internacionales”; cuatro por “Procesos administrativos”; y tres por “Uso abusivo del poder no estatal”, por mencionar los más relevantes.
En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación, con 212, y los periodistas y trabajadores de los medios con 56 ataques siguen siendo los principales agredidos. Preocupa, el incremento de ataques contra ciudadanos, con 31 casos; ONGs, con 21; 20 contra personajes públicos, y 13 contra ciber-activistas.
El principal agresor en todos estos casos sigue siendo el Estado. Responsable del 54% del total de los ataques (198 casos), seguido por los Funcionarios públicos, responsables del 21% de ellos (77 casos). Dentro de esta subcategoría, el principal agresor es el Presidente de la República (con 24 ataques) seguido por los cuerpos de seguridad del Estado (con 23 agresiones). En menor número se han dado agresiones perpetradas por parte de desconocidos y de Grupos violentistas con el 11% y 8% respectivamente.
Más allá de estas cifras expuestas y el dramático incremento de las agresiones, hay hechos graves que evidencian el deterioro de las libertades en el Ecuador. Casos como el cierre de Ecotel TV; el posible retiro de más de 300 frecuencias de radio y TV; el despido del periodista Martin Pallares de diario El Comercio -por haber tenido comentarios críticos al gobierno en su cuenta personal de Twitter- muestran el temor y la autocensura que existe dentro de las redacciones.
Pero hay más . El hecho de que medios como diario La Hora y Expreso hayan tenido que ceder portadas y páginas enteras para publicar réplicas, y a la par, tener que declararse en resistencia para denunciar los abusos de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La más reciente sanción de este organismo se dio por no replicar un anuncio pagado a pedido de esa misma entidad, poniendo en duda la verdadera utilidad de la Ley de Comunicación y de manifiesto la cuestionada independencia de esa entidad reguladora, al estar actuando como juez y parte, pese a que su titular Carlos Ochoa haya negado estas acusaciones- evidencian la peligrosa imposición de contenidos oficiales y el abuso constante bajo el cual la libre expresión tuvo en el 2015 su peor año.
With a Negative Record of 377 Attacks, 2015 Closes as the Worst Year for Freedom of Expression in Ecuador
2015 will be remembered as one of the most critical years for the exercise of freedom of expression and in particular for the work of the press. The selective and arbitrary implementation of legislation that is in itself one of the most restrictive of the continent, preemptive censorship via the imposition of content exerted by various authorities by trivializing and abusing the right of reply and rectification (implemented without distinction), dozens of cases of persecution of Twitter users, bloggers and even administrators of Facebook pages, the censorship of online content through the Spanish company Ares Rights, the closure of media outlets and the seizure of equipment, new insults and a stigmatizing discourse that targets specific journalists and outlets, physical attacks, imprisonment and repression against those who exercise the right to protest, self-censorship and the concentration of media via purchase or sale, set up a dismal outlook in the Ecuador of 2015 for one of the essential democratic freedoms.
From January to December, Fundamedios counted 377 attacks, making 2015 the most violent year for free expression, as the attacks increased by 44% compared to the previous year, which closed with 254 attacks. With this new record, the attacks have risen to a total of 1,409 since Fundamedios began monitoring them in 2008.
This situation only confirms a troubling reality: that the increasing deterioration of freedom of expression has gone hand in hand with an increase in attacks that are the product of the implementation of restrictive laws, specifically, the Organic Communication Law, which has as its main victims the media, and as the main offender a State that far from guaranteeing rights, has created a complete structure set in place to violate them. This statement is reflected in figures, as detailed below.
Major attacks of 2015
The main attacks of 2015 occurred within the category: “Processes based on the implementation of regulations contrary to freedom of expression”, with 99 cases, (26%) that translate into accusations against the media before the Superintendency of Information and Communication (Supercom) and sanctions based on the implementation of the Organic Communication Law (LOC). Just like in 2014, the abusive and selective use of this restrictive legal text reflected all of its negative effects with the imposition of constant fines and sanctions that severely affected the economy of large, medium-sized and small media outlets. But most troubling is that a regime of preemptive censorship has been enforced in Ecuador through the imposition of official content, with the obligation to transmit and/or publish replies, rectifications or public apologies.
