Medidas legales restrictivas que coartan la libertad de expresión; el discurso estigmatizante e intimidatorio en contra de medios y periodistas desde las altas esferas de poder y un creciente clima de polarización y hostilidad entre profesionales de medios y el Gobierno, son los temas que, en su mayoría preocupan a organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión en el mundo.
Así lo han expresado organismos como El Instituto Internacional de la Prensa (IPI), en su informe final sobre Ecuador publicado en esta semana, y organizaciones similares como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Amnistía Internacional; Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA); la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch (HRW), Reporteros sin Fronteras (RSF), entre otros.
El IPI publicó su informe sobre la base de la información recogida del 7 al 11 de mayo de este año, cuando emprendieron una misión de libertad de prensa en el Ecuador y en el cual concluyeron que los medios de comunicación privados de la nación están siendo “blanco de ataques” por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.
Antes de detallar este informe, cabe recordar lo que otras organizaciones indicaron respecto a la situación de la libertad de expresión en el país.
El CPJ, en su informe: “Ecuador bajo Correa: confrontación y represión”, publicado en septiembre de 2011, asegura que, la administración de Rafael Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada en temas de libertad de expresión “al interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas, lanzar campañas de desprestigio contra los críticos y enjuiciar a periodistas por difamación”.
La organización HRW en su informe anual sobre Ecuador difundido en enero de este año, aseveró que en el país se mantienen vigentes leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa “las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos”. Al respecto, este organismo se refirió al proyecto de Ley de Comunicación cuyos artículos “podrían abrir la puerta a la censura de los medios”.
Asimismo, la Wan-Ifra denunció, en su último informe de Ecuador divulgado a mediados de enero de 2012 acerca de la «rápida degradación de la situación de la libertad de la prensa» en el país, en donde se detectó un «creciente clima de polarización y hostilidad entre profesionales de medios y el Gobierno».
En ese informe también se revelaron las contradicciones entre un discurso oficial que fomenta la pluralidad en los medios y prácticas de índole autoritaria por parte del Presidente de la República.
Por su lado, Amnistía Internacional documentó el caso de 24 líderes sociales en Ecuador “que han sido víctimas en el último año y medio de lo que parecen ser acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias”, a la vez que cuestionaron el aumento de la conflictividad social en el Ecuador y la criminalización a la protesta social.
La organización ‘Reporteros Sin Fronteras’ en su último informe sobre el estado de la libertad de prensa en el 2011, destacó que Ecuador aún no despenaliza los llamados delitos de prensa.
En un comunicado lanzado por la organización en agosto pasado, luego del asilo concedido, por el Estado Ecuatoriano, al Fundador de los Wikileaks, Julian Assange, expresó que a pesar que el Gobierno ecuatoriano ha querido mostrarse “como un defensor de la libertad de expresión a los ojos de la comunidad internacional”( …) “los ataques a la libertad de prensa y a los medios de comunicación en general siguen siendo frecuentes en el país”
Agresiones como la “Incautación de medios de comunicación, cierre de radios, multas exorbitantes contra ciertos diarios y acusaciones contra periodistas de oposición ilustran una realidad muy difícil para el periodismo” señaló RSF.
La SIP, en su informe presentado en el marco de 68ª Asamblea General, que concluyó el pasado 16 de octubre en Brasil, aseguró que en nuestro país “no existe plena libertad de expresión y de información”, al indicar que “el gobierno (presidente Correa) está tomando decisiones que la deterioran”.
Para este organismo en Ecuador “la justicia sigue emitiendo sentencias penales basadas en figuras como el desacato y la injuria a las autoridades y que “el régimen sigue usando recursos públicos para atacar y „desmentir‟ sistemáticamente lo que publican los medios, los periodistas y la gente que opina diferente”.
La organización exhortó al Gobierno Ecuatoriano y a los otros poderes del Estado a tomar decisiones que “respeten” la Carta Democrática Interamericana y la Constitución nacional.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en sus informes 2009, 2010, detalló las agresiones de las que han sido víctimas los comunicadores y medios de comunicación en el país, y al constatar que se ha presentado un creciente clima de polarización “en el cual las agresiones y amenazas contra periodistas y medios de todas las líneas editoriales se ha incrementado”, recordó que “los agentes del Estado deben procurar disminuir el nivel de riesgo de las personas más amenazadas y adoptar mecanismos eficientes de protección.
