Ecuador, 27 de septiembre de 2021. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información junto con la Defensoría Pública firmaron el Convenio para la Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, que permitirá a este grupo acceder a asesoría y asistencia legal gratuita, en los procesos que deben enfrentar durante su trabajo.
El documento fue suscrito en Loja por la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz y por Ángel Torres Machuca, Defensor Público General (e). El director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, participó como testigo.
“Este convenio expresa una necesidad de poder proteger el trabajo que garantice la libertad de expresión y un estado democrático” dijo Cruz mientras que el Defensor Público sostuvo que un periodismo sin libertad pierde y que desde el Estado se deben brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico sin restricciones.
El convenio establece que, tanto la Defensoría Pública como el Consejo de Comunicación, deberán definir e implementar lineamientos generales, recomendaciones y protocolos en relación con la protección a periodistas y trabajadores de la comunicación en ejercicio de sus funciones; intercambiar información sobre riesgos o amenazas a trabajadores de la comunicación e identificar situaciones que ameriten el accionar conjunto.
Asimismo, deberán desarrollar campañas de socialización sobre la defensa y protección de los trabajadores de la comunicación, en el ejercicio de sus funciones. También se contempla rendir cuentas sobre la información generada, las acciones emprendidas y los resultados alcanzados en la protección de trabajadores de la comunicación.
Entre las responsabilidades exclusivas del Consejo de Comunicación está capacitar a defensores públicos y servidores de la de Defensoría Pública en temas relacionados a estándares internacionales de derechos humanos respecto al tema de protección a periodistas y libertad de expresión y coordinar la elaboración e implementación de protocolos, proyectos, planes y programas orientados a la protección a periodistas cuando en ejercicio de sus funciones se les involucre en procesos penales.
Entre las responsabilidades exclusivas de la Defensoría Pública están el prestar gratuita y oportunamente servicios de asesoría y patrocinio a periodistas y trabajadores de la comunicación que hayan sido enjuiciados penalmente por su trabajo periodístico; o que requieran de asesoría o patrocinio judicial en otras materias, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley, garantizando así a periodistas y trabajadores de la comunicación; el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente. Además se especifica que para periodistas mujeres, víctimas de violencia, de las nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas se garantizará una “defensa pública especializada”.
Desde FUNDAMEDIOS saludamos esta iniciativa en favor de la protección de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y auguramos los mejores resultados en la defensa de la libertad de prensa y de expresión en el país.