Second place was taken by attacks recorded as “Abusive use of the power of the State” with 87 cases (23%). Within this category lie the “Abuse of ‘chain broadcasts’ and other communication tools used by the State”, with 55 attacks – which also include requests for replies by State officials who did not appeal to Supercom -; nine cases of “Abuse by State control agencies”, such as the collection of fines through coercive processes; seven cases of “Abusive use of official media when it generates consequences for the exercise of freedom of expression”, and six within the subcategory “Concession and/or arbitrary cancellation of radio and TV frequencies, or digital spectrum”, just to mention the most relevant.
Third place goes to two categories of attacks: the Physical and the Verbal, with 43 cases each, which represent 12% of all aggressions.
Within the verbal attacks, 27 cases of “Insults or disqualifications by authorities and public figures” were reported; nine “threats” and seven “Insults or disqualifications by individuals when they generate consequences for freedom of expression”. This category shows the hostile atmosphere and the stigmatization of the exercise of journalism perpetrated by the highest levels of power, with a President who discredits the press with unkind and well-known epithets in each of his Saturday broadcasts or other public interventions.
As for physical attacks, this year they increased compared to the previous one due to the context of protests experienced within these months and as a result of the repression of social demonstrations. Thus, 25 “Attacks on the physical integrity of journalists and citizens” were reported; 10 cases of “Intimidation / harassment/persecution”, as well as four cases of “Attacks against the headquarters of media outlets”. Within this category we have also included the obstruction of coverage and the destruction or seizure of media equipment outside their headquarters, among others.
Another kind of attack that has increased at an alarming rate is related to the violation of “digital rights” with 40 cases (10%), which include the “Hacking into the computer systems of media outlets and social organizations”; Cyber threats and systematic harassment through social networks and the media; Censorship on the internet involving the arbitrary closure and suspension of social network accounts and the abuse of copyright rules in order to silence, among others.
Finally, and in lesser numbers, 39 cases of “Criminal proceedings” were recorded, many of them involving the arrest of citizens during protests; seven cases of “Censorship”; seven within the category “Legal framework that is contrary to international standards”; four “Administrative processes”; and three recorded as “Abusive use of non-State power”, to mention the most relevant.
With regard to victims, the media, with 212 attacks, and journalists and media workers with 56 attacks, continue to be the main targets. The increase in attacks against citizens, with 31 cases; NGOs, with 21; 20 against public figures, and 13 against cyber-activists, is cause for concern.
The main offender in all these cases is still the State, which is responsible for 54% of the total number of attacks (198 cases), followed by public officials, responsible for 21% of them (77 cases). Within this subcategory, the main offender is the President of the Republic (with 24 attacks), followed by the security forces of the State (with 23 attacks). There have also been a smaller number of attacks perpetrated by unidentified persons and violent groups with 11% and 8% respectively.
Beyond these figures and the dramatic increase in attacks, some serious events have been evidence of the deterioration of freedoms in Ecuador. Cases such as the closure of Ecotel TV; the possible withdrawal of more than 300 radio and TV frequencies; the dismissal of journalist Martin Pallares from the newspaper El Comercio – for making critical comments against the Government in his personal Twitter account – show the fear and self-censorship that exist within the newsrooms.
But also, the fact that media outlets such as the newspapers La Hora and Expreso have had to give over their front pages and entire interior pages to publish replies, while having to declare resistance to denounce the abuse of the Superintendency of Information and Communication (Supercom) – whose most recent sanction was issued for failing to reply to a paid advert at the request of that same entity, calling into question the real usefulness of the Communication Law and bringing to light the contested independence of this regulatory agency, as it operates as judge and jury, even though its head, Carlos Ochoa, has denied these accusations – show the dangerous imposition of official content and the constant abuse under which free speech had its worst year in 2015.
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