La Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador, que agrupa a 23 organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, condenamos la pretensión del Ministerio de Educación de proceder a la disolución o extinción jurídica de la Unión Nacional de Educadores, organización sindical que agrupa a cerca de 100.000 maestros y que tiene existencia legal desde el año 1950.
La pretensión de cierre ha estado precedida por una larga cadena de abusos y vulneraciones a los derechos fundamentales, que la convierten en un caso paradigmático de las violaciones al derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica violaciones, originados por la aplicación de los decretos presidenciales 16 y 739. Estos decretos han sido observados por organismos internacionales y en procedimientos especiales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los definen como atentatorios al derecho de libre asociación de los ciudadanos.
Las organizaciones firmantes señalan que, en diciembre de 2013, la UNE eligió su nueva directiva con el voto de más de 60.000 educadores en todo el país. En enero de 2014, la organización intentó registrar esta directiva; pero en mayo, el Ministerio de Educación respondió negativamente a este registro, bajo el argumento de que faltaba que se entregue la información con datos personales de cada uno de los maestros votantes. Esto constituye una clara violación al derecho a la privacidad de los miembros del sindicato.
A través de un nuevo escrito, la UNE se negó a dar esa información, ya que se trata de datos sensibles que pueden poner en riesgo a los miembros de la organización y convertirlos en blanco de represalias. Nunca se recibió respuesta del Ministerio. El de la UNE es uno de los varios casos emblemáticos que revelan la intención gubernamental de exterminio del sindicalismo en el sector público ecuatoriano mediante diferentes artificios.
Estas acciones evidencian que se trata de un comportamiento sistemático del oficialismo. Cabe señalar que con estas acciones, el Gobierno ecuatoriano además está violentando las recomendaciones que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones luego de su visita a nuestro país, en el cual se dice de manera expresa: «La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3 del Convenio, las elecciones de las directivas sindicales constituyen un asunto interno de las organizaciones en el que las autoridades administrativas no deben intervenir».
En este sentido, el eventual cuestionamiento de la regularidad de las elecciones sindicales debería primero dar lugar a la aplicación de los mecanismos previstos en los propios estatutos de la organización y, en caso de no poder ser resuelto internamente, debería ser sometido a otros mecanismos que no violenten la autonomía de la organización. Con base en lo anterior, la Comisión pidió al Gobierno que registre la nueva directiva de la UNE y que informe de toda evolución a este respecto.
Frente a la negativa del Ministerio de Educación de cumplir con sus obligaciones, los docentes se convocaron para un Congreso Extraordinario, el 14 de mayo de 2016. El fin, era iniciar de cero el proceso de registro. Allí, 1.000 delegados de 23 provincias del país aprobaron una nueva directiva provisional, hasta el registro del nuevo estatuto.
Este informe también fue enviado al Ministerio, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. Pese a ello, el pasado jueves 21 de julio el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores. La acción se inició por «presuntamente incumplir el Decreto 739», que regula el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Esta arremetida contra la UNE se da después de que la presidenta la organización, Rosana Palacios, participara el pasado mes de junio en sesiones de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por todas estas razones, los firmantes condenan la pretensión de cierre de la UNE, pues la consideran una seria amenaza y un precedente intimidatorio contra todas las organizaciones de la sociedad civil del país. Además señalan que constituye una grave vulneración del derecho fundamental de los y las ecuatorianos y ecuatorianas a asociarse libremente.
Llamamos a todos los sectores a mantenerse alerta y elevar su voz de protesta por este acto abusivo de las autoridades gubernamentales. Solicitamos a todos los organismos y organizaciones internacionales de protección de derechos fundamentales a pronunciarse sobre estos hechos y recordar al Estado ecuatoriano su obligación de garantizar plenamente los derechos de sus ciudadanos a la luz de los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el país.
*Las organizaciones que conforman la Plataforma son: Participación Ciudadana, Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, Asociación Red de ONG de Guayaquil AROG, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA, Colectivo Antropólogos del Ecuador, Colectivo YASUNIDOS, Confederación Mujeres por el Cambio, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador ECUARUNARI, Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE, FBQ, Federación de Médicos del Ecuador, Federación Nacional de Periodistas FENAPE-FIP, Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mil Hojas, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios FUNDAMEDIOS, Fundación DESAFÍO, Internacional de Servicios Públicos ISP, Junta Cívica de Guayaquil, Observatorio Electoral Ciudadano, Plan V, Red de Mujeres Políticas del Ecuador REMPE, Unión Nacional de Educadores UNE, Unión Nacional de Periodistas UNP.