Este 17 de octubre, la Defensoría del Pueblo realizó un pedido de disculpas públicas por el hostigamiento y persecución a más de 2400 periodistas ecuatorianos y la inacción institucional durante el gobierno de Rafael Correa. El homenaje, que se desarrolló en Quito el pasado 24 de septiembre y se replicó este miércoles en Cuenca, también se dirigió al colectivo Yasunidos y a los 10 de Luluncoto, como una medida de reparación ante la vulneración de sus Derechos Humanos.
“El gobierno anterior lastimosamente no respetó los Derechos Humanos”, manifestó César Zea, coordinador zonal de la institución. En el evento, agradeció la presencia de distintos medios de comunicación, “quienes fueron acosados y perseguidos; y, de igual manera, a los movimientos sociales que sufrieron vulneraciones”.
El funcionario hizo un “mea culpa” y enfatizó en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a Yasunidos, Los 10 de Luluncoto y a los periodistas, a través de FUNDAMEDIOS. “La Defensoría no puede estar supeditada, ni socapar a ningún gobierno. Ahora, tenemos autonomía institucional”, señaló. Además, acotó que durante la última década la institución “no actuó como debía, frente a estos casos».
El homenaje es el resultado de una política de memoria y reparación. Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría, mencionó que es necesario recordar las violaciones de Derechos Humanos para que estas no vuelvan a ocurrir. “La Defensoría debe ser crítica frente al abuso del poder”.
El abogado también se refirió a la importancia de investigar el proceso de firmas recogidas por el colectivo Yasunidos, descartado por el Consejo Nacional Electoral, en 2014. Reconoció que a los 10 de Luluncoto se les negó derecho a participar y la Defensoría “no se pronunció de manera adecuada”. En el caso de los periodistas, se refirió a los más de 2000 ataques a la libertad de expresión documentados por FUNDAMEDIOS.
Finalmente, Carlos Castro, representante del Colegio de Abogados de Azuay, expresó su solidaridad por la víctimas de vulneraciones y por la falta de actuación de la institución nacional de Derechos Humanos.