El 27 de junio, hace cinco años, los directivos de la empresa que edita la revista Vanguardia decidieron cerrarla de manera definitiva. Constantes acosos tributarios y laborales de autoridades; problemas económicos y dificultades atribuidas a su línea editorial crítica de investigación sobre hechos de corrupción, así como la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación que amenazaba con liquidar al periodismo investigativo fueron las razones que impulsaron su desaparición.
La noticia del cierre fue una sorpresa para los periodistas que laboran en Vanguardia, puesto que justo un mes antes, la revista entró en un proceso de rediseño que culminó de manera abrupta.
Desirée Yépez, actual editora del portal Ecuador Chequea y ex redactora de la revista recuerda ese día, que empezó como un día normal, culminó con una noticia inesperada y el fin de siete años de vida de un proyecto periodístico que se había hecho un nombre en el mundo del periodismo investigativo.
“Estábamos cerrando una de las ediciones de la revista semanal, lo hacíamos todos los jueves. Era la tarde, estábamos en la redacción y llegó el dueño de la revista Francisco Vivanco con la noticia de que dejáramos el trabajo que ya habíamos hecho porque esa semana la revista no iba a circular más. Nos tomó a todos por sorpresa porque un mes antes, habíamos pasado todos por un proceso de capacitación de lo que sería el rediseño de la revista y ya se habían impreso dos o tres ediciones previo al cierre. Evidentemente nadie sospechaba que un cierre así de inminente, así de fuerte se iba a producir”, recuerda Yépez.
Ese 27 de junio, justo tres días después de haberse aprobado la Ley Orgánica de Comunicación, los directivos de la empresa notificaron al personal sobre el cierre. Francisco Vivanco, director de ese medio de comunicación aseguró a diario Expreso que, efectivamente, la decisión estuvo ligada a la aprobación de dicho cuerpo legal.
Sin embargo, durante el Enlace Ciudadano Nro 328, el entonces presidente Rafael Correa rechazó que el cierre de Vanguardia tenga relación a la aprobación de la Ley y sostuvo que se trataba, más bien, de un tema financiero-empresarial. “No pagaban a sus trabajadores, estaban atrasados con el IESS”.
En ese momento, sus periodistas, bajo la dirección de Juan Carlos Calderón estuvieron en desacuerdo con el cierre y anunciaron públicamente que, contrario a lo que decían los empresarios, estaban dispuestos a continuar haciendo periodismo de investigación, pese a la Ley.
En diálogo con FUNDAMEDIOS, Calderón comenta que la revista sufrió muchos ataques del gobierno, no solo a su prestigio, credibilidad, sino que tuvo ataques físicos graves. “En dos ocasiones se enviaron policías a la redacción, armados y equipados a retirar equipos e incautar como reacción, de alguna manera, a algunos reportajes que veníamos publicando y que afectaban al gobierno de Rafael Correa y a sus funcionarios con pretextos administrativos. Nunca se nos cuestionó desde lo editorial, nunca se nos cuestionó desde los contenidos, sino que se tomó como pretexto supuestas fallas administrativas para atacar Vanguardia, y esto fue generando una crisis. También, había temor en los anunciantes para de alguna manera seguir apoyando este proyecto”, recuerda el periodista, actual director y fundador del portal de investigación Plan V.
Los hechos que marcaron la vida de Vanguardia
Calderón cree que hubo una desafortunada discrepancia entre los accionistas y él como director editorial y el equipo de redacción. “Esta diferencia esencial era que nosotros veníamos embalados trabajando, era un equipo muy cohesionado, que trabajaba con mucha rigurosidad profesional y periodística, nos habíamos jugado por la revista con mucha fuerza, por la libertad de expresión, por el periodismo de investigación y esto fue un balde de agua fría para nosotros que en la práctica no estábamos tan enterados de la situación que estaba atravesando la revista en general, sabíamos que había una crisis económica pero incluso un mes antes se invirtió en un proceso de rediseño, se invirtió dinero en eso, entonces, el que se haya cerrado tan abruptamente también nos sorprendió a nosotros. Porque si haces un proceso de rediseño y relanzamiento no lo cierras al mes, pero eso ya quedó en la decisión de los accionistas”.
Francisco Vivanco directivo de Vanguardia dio su criterio a FUNDAMEDIOS. «Un medio como Vanguardia, de investigación, análisis y denuncias, no podía sortear las normas aprobadas en la Ley de Comunicación y su agonía económicas con el acoso oficial nos llevada a un quiebra desordenada, en la que acreedores y fundamentalmente trabajadores serían seriamente perjudicados y es por esto que tomé la resolución de liquidarla voluntariamente. Pese a todas las infamias y mal utilizando la representación laboral, cadenas y sabatinas pretendieron con la ayuda de unos cuantos incautos calificarme como explotador laboral. Con el paso de los días todos los trabajadores lograron recibir sus justas indemnizaciones, sin que hayan iniciado juicio alguno y ajustados plenamente a la ley, los acreedores recuperaron sus créditos y hasta el último de los suscriptores obtuvieron el reembolso de valores previamente pagados».
Para Vivanco, un medio de comunicación con estas características no tiene posibilidad de subsistir con una Ley de Comunicación “que le prohíbe esos 4 elementos de análisis”. “Que un gobierno, sea este o cualquiera, puede determinar los temas o agendas que son de intereses público, a mí no me parecía, que el gobierno pueda nombrar y nombre, a través del Consejo de Participación Ciudadana, un funcionario, un comisario o censor, de que no se pueda tratar ningún tema judicial, que esté en conocimiento mientras no exista una sentencia ejecutoriada de última instancia, que los asuntos penales y de corrupción solo pueden tener el enfoque de la Fiscalía General de la Nación porque son asuntos que, de acuerdo con lo señalado en la nueva ley, deben ser tratados con absoluta reserva”, detalló.
La última edición que nunca se imprimió
El número 398 pretendía ser el último que circularía de esta revista semanal -que se convirtió en un referente en la denuncia de temas de corrupción, con casos emblemáticos como el de la “narcovalija”, el préstamo irregular a un ciudadano argentino de nombre Gastón Duzac, o el de la falsificación del título del primo del Presidente, Pedro Delgado, por mencionar algunos-. Sin embargo, su número impreso, inicialmente programado para publicarse el 1 de julio de 2013, nunca salió a la luz.
El sábado 29 de junio de 2013, los directivos de Vanguardia dispusieron parar la impresión de su última edición. Frente a esta decisión, los periodistas subieron a Internet el contenido de la edición Nro 398 de la revista.
La despedida de su equipo fue recordada con un mensaje que fue colgado a la red, junto con su última edición digital. Al ingresar, se leía lo siguiente: “El equipo de redacción cumple su compromiso con los lectores. Esta es la edición 398, la cual no circuló en su formato impreso, por decisión exclusiva de los directivos. Este es un aporte periodístico para que el debate y la libre circulación de ideas continúe en el Ecuador. Hasta pronto”.
La última edición de Vanguardia presentó el caso de Edward Snowden en portada, así como una leyenda que decía: “Vanguardia: el fin de una etapa”, indicando que se trataba de una edición de despedida.
Juan Carlos Calderón, en ese entonces director de la revista, dijo a Fundamedios que su equipo había dejado lista la última edición en la madrugada del 29 de junio para que sea impresa tal y como estaba previsto. Sin embargo, a la mañana siguiente se enteró que habían cancelado la impresión sin que se les diera alguna explicación. A esto, Calderón comentó que en horas de la noche experimentaron una serie de dificultades, como el cambio repentino de las cerraduras de las puertas del medio de comunicación mientras había redactores laborando, así como un bloqueo de los servidores. Esto les impidió temporalmente realizar tareas como importar fotografías, ocasionando demoras en el trabajo.
Un confuso problema laboral dejó sin equipos a la revista
La cuestionada decisión del cierre definitivo de la revista estuvo antecedida por varios hechos que dificultaron la labor periodística de sus trabajadores. Desde 2010, justo cuando el medio de comunicación se dedicó de manera más frontal a publicar temas de casos de corrupción, empezaron las dificultades que fueron atribuidas a su línea editorial.
El 31 de julio de 2012, personal del Ministerio de Relaciones Laborales y efectivos policiales allanaron las oficinas del medio y embargaron sus equipos y otros enseres de la redacción por un supuesto problema laboral, lo que ocasionó que el medio dejara de editar su edición del 06 de agosto.
Esa fue la segunda acción de este tipo que sufrió Vanguardia. En ese entonces, Iván Flores, editor de la revista, aseguró que aproximadamente a las 15:00 de ese día, los funcionarios, acompañados de un fuerte piquete policial, irrumpieron en las instalaciones del medio y se llevaron “de la manera más abrupta toda la información y el material que nos sirve para trabajar”.
La razón dada por los funcionarios fue la existencia de una deuda de la empresa que produce la revista, derivada de sanciones laborales por incumplimiento del artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo -que determina que los empleadores que cuenten con un número mínimo de 25 trabajadores están obligados a contratar al menos a una persona con discapacidad- y por no exhibir en un lugar visible de las instalaciones el reglamento de trabajo. Sin embargo, estas razones fueron rechazadas por sus directivos quienes alegaron que todo estaba en regla.
Según señaló Flores, los hechos ocurrieron sin que se presente orden de autoridad competente y vulnerando garantías al debido proceso. “La notificación se realizó el día anterior y en el entendido legal, tenían tres días para responder. Actuaron sin respaldo judicial. Ahora un ministerio de Estado suple funciones de un sistema judicial”, dijo el entonces editor de Vanguardia, quien puntualizó que el monto aproximado de la deuda sería de más de 22 000 dólares.
En ese operativo se apresó al asesor legal externo de la Revista, Carlos del Pozo, pues, en el intento de evitar la vulneración de los derechos de sus defendidos, cerró una puerta que remordió los dedos de un elemento de la Policía. Calderón comentó que lo sucedido fue el precio que tienen que pagar por hacer un periodismo libre y aseguró que, pese a estos hechos, no se callarán. “Ningún pretexto administrativo tiene sentido en estas circunstancias. Ninguna información amerita esta situación”, dijo. Además responsabilizó al Gobierno ecuatoriano por lo que pudiera pasar a sus colaboradores y sus respectivas familias.
El aparatoso operativo policial que irrumpió en la redacción y secuestró los bienes de la revista
Como uno de los hechos más brutales y violentos fue recordado el episodio en el que las oficinas de Vanguardia en Quito fueron desalojadas y sus equipos embargados, en medio de un aparatoso operativo policial en donde intervinieron los miembros del GIR, (por su siglas Grupo Intervención y Rescate) quienes irrumpieron en la redacción con cascos, chalecos antibalas y metralletas.
Ocurrió la tarde de un 17 de diciembre de 2010. Ese día, el operativo se dio tras una orden de secuestro preventivo de bienes, debido a que el inmueble que ocupaba la revista se encontraba bajo un litigio de arrendamiento y era una propiedad incautada a la banca cerrada.
Calderón recordó en aquel episodio contabilizó hasta 15 miembros de grupos de élite de la Policía, cuatro patrulleros y las cámaras de dos canales de TV en manos del Estado. “Además de llevarse nuestros servidores, CPUs y equipo de diseño, los policías requisaron las carteras de los periodistas… hasta a mí me requisaron”, dijo Calderón. Para el entonces directivo, la medida tomada por la policía fue desproporcionada y representó un verdadero “atropello” para quienes hacen Vanguardia.
Las computadoras secuestradas y el material periodístico sensible no fue posible recuperar, generando inmensas dificultades para su operación, según detalló quien fue su abogado, Gerardo Aguirre y Calderón, quien aseguró que continuaron laborando pero sin la memoria gráfica ni documental del trabajo periodístico de la revista.
En ese entonces, Pedro Delgado, presidente del fideicomiso AGD-CFN “No más impunidad”, administradora del inmueble en donde funcionaba la revista aseguró, en entrevista a la agencia de noticias estatal Andes, que Vanguardia no había pagado absolutamente nada. “No sé a quién pagarían esa plata, pero al Gobierno no lo han hecho”, dijo. Sin embargo, Aguirre afirmó que la deuda se pagó en su totalidad en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Inquilinato y dijo no entender el por qué de las afirmaciones de Delgado. “Si ya no quieren ir al juzgado a retirar el dinero, es otra cosa…”, apuntó Aguirre.
Al respecto, el entonces gerente de la Revista, Luis Zumárraga, aseguró que los valores del arriendo habían sido depositados en un juzgado de inquilinato y que, por lo tanto, la medida era totalmente ilegal. “Espero por el bien del país que esto no sea una represalia contra nosotros y nuestra línea editorial”, dijo Calderón, quien, además, informó que la orden estaba firmada por Pedro Delgado, presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN.
Andrés Crespo, presidente de Editorial Gran Tauro, propietario de la revista, reiteró que la medida es “absolutamente inconstitucional e ilegal ya que un asunto de inquilinato no se puede convertir en un juicio coactivo. La constitución prohíbe retener información ajena, es una violación flagrante la que están haciendo, dijo” .
Material periodístico sensible es sustraído por maleantes en dos inusuales y coincidentes asaltos
El viernes 03 de julio de 2009, la sede de revista Vanguardia ubicada al norte de la ciudad de Quito fue asaltada por cuatro sujetos armados y encapuchados. Ocurrió en horas de la noche cuando, el empleado de una pizzería iba a realizar una entrega en el medio de comunicación. Tras él, ingresaron cuatro antisociales a las instalaciones de la revista. Una vez adentro sujetaron de pies y manos a los periodistas y diseñadores a la vez que los amenazaron de muerte.
Los maleantes sustrajeron el CPU del director editorial de la revista y de periodistas quienes manejan información sensible, como también revisaron y escogieron documentos personales y relacionados al trabajo. Robaron, además, pertenencias personales de los afectados.
Luego de media hora del asalto, llegaron miembros de la Policía Judicial. El personal de la revista hizo la denuncia ante las autoridades pertinentes. Vanguardia en un comunicado señaló que “se rehúsa a creer que acciones como éstas pudieran hacer parte de la campaña de intimidación que hay contra los medios de comunicación”. Las autoridades nunca esclarecieron el hecho.
Tras este extraño hecho, cuatro días más tarde, el miércoles 08 de julio, José Luis Estrada, Gerente Comercial de Revista Vanguardia, fue asaltado por dos antisociales armados. Sucedió en horas de la noche cuando Estrada salía de las instalaciones de la revista, dos sujetos lo interceptaron y le arrebataron la maleta donde llevaba su computador personal, convirtiéndose en una inusual coincidencia.
Tras cinco años de su cierre, periodistas creen que «la LOC no fue un impedimento»
Tras cinco años del cierre de Vanguardia, sus ex trabajadores coinciden en que, más allá de las dificultades económicas, sí podrían haber seguido haciendo periodismo con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, aunque sí reconocen que el alto costo de hacer un periodismo de investigación de calidad y el retiro de empresas anunciantes, por el temor a represalias, complicó mucho la tarea.
Para Desirée Yépez, Vanguardia dejó un espacio que difícilmente se ha podido llenar. “Luego de cinco años queda claro que quienes perdieron han sido los lectores. Los periodistas que formamos esa redacción de alguna u otra manera seguimos haciendo periodismo. Entonces también quedó claro que la Ley de Comunicación no era el impedimento para que Vanguardia pudiera seguir circulando”. Para ella, decir que la Ley de Comunicación fue la responsable del cierre de la revista Vanguardia significaría decirle al poder de turno que hemos perdido y que no podemos hacer más periodismo y hemos demostrado cinco años después que eso no es así.
Juan Carlos Calderón cree que, con dificultades, sí hubiesen podido sobrevivir y seguir adelante, pero la crisis económica, lamentablemente pesó mucho. “De alguna manera, muchos anunciantes se retiraron, tuvieron miedo. El sector empresarial le debe mucho a la sociedad ecuatoriana y muchos tuvieron miedo y no ayudaron a sostener este proyecto. La revista creció, y el apoyo del lector era innegable pero no alcanzaba a sostener el proyecto.
Para Calderón, Vanguardia sí fue la vanguardia en ese momento histórico en el periodismo de investigación y eso se muestra hoy. “Me da la sensación de que estamos repitiendo temas que ya se publicaron”, apunta el actual director de PLan V, al recordar casos como el del secuestro de Fernando Balda, el caso Cosíos, entre otros. Para él, hay que recordar a Vanguardia por lo que esa revista aportó al periodismo ecuatoriano. “Fue una revista con una corta vida de siete años pero intensa”.
Epílogo y nuevo comienzo
Como señalan los periodistas de Vanguardia, el cierre de la revista fue un golpe muy duro al periodismo investigativo en el Ecuador. Pero no fue el fin. La mayoría de la redacción del medio cerrado trató de mantenerse juntos en un nuevo proyecto llamado Plan V que con dificultades, se ha consolidado como una revista digital de referencia por sus investigaciones, columnas de opinión y seguimiento informativo de alta calidad.
El establecimiento del nuevo proyecto, contó con el apoyo inicial de Fundamedios que gestionó y obtuvo un pequeño capital semilla inicial de 60.000 dólares que se agotó muy pronto en el desarrollo inicial del portal. Eso significó que varios de los periodistas de la redacción inicial de Vanguardia se separaran.
Al final, bajo el liderazgo y tesón de Juan Carlos Calderón el portal ha llegado a consolidarse como una de las mejores opciones periodísticas del Ecuador.