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Diciembre: Agresiones de burócratas y crimen organizado provocan un final amargo para la libertad de expresión

por | Ene 10, 2022 | Informes

Entre 2007 y diciembre de 2021, Fundamedios registró 3045 agresiones contra la prensa. En 2021 esta cifra se ubicó en 289, específicamente en diciembre del 2021 se produjeron 17 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador. En comparación a noviembre se produjo una disminución de las agresiones, pero la fuerza se mantiene. 

En este mes la noticia positiva vino de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció que el juicio y la sentencia impulsadas por el ex presidente y actual prófugo de la Justicia, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacios Urrutia, ex editor de Opinión de Diario El Universo, y de los directivos: Carlos Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, constituyeron una violación a la libertad de expresión.

 

Las cifras 

En total 10 periodistas fueron agredidos: siete hombres y tres mujeres; cinco medios de comunicación y dos ciudadanos. El Estado fue el principal agresor, en ocho ocasiones. Seguido de actores “Desconocidos” con seis agresiones y los No Estatales con tres casos.  

Asimismo, se registraron cinco alertas por restricciones de acceso a la información pública; cinco amenazas; cuatro discursos estigmatizantes; dos restricciones en el espacio digital y un intento de censura.

El análisis geográfico refleja qué Pichincha se produjeron 13 agresiones contra la prensa mientras que en Esmeraldas, Guayas, Tungurahua y El Oro se produjo una, respectivamente. 

 

Principales Tendencias

Funcionarios de alto rango atacaron la libertad de expresión.

Funcionarios de la Asamblea y del Ejecutivo protagonizaron acciones que atentaron contra la libertad de expresión y la libertad de prensa de periodistas, ciudadanos y medios de comunicación. 

El gobernador de El Oro (posteriormente separado de su cargo), Francisco Vera, protagonizó un incidente que atentó contra la libertad de expresión. A su llegada a Zaruma, donde se produjo un socavón que afectó varias viviendas del Centro Histórico, un ciudadano le reclamó por haber llegado tarde, recordando que horas antes se habían contactado con su equipo.  Francisco Vera le respondió de manera prepotente: “A ver, señor, usted, por favor, se calla. ¡Se calla! Usted se calla”. La actitud del gobernador Vera generó una serie de críticas en las redes sociales y le costó el cargo. 

El ECU-911 decidió suspender, sin mayor explicaciones y de manera unilateral, el informe del tráfico que brindaba como un servicio a los ciudadanos, a través de la radio FM Mundo, desde hace dos años. El director general de FM Mundo, Christian Del Alcázar Ponce contó que esta decisión se dió luego de que la radio realizó una crítica a Juan Zapata como titular del Comité de Operaciones de Emergencia. 

Finalmente el medio digital La Data recibió una carta de la legisladora Mónica Palacios de UNES, que aseguró que el medio digital utilizó noticias falsas que afectan su imagen, a partir de estereotipos machistas y misóginos que fueron publicados en redes sociales. Para La Data, la llegada de la carta a sus oficinas representó un atentado a la libertad de expresión al tacharlos como machistas y misóginos, considerando que el 80% de los colaboradores de La Data son mujeres. 

 

Las amenazas del crimen organizado subieron de tono.

En diciembre se produjeron amenazas contra periodistas por realizar su trabajo, estas vinieron en su mayoría del crimen organizado y algunas incluyeron advertencias de muerte que causaron preocupación en periodistas, incluso llegando al punto de la censura.

El 10 de diciembre el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, recibió una llamada telefónica por parte de un intermediario de la cárcel, el cual le comunicó al periodista que su vida, la de su esposa, la periodista Mónica Velásquez, y sus hijos estaba en riesgo. “Usted y su familia están corriendo peligro… Le llamo de parte del jefe líder de la cárcel 9 de Guayaquil… Tenemos a 30 muchachos, en todo Quito, con fotografías de usted y de su esposa” fue el mensaje que recibió el comunicador a través de una llamada anónima. 

El periodista Diego Puente de diario La Hora, también recibió una amenaza de muerte vía Twitter, tras una publicación en la que se solidarizó con la familia de Naomi Arcentales, que se encuentra en investigación por posible femicidio.

A finales de año Marcos Ramírez, presentador del medio digital Punto Cero de Esmeraldas, recibió una llamada amenazante luego de haber sido atracado,  junto con otros presentadores, durante una transmisión en vivo. Este acto produjo la censura del medio digital que borró un contenido de su plataforma. 

La Corte IDH dictó sentencia en caso El Universo 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el juicio y la sentencia impulsadas por el ex presidente y actual prófugo de la Justicia, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacios Urrutia, ex editor de Opinión de Diario El Universo, y de los directivos: Carlos Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, constituyeron violaciones a la libertad de expresión y a otros derechos.

El 21 de marzo de 2011, el entonces Presidente presentó una querella en contra de un periodista y tres directivos de El Universo por el tipo penal de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”.  Lo hizo tras la publicación del artículo de opinión NO a las mentiras. El texto del periodista hacía referencia a la revuelta policial del 30S. Tras un ágil proceso judicial y que estuvo plagado de irregularidades, la sentencia de la Justicia del correísmo contra la libertad de expresión, llegaría en tres meses: El 20 de julio de 2011, el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales de Guayas dictó sentencia condenando al periodista y los directivos de El Universo, a tres años de prisión. Asimismo, se determinó que debían pagar al querellante una suma de USD 30 millones de manera solidaria. El Universo, a su vez, debía pagar la suma de USD 10 millones.

La Corte IDH dictó una sentencia en diciembre de 2021 mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos. Entre las reflexiones la Corte concluyó que el artículo “NO a las mentiras”, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público y que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. 

Concluye que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad, y la sanción civil “constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas”. Asimismo, el Tribunal consideró que el exilio forzado al que tuvo que recurrir Emilio Palacio constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral.

El acceso a la información tuvo falencias.

Este mes se produjeron acciones desde municipios y organismos estatales que limitan seriamente el acceso a la información pública de periodistas y ciudadanos. Incluso se registraron retaliaciones de servidores públicos por críticas de los medios de comunicación hasta agresiones, como resultados colaterales. 

A inicios del mes un equipo de Plan V fue censurado violentamente durante la cobertura de una audiencia, realizada en el Complejo Judicial Norte, por la acción de protección interpuesta por el general Víctor Arauz contra la comandante de la Policía Tannya Varela.

El fotógrafo Luis Argüello y el periodista Fermín Vaca llegaron antes de que se instale la audiencia, para hablar con los abogados y hacer tomas del ambiente, en ese instante unos policías se quejaron de su presencia ante una funcionaria judicial quien solicitó al equipo de prensa identificarse. Asimismo les advirtió que estaba prohibido realizar tomas en la sala. 

Asimismo, la periodista de Infobae, Yalilé Loaiza, no pudo acceder a los datos de los exportadores  de aletas de tiburón que reposan en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae), bajo el argumento de que los mismos fueron calificados como información reservada.

 

También se elaboraron documentos atentatorios contra el acceso a la información. El Municipio de Ambato aplic entre sus colaboradores un “Acuerdo de no divulgación de información”: un cuerpo de ocho capítulos que limita severamente el acceso a la información pública en abierta violación a derechos ciudadanos establecidos en tratados internacionales, la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Paul Mena, periodista de El Universo, expuso a través de Twitter que la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) eliminó de su página web las bases de datos de los contratos de emergencia. Los cuales, son fundamentales para las investigaciones periodísticas en las que se evidencian actos de corrupción. Este hecho significa limitar el acceso a la información.

 

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