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Ecuador, 13 de enero de 2022. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió por primera vez el Proyecto Unificado de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación.
El proyecto unifica la propuesta presentada por el presidente Guillermo Lasso con el documento presentado por Fundamedios con los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio y otros proyectos sobre la misma materia calificados por el CAL Legislativo.
Los proyectos originales partían de una premisa que no se debe perder de vista en ningún momento y es el hecho de que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental con tres dimensiones: individual, instrumental y estructural que tiene que ver con la realización y dignidad humana, la posibilidad de defender derechos y el hecho de que este derecho constituye uno de los tres pilares para una democracia.
Frente a un derecho fundamental, el papel de los estados tiene que ver con la garantía, protección y promoción. Esto marca una diferencia sustancial frente a la visión que se impuso con el establecimiento de la Ley Orgánica de Comunicación del 2013 que consagró un modelo de hiperregulación y control estatal y la incautación del derecho bajo la figura de transformar la libertad de expresión en el derecho a la comunicación que a su vez se transformó en un servicio público.
En el primer debate legislativo sobre la nueva Ley de Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Expresión desde Fundamedios vimos con preocupación cómo se plantearon intenciones de volver a un esquema de control estatal y de restricciones al ejercicio de derechos. Se realizaron acusaciones y amenazas en contra medios y periodistas utilizando un lenguaje que en algunos casos llegó a ser agresivo, estigmatizante, ofensivo e incluso amenazante.
Desde Fundamedios consideramos que el Informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, cuya ponente fue la asambleísta Marjorie Chávez, tiene aspectos muy importantes en la línea de contar con una legislación moderna y garantista que cumpla los estándares internacionales. Sin embargo, vemos con preocupación algunos artículos, conceptos y disposiciones que podrían ser regresivos y que deben ser profundamente revisados.
Desde Fundamedios estamos planteando la revisión y en algunos casos la eliminación de algunos artículos porque ni técnica ni conceptualmente cumplen con el objetivo de garantizar, promover y defender la libertad de expresión.
En este debate nuestro aporte siempre será técnico y argumentativo. Así lo volvimos a establecer este martes 11 de enero con la comparecencia del director ejecutivo de la organización César Ricaurte quien planteó observaciones concretas a artículos específicos. Entre ellos, el concepto clave de libertad de expresión en sus tres dimensiones (individual, instrumental y estructural) y la eliminación de los condicionamientos previos a la información que claramente incumplen estándares internacionales. La delimitación precisa de los derechos a la réplica y respuesta. La
eliminación de un peligrosísimo Artículo 20 que puede generar mecanismos de censura y autocensura en investigaciones periodísticas sobre corrupción. La composición del Consejo de Comunicación para evitar su politización y que esté en concordancia con estándares que establecen que un organismo de esta naturaleza debe ser técnico, independiente, responsable y transparente.
Invitamos a los distintos sectores políticos representados en la asamblea a elevar el nivel del debate, con argumentos técnicos, reconocer y ser autocríticos con un pasado reciente de represión y persecución contra la prensa, los periodistas y todo aquel que pensara distinto.
Recordamos, además, que el país tiene obligaciones internacionales pendientes, una de estas es la aprobación de legislación que garantice la plena libertad de expresión: lo establece la Corte IDH en la sentencia diario El Universo; el informe de los Relatores de Libertad de Expresión de 2019 y el informe de la CIDH sobre el secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
El país, la sociedad y los representantes y líderes políticos debemos actuar en consonancia y coherencia con esenciales principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos.
Socios:
César Ricaurte Jean Cano
Yadira Leonor Aguagallo Xavier Bonilla
Diego Cornejo Stephan Küffner
Sandra Garcés Almeida Verónica Manosalvas
Mariana Neira Christian Zurita
Juan Carlos Calderón Diego Araujo
Mónica Almeida Tania Tinoco
Simón Espinosa Ana Karina López
Miguel Rivadeneira