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La autoridad rectora en la Ley de Datos ecuatoriana será clave para garantizar su aplicación

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Ecuador, 6 de julio de 2020.- Cinco expertos fueron invitados a la VII mesa de trabajo sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, organizada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Para los ponentes, el éxito del cuerpo legal que se diseña en Ecuador es contar con una autoridad rectora que sea independiente y autónoma. 

Frank La Rue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y actual director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, participó de la reunión virtual el pasado 2 de julio. “Es importante entender la Ley como el ejercicio de derechos fundamentales, el de la protección de datos y la privacidad. La clave del éxito está en la elección de la autoridad que debe ser autónoma e independiente para tomar decisiones con libertad. Debe existir un presupuesto propio para funcionar e incluir campañas de concientización para que la población entienda la importancia de resguardar sus datos”, mencionó.  

El guatemalteco, experto en Derechos Humanos, está convencido de que más allá de la construcción de la Ley es necesario educar a la población sobre su importancia para que distinga entre lo público y privado. De acuerdo a su explicación, la ciudadanía entrega sus datos a grandes plataformas en Internet sin conocer el riesgo que se corre, especialmente las niñas y niños.

Bruno Gencarelli, de la Unidad Internacional de Fujo de Datos y Protección de la Comisión Europea, afirmó que en la actualidad la privacidad es uno de los temas más importantes porque es inherente a la dignidad humana. En ese sentido, felicitó la iniciativa ecuatoriana de promover el debate sobre el proyecto de Ley y enfatizó en la necesidad de contar con una autoridad transparente. Desde su experiencia, esto garantiza gobernanza y la creación de un canal de comunicación para que la ciudadanía tenga plena confianza en la herramienta legal. “La Ley no debe estar solamente escrita, debe ser práctica”, sugirió. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), recalcó la importancia de aprobar esta legislación que sería inédita en el país. Asegura que, desde hace 20 años, se ha insistido en su creación y que hoy los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son los que más se acercan al reconocimiento de la violación a la intimidad y la revelación ilegal de bases de datos. 

Desde la Dinardap se han hecho seis denuncias sobre violación al derecho de protección de datos, pero tres se han archivado porque no existen elementos para analizarlos. A su criterio, esto da cuenta de la falta de desarrollo especializado de fiscales, policías y jueces, sumado a la carencia de legislación, como un riesgo para la protección.

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha discutido con representantes de la sociedad civil los 60 primeros artículos.