El Organismo exhortó al Estado a investigar y esclarecer “los graves hechos de violencia registrados contra los periodistas” a la vez que llamó a las autoridades a promover una cultura del “respeto por el pensamiento diverso y se abstengan de hacer declaraciones que, de cualquier manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social.
En su informe 2011 por las agresiones perpetradas contra los comunicadores y medios de comunicación la Relatoría Especial reitero la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones, y recuerdo el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH que establece que “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Además, la Relatoría Especial observó con preocupación el “incremento en el uso de normas penales de desacato y vilipendio, así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente expresiones críticas contra los más altos dignatarios públicos en Ecuador”.
En el Informe final sobre la misión del IPI a Ecuador destaca que durante su visita al Ecuador, presenció acciones claras de intimidación y ataque a los periodistas y medios de comunicación.
Para el IPI Correa ha mantenido una actitud hostil hacia la prensa, que se profundizó aún más con la crisis política que se vivió en Ecuador en septiembre del 2010, fecha calificada por el Gobierno como intento de golpe de Estado. Su actitud responde a las consecuencias que se vivió por la crisis bancaria desatada a finales de la década de los 80.
En aquel momento, los medios de comunicación eran propiedad de banqueros por lo que en medio de la crisis los medios dieron más importancia a los intereses empresariales. El 8 de julio de 2008 el Estado ecuatoriano incauto 195 empresas pertenecientes al grupo Isaías, entre ellas medios de comunicación pero cuatro años después, no se ha cumplido con la venta de dichos medios, por ende están bajo la administración del Gobierno.
Uno de los asuntos que preocupa al IPI, además del ambiente de hostilidad hacia la prensa, está el discurso de odio hacia los medios de comunicación social generado desde el mismo Presidente de la República, con calificativos como: “prensa mediocre y corrupta”, “enemigos de la revolución” y “sicarios de tinta”, se repite en las alocuciones presidenciales.
Al respecto el IPI afirmó que “las agresiones contra periodistas son más graves cuando provienen del Gobierno. Es contradictorio pensar que se respeta la libertad de expresión, cuando públicamente se descalifica a quien informa críticamente. La violencia verbal genera violencia física y es inaceptable que el Presidente sea el principal promotor de esas agresiones”.
Dentro de este discurso ofensivo, el IPI también se refirió a que este mismo discurso es replicado a través de los medios de comunicación social en cadenas nacionales, abusando de la duración y frecuencia de las mismas. “Los medios han sido utilizados para campañas de desprestigio contra periodistas y organizaciones. Ejemplos de ello han sido las acusaciones de que la prensa, especialmente el diario El Comercio, estuvo detrás del asesinato del ex presidente Eloy Alfaro, una tesis del presidente Correa. Los cuestionamientos a Fundamedios y su director, César Ricaurte, luego de que en octubre de 2011 la organización hiciera una presentación sobre la libertad de expresión en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también han sido transmitidos en cadena nacional”, apunta el informe.
Además el IPI hace referencia a un marco legal que no favorece a la prensa y al ejercicio periodístico y, en líneas generales, aseguran que hay preocupación por parte de los medios de comunicación, tanto por las leyes aprobadas recientemente, como por las que actualmente se están escribiendo o discutiendo, constituyendo un intento por limitar cada vez más a los medios.
Para esta organización con sede en Viena, el nuevo marco legal en conjunto, tiene efectos intimidatorios y otorga poder al Gobierno para restringir la difusión de informaciones que le resultan incómodas.
Dentro de esos lineamientos, el IPI citó a la aprobación de Consulta Popular, lo que dio paso a la limitación de acciones y participación de las instituciones del sistema financiero privado en empresas distintas al sector en que participan. AEDEP impugnó la propuesta ante el Tribunal Constitucional alegando que se restringe incluso se anula los derechos y garantías constitucionales tanto de empresas privadas como de sus directores.
Ley Antimonopolio. El oficialismo propuso la ley como un intento de cambiar las estructuras de poder en el país, la medida busca debilitar económicamente a la prensa, al tiempo que afecta su independencia pues “nadie va a querer invertir en medios de comunicación” según fuentes del IPI.
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. En Febrero de este año, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a los artículos 203 y 207 de la ley electoral conocida como el “Código de la Democracia”.
El articulo 203 establecía que: “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinada tesis política (…)”. Mientras el artículo 207 prohíbe a los medios “cualquier tipo de información dispuesta por instituciones públicas y la difusión de publicidad electoral (…) 48 horas antes del día del plebiscito.
El proyectos de Ley Orgánica de Comunicación que a criterio de esa organización, “el mayor riesgo para la libertad de prensa del proyecto de ley radica en el Consejo de Regulación, pues tiene excesivas atribuciones y existe la posibilidad de que sus miembros no sean realmente independientes, dada la alta polarización en el país y el abierto interés gubernamental en castigar a la prensa”. Asimismo, encuentra que hay disposiciones que por sus “imprecisiones” podrían prestarse a interpretaciones subjetivas, tales como la que responsabiliza a los medios por contenidos que lesionen los derechos humanos y la seguridad pública del Estado.
Otro proyecto en discusión mencionado por el IPI es la reforma al Código Penal, el cual fue cuestionado por mantener penas de cárcel para las personas que incurran en injuria calumniosa (artículo 117), con penas más elevadas cuando se ofende a la autoridad (artículo 119).
Al respecto, aseguran que organizaciones que trabajan por la libertad de prensa explicaron al IPI que pesar de que se eliminaron la mayoría de las figuras penales de injuria y desacato, los delitos de prensa se mantienen. “La propuesta de Código Penal transforma el artículo de desacato, pero añade tres o cuatro figuras penales que hace más peligroso el trabajo del periodista o de grupos sociales que quieran expresarse
Anthony Mills, subdirector del IPI afirmó que “mientras muchos países Latinoamericanos, como México, Brasil, Uruguay, Argentina o Costa Rica, se han movilizado para despenalizar el desacato, Ecuador más bien ha recurrido a estas normas con más frecuencia en los últimos años para castigar a la prensa crítica. Si existe la intención de modificar el Código Penal y las sanciones por el delito de injuria, es especialmente necesario remover la pena de cárcel cuando la persona ofendida es un funcionario público, quien debe estar sujeto a un mayor escrutinio”.
El proyecto de Ley de Telecomunicaciones -el cual se propone que las concesiones de frecuencias de radio y televisión tengan una duración de hasta 15 años y sean renovables máximo hasta 30 años por la vía de la adjudicación directa para luego entrar en concurso para una nueva adjudicación- también fue cuestionado por esta organización ya que, a su parecer con este proyecto el Gobierno ofrece “democratizar el acceso a las frecuencias”, aunque afirman que organizaciones de medios interpretan la medida como otra norma que debilitaría a los medios de comunicación.
Por otra parte y tras mencionar algunos procesos legales que han enfrentado periodistas y medios como el caso El Universo y la demanda que afrontaron los autores del libro El Gran Hermano, el IPI aseguró que estos procesos han generado en muchos colegas y empleadores decisiones de autocensura, para evitar convertirse en blanco de futuras acciones legales, multas o críticas verbales. “Fue común escuchar que los reporteros han aumentado su rigurosidad, para evitar ser objeto de demandas o acusaciones públicas. Preocupa al IPI que están mermando las investigaciones que pudieran resultar críticas, así como el pesimismo que ha llenado las salas de redacción”, apunta el informe.
Por otro lado, la organización cuestionó el libre acceso a la información en el sentido de que ciertos reporteros que son identificados como trabajadores de medios críticos tienen las puertas cerradas de las instituciones oficiales o tienen más dificultades para acceder a las fuentes oficiales.
Finalmente, esta organización también mostró su inquietud por “otros mecanismos de intimidación” que afectan indirectamente afectan la libertad de prensa en el País, como el impuesto sobre el papel; visitas reiteradas de funcionarios públicos para constatar la gestión del medio, entre otros.
Asimismo, el IPI apuntó a que no existe el diálogo entre el Gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación y entre periodistas de medios privados y de medios administrados por el Estado y que la polarización y la radicalización del conflicto impiden el sano debate necesario.
En reuniones mantenidas con las autoridades oficiales, el IPI se ofreció como intermediario en el conflicto entre el oficialismo y la prensa. Esa misma propuesta fue presentada al vicepresidente de la república, Lenín Moreno, quien, según la organización, habría asegurado que hay libertad de prensa garantizada, y reconocido que hace falta el diálogo entre los actores en conflicto. Moreno además habría aceptado ser el mediador por parte del Gobierno.