Los miembros de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, dieron a conocer detalles sobre el informe preliminar que se publicará el próximo 10 de diciembre. Este 15 de noviembre, en una rueda de prensa, informaron que la serie de audiencias permitió identificar patrones de actuación de la justicia y del gobierno de Rafael Correa en torno a la persecución política. En total, se han llevado a cabo 24 audiencias públicas, dos reservadas, y se han receptado los testimonios de 63 víctimas.
Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ), recalcó que el patrón desde el Estado fue crear supuestos delincuentes con base en estrategias agresivas de comunicación, criminalizando la protesta social violentamente. Afirmó que en todos los casos expuestos en las audiencias de la Mesa se pueden verificar cambio de jueces y sustanciación de los trámites que no están justificados.
En lo que se refiere a libertad de expresión, la funcionaria agregó que se evidencia que los procesos fueron muy rápidos y significaron multas pecuniarias excesivas para los comunicadores y medios de comunicación. Porras explicó uno de los patrones, en la mayoría de los casos, es que los denunciantes, una vez dictada la sentencia, en una supuesta muestra de solidaridad, perdonaban parte de las indemnizaciones.
“Las violaciones al debido proceso son comunes. Hay detención sin orden judicial, calificaciones de flagrancia fuera del tiempo… No hay motivación de sentencias y los procesos judiciales son múltiples”, señaló la Vocal.
Paúl Jácome, presidente de la Mesa, mencionó que es imposible dejar de lado la parte humana en estas circunstancias, ya que los miembros de la Mesa también fueron víctimas de la persecución. “Una cosa es lo que se ve en los medios de comunicación y otra ver el dolor y las heridas que queda en el Ecuador profundo. El país, luego de diez años de correísmo, queda con heridas bastante profundas que aún no sanan”, agregó.
“Uno de los aspectos centrales de estas jornadas y audiencias es el clamor de justicia, el clamor de verdad, el clamor de reparación integral. No se puede pedir que volteemos la página así tan sencillamente cuando los casos como Fernando Villavicencio y los Diez de Luluncoto se allanaron domicilios de manera ilegal, se pusieron fúsiles en la cabeza de niños, se pisotearon a las mujeres embarazadas…”, apuntó Jácome.
Los miembros de la Mesa se refirieron al linchamiento mediático como un patrón de comportamiento que se ejerció desde el poder Ejecutivo. Se pronunciaron también acerca de la actuación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) para la obtención de datos para la criminalización y el pago de favores a jueces para obtener sentencias favorables.
Durante la sesión se afirmó que uno de los casos más impactantes es el del periodista Freddy Aponte, quien en última instancia es declarado inocente. Sin embargo, su victimario, el exalcalde de Loja José Bolívar Castillo, logró mover sus influencias y revertir la sentencia.