El pasado miércoles 11 de julio fue una jornada maratónica en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Comenzó con la comparencia del ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, quien sacó de la chistera la solución a todos los males de concursos de frecuencias fraudulentos, división en tercios del espectro, discriminación de los comunitarios: simplemente dividimos aún más el espectro y con ello adiós a la saturación.  ¿Pero es cierto? ¿Qué implicaciones tiene este cambio de tecnología? ¿Quién será el proveedor de los nuevos transmisores? ¿Cuánto costará el cambio, que no es el paso a la tecnología digital?

Estos temas deberían ser debatidos. Más allá de las buenas voluntades, que no dudo puede tener el Ministro, en el pasado hemos visto cómo los famosos planes nacionales de distribución del espectro pueden desembocar en las ominosas “ferias de frecuencias”.

Pero así y todo, lo más sorprendente de la jornada del miércoles es que los espíritus del control y la censura siguen rondando la Asamblea, vestidos con ropajes académicos. Muchas veces.

Es realmente vergonzoso el papel cómplice que jugó una parte importante de la academia vinculada a la comunicación en la instalación del estado de propaganda y la situación de censura que se implantó en la pasada década. Bajo la supuesta democratización, auparon la represión y la sanción en contra de los medios, periodistas críticos con el poder.

Lo increíble es que, después de 10 años de pesadilla, no hay acto de arrepentimiento y contracción alguna. Todo lo contrario, el falaz dispositivo teórico sigue intacto: la libertad de expresión es libertad de empresa, las empresas privadas son violadores de derechos. Los derechos de la comunicación, por lo tanto, deben ser regulados por el Estado con un ente administrativo que presione, es decir, sancione.

Y así seguimos, como hace 10 años. Cargando falacias como las que expuso la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Palmira Charvero: la autorregulación de los medios no funciona y que estos, al ser empresas mediáticas, van a proteger sus intereses y no los derechos de los ciudadanos.

Y al final, todos lo sabemos, los derechos son asunto de burocracia, así que la propuesta es que la Ley debería facilitar los trámites burocráticos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos como el de réplica y rectificación. “Hace falta una instancia administrativa que regule el derecho a la comunicación porque, sino, caemos en la autorregulación y en la voluntad de las empresas mediáticas”.

Yo no sé si la doctora Charvero podría decir una barbaridad así en su patria y salir tan oronda del recinto. Porque la falsificación es evidente. Lo que no ha funcionado en el mundo es la regulación estatal. La autorregulación, bueno, que pregunte al Defensor del Espectador de RTVE, por poner un ejemplo.

Los colegas del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, comparecieron en la misma jornada, y no podían dar crédito a esa voluntad de control sobre el periodismo y los medios.

Para terminar de confirmarlo, estuvo la asambleísta Verónica Arias, simpatizante del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) y miembro de esa misma comisión, quien defendió a la actual Ley de Comunicación y la existencia de la SUPERCOM. A su criterio, no se puede eliminar esta entidad administrativa sin antes reformar la Constitución, lo cual es falso de falsedad absoluta; aunque, por supuesto, defender la indefendible SUPERCOM no es más que un acto de fidelidad política con el jefe de su partido, creador del engendro, el recién destituido alcalde de Loja,  el autoritario ‘Chato’ Castillo.

Y lo que vino después da para más, aunque ahora lo dejaremos glosado. Para Arias: “Está establecido que en casos de responsabilidad ulterior se necesita una institución que haga cumplir esas disposiciones constitucionales”. Nueva falsedad, la responsabilidad ulterior se establece en tribunales y el estándar establece que sea en lo civil y nada por lo penal. Una sanción administrativa no es más que una inaceptable doble sanción que viola cualquier principio.

Así estamos. Con los fantasmas del pasado de retorno, llenándose la boca con la palabra derechos para justificar la censura, el control y la sanción. Ojalá la Comisión invite a periodistas que puedan dar testimonio de lo que significó el lustro del régimen de censura impuesto por la LOC.