Por el hostigamiento y persecución a más de 2400 periodistas ecuatorianos y la inacción institucional durante el gobierno de Rafael Correa, la Defensoría del Pueblo pidió disculpas públicas en un acto que tuvo lugar este 24 de septiembre. El homenaje también se dirigió al colectivo Yasunidos y a los jóvenes conocidos como ¨Los 10 de Luluncoto», como una medida de reparación ante la vulneración a sus Derechos Humanos.
La defensora Gina Benavides afirmó que se trata de un primer paso para devolver la dignidad y reconocer públicamente a quienes fueron excluidos y cuyos casos quedaron impunes. Por ello, aseguró que se enviaron exhortos a las autoridades competentes como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana para que puedan dar seguimiento, reabrir expedientes o definir políticas públicas, según corresponda, con el fin de garantizar la no repetición de estas vulneraciones.
Benavides reconoció la falta de independencia de la administración anterior y la vulneración a la la libertad de asociación, expresión, al debido proceso y a la actuación oportuna y eficaz, ante denuncias presentadas en años anteriores.
Precisamente, una de las denuncias fue la de FUNDAMEDIOS, en 2015, por la estigmatización y agresiones a los periodistas. Al respecto, la Defensora aseguró que, ante la falta de respuesta de su institución, este acto es lo mínimo que se puede hacer para garantizar el trabajo periodístico y para que la libertad esté vigente en el Ecuador. En ese marco, reconoció la importancia del periodismo de investigación para la defensa de los Derechos Humanos. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que geste un marco legal que proteja la libertad de expresión al reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Benavides destacó los casos de periodistas asesinados como el de Fausto Valdiviezo, Byron Baldeón y del equipo periodístico de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra; y mencionó de manera especial a Christian Zurita, Juan Carlos Calderón, Janet Hinostroza, Miguel Rivadeneira que estuvieron presentes y también fueron víctimas de persecución.
César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, recibió la resolución de disculpas públicas y, a nombre de los periodistas, afirmó que el único mérito de la Organización ha sido la constancia al documentar y denunciar las agresiones y brindar acompañamiento a los colegas de medios privados y públicos que fueron víctimas de una política sistemática de violaciones a los derechos, ejecutadas y operadas desde el Estado. ¨El momento que se viola la libertad de expresión se está permitiendo que se viole el resto de Derechos Humanos¨, apuntó. El activista espera que este acto sea el inicio de un proceso justo que permita a la sociedad reflexionar sobre lo ocurrido para evitar que se repita.
Yadira Aguagallo, a nombre de los periodistas de El Comercio secuestrados y asesinados en la frontera norte, aseguró que mientras exista impunidad no se puede hablar de libertad de expresión. Francisco Rocha, representante de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), indicó que este no se entienda como un homenaje, sino como un reconocimiento a la labor periodística en su búsqueda por la verdad.
Sobre el caso de Yasunidos, Jorge Espinosa dijo, en representación del colectivo, que presentarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) un pedido de acceso a la información para saber qué pasó con las más de 750 mil firmas que recolectaron para la consulta popular que les fue negada.
Por su parte, Abigail Heras, de Los 10 de Luluncoto, recordó el brutal allanamiento y posteriores detenciones que ella y sus compañeros sufrieron el 3 de marzo del 2012, cuando se encontraban reunidos en un apartamento para analizar la situación política del país y por lo que fueron acusados de terroristas. ¨Somos luchadores sociales, esa es la verdad; y hoy con la resolución emitida están reconociendo lo que todo este tiempo hemos demandado, que se reconozca que Rafael Correa montó y maquinó un proceso ilegal (…). Seguiremos siendo lo que somos, luchadores sociales porque nuestra lucha continúa¨, apuntó.
En el acto también estuvieron presentes Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación, que se comprometió con las medidas de reparación; la asambleísta Jeannine Cruz; la vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras.