Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil [1] que presentaron informes alternativos sobre la situación del Ecuador, con el apoyo de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), afirmaron que han sido contundentes las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el sexto informe periódico del Ecuador. Así lo expresaron hoy en rueda de prensa y aseguraron que ven reflejadas sus preocupaciones en las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas.
César Ricaurte, director de Fundamedios, destacó el rol determinante de la sociedad civil y la importancia del informe emitido por el Comité que incluye 33 recomendaciones y se concentra en tres ejes principales: Comisión de la Verdad; libertad de expresión y reunión pacífica; y jurisdicción indígena. Además destacó que el Comité de DDHH da un año al Estado ecuatoriano para que implemente políticas y acciones efectivas alrededor de estos temas. Ricaurte también destaca que el Comité es enfático en el tema de libertad de expresión y muestra su preocupación “sobre los casos de personas críticas al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, que habrían sufrido acoso y amenazas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno”. El informe del Comité recuerda que el Estado ecuatoriano “debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto”, por lo que “desde la sociedad civil, exigimos que la Asamblea Nacional inicie inmediatamente el proceso de reforma a la LOC, con participación activa de la sociedad civil, para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión”, aseveró Ricaurte. El informe también se al derecho de asociación: “El Estado parte debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer en la práctica su derecho a la libertad de reunión pacífica”.
La activista Lotty Andrade se congratuló de que el Comité se haya referido en el informe a los abusos y violencia sexual en centros educativos. El organismo manifiesta su “preocupación por el bajo número de sentencias condenatorias en relación con el elevado número de denuncias sobre delitos sexuales en el ámbito educativo registradas y la presunta impunidad de algunos perpetradores de tales actos”. Destacó que el informe manifiesta la necesidad de intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y las políticas sobre igualdad de género existentes para alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Los expertos también recomiendan adoptar medidas efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los cargos de elección unipersonal a nivel local. Andrade también resaltó el Comité observa con preocupación que el nuevo Código Orgánico Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y establece que el Estado debe revisar el Código Orgánico Integral Penal a fin de introducir excepciones a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas, la despenalización del aborto por violación.
De izquierda de derecha: Karla Calapaqui, Pamela Troya, César Ricaurte, Martha Roldós y Lotty Andrade.
La activista Pamela Troya destacó las recomendaciones del Comité en cuanto a la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. También recordó que en el informe el Comité “lamenta no haber recibido información detallada” acerca de las acciones de carácter penal desplegadas contra los responsables de los “tratamientos” en las llamadas ‘clínicas para tratar la homosexualidad’ y sus resultados. Asimismo, enfatizó en que el Comité concluyó que el Ecuador debe redoblar esfuerzos “para combatir estereotipos y prejuicios contra personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación”.
La activista Martha Roldós comentó sobre el capítulo acerca de la independencia judicial que incluye el informe y resalta la contundencia de la recomendación: “El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias”. Pidió a las autoridades que lean detalladamente las recomendaciones.
La activista Karla Calapaqui se refirió a las observaciones sobre uso excesivo de la fuerza en el las manifestaciones sociales y la criminalización de la protesta bajo figuras penales como el sabotaje y el terrorismo. Destacó además la recomendación de agilitar la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. En sus resoluciones, el Comité también conmina al Estado a proteger la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, garantizando que no se realicen actividades extractivas que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la jurisdicción indígena, recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para adoptar un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, asegurando el respeto de los derechos de las comunidades.
En general, el informe lamenta la falta de información en las respuestas orales y escritas de la delegación ecuatoriana. Sobre todo la no entrega de cifras sobre cuántas personas han sido criminalizadas por