Un total de 134 recomendaciones recibió el Ecuador en el segundo Examen Periódico Universal (EPU), de las cuales 24 están directamente relacionadas con libertad de expresión. Este dato se desprende del borrador del informe que el Grupo de Trabajo, conocido como Troika, (compuesto por Cuba El Congo y Suiza) preparó, como parte de la evaluación al que fue sometido el País el pasado 21 de mayo.
Esas 134 observaciones están agrupadas en 67 «paquetes», por lo cual se ha dificultado una primera lectura y se ha creado confusión sobre el número real de observaciones.
32 países plantearon observaciones en el ámbito de los derechos civiles y políticos; 44 lo hicieron en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales y 9 en derechos colectivos.
En el borrador del Informe, se recoge que el Estado ecuatoriano únicamente ha aceptado 3 recomendaciones, mientras todas las restantes las ubica como «en vías de implementación», por lo que hay expectativa sobre la posición final del país.
En el caso de los derechos políticos y civiles, las observaciones de los 32 países se refieren al otorgamiento de las debidas garantías y protección para el ejercicio de la libertad de expresión, criminalización de la opinión y la protesta social; leyes que penalizan la opinión; reformas que afectan la independencia judicial, entre otros.
En lo que tiene que ver con libertad de expresión, los criterios de Bélgica, Canadá, Costa Rica, Estonia, Francia, Estados Unidos, India, Lituania, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, entre otros coinciden respecto a la necesidad de que el Estado ecuatoriano garantice este derecho fundamental, que las leyes no criminalicen la opinión y se den garantías para el trabajo de los periodistas.
El Gobierno ecuatoriano ya ha señalado que va a rechazar algunas observaciones planteadas sobre esta materia. La primera negativa se da sobre lo planteado por Suiza respecto a que se debe ajustar la legislación ecuatoriana en materia de libertad de expresión, conforme a lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante esto, el gobierno ha respondido que lo planteado “no puede aceptarse», puesto que el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, dónde se señala la obligatoriedad en el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana (Corte IDH)», sin embargo, para el Gobierno las resoluciones y pronunciamientos de la Comisión (CIDH), no tienen valor obligatorio.
Otra recomendación que se anuncia será rechazada fue la planteada por los Estados Unidos, se refiere a la eliminación de las leyes que penalizan la opinión y el pedido de aceptar las visita de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la OEA.
En este caso, el gobierno ha respondido que en el país no existen leyes que criminalizan la opinión, por lo que no se puede eliminar leyes que no existen. Esto pese a que aún está vigente en el actual Código Penal, la tipificación de los delitos contra la majestad de poder, así como los de injuria y calumnia. También recalcaron que no se ha negado ninguna solicitud de los relatores especiales, aunque el Gobierno tampoco ha puesto fecha para esas visitas.