Con auditorio lleno en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron el libro El delito de expresarte. Nuevo lecturas críticas sobre la aplicación de la Ley de Comunicación, en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Doce autores se propusieron analizar la forma en que se ha aplicado la Ley de Comunicación, a través de casos concretos.
Ramiro García abrió la presentación, manifestando su respaldo a los periodistas. Recordó que el Colegio de Abogados, asimismo, ha apoyado a activistas que defienden los derechos humanos.
César Ricaurte, director de Fundamedios, saludó a los periodistas por en su día: “es motivo de alegría lanzar este libro luego de tres años de trabajo, y en el día del periodismo, en el cual se celebra más que nunca esa capacidad de resistencia de la prensa ecuatoriana, pese a los embates del poder”.
El libro incluye un estudio que analiza la forma en que se han llevado los juicios y las sanciones hacia medios y periodistas, entre octubre del 2013 y octubre del 2016. Ricaurte presentó algunos de los datos que contiene el libro: de 606 procesos analizados, 462 de los casos finalizaron con resolución de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
De estos casos, 448 son contra los medios de comunicación. La Supercom inicia la mayoría de los casos. Los artículos más usados para aplicar las sanciones son aquellos que tienen que ver con las normas deontológicas y la rectificación.
Desde Skype, Francisco Barbosa, coautor del libro, manifestó preocupación por la forma en que se utiliza la figura de rectificación. Asimismo, anotó que la Ley pierde de vista el sentido de proporción en la aplicación de sanciones a medios privados y públicos.
María Paula Romo contó, como anécdota, cómo había surgido la idea de escribir el libro: en conversación con Diego Cornejo, Martha Roldós, César Ricaurte, entre otras personas, miraron la necesidad de realizar un análisis objetivo de la aplicación de la Ley de Comunicación.
La conclusión a la que llega Romo es que “es una ley que está usada por el Estado”. Anotó algunas incoherencias: “piden veracidad incluso de una opinión”.
A propósito, comentó que la Asamblea esa misma semana había decidido otorgar una facultad adicional a la Supercom: la de realizar comunicaciones y amonestaciones a cualquier actor comunicacional, facultad que no consta en la Ley.
Más incoherencias en la aplicación de la Ley fueron expuestas por Silvia Buendía, otra de las autoras del libro. Recordó que los proponentes de esta ley, fundamentaban su proyecto con la defensa de derechos humanos. Buendía habló, entonces, de “la doble moral de quien utiliza esta ley”. Para mostrarlo, analizó dos casos: cuando Extra fue sancionado por un titular que aludía a estereotipos que denigran a la mujer; y la sanción a Teleamazonas por una burla a los grupos GLBTI. En cambios casos, los funcionarios publicaron en sus cuentas de Twitter comentarios discriminatorios, en referencia a esos casos.
Para Martha Roldós, la ley se diseñó para impedir que “se haga investigación periodística”. Para explicarlo, contó el desafío que supuso escribir su artículo para el libro: analizar una sanción impuesta a ella misma. Ella inició un proceso de linchamiento mediático, luego de que una serie de correos personales de ella fueran publicados sin su autorización en El Telégrafo y otros medios públicos. Roldós hizo uso del mismo artículo que ella había denunciado por su inconstitucionalidad. Su caso fue archivado.
Finalmente, Juan Pablo Morales insistió en que la Supercom actúa como “una comisaría”, que no comprende el humor como un medio de expresión.
El libro “El delito de Expresarse: Nueve lecturas críticas sobre la Ley de Comunicación” está ya a la venta y se lo puede solicitar en las oficinas de Fundamedios, al correo info@fundamedios.org.ec y al teléfono 02 601 9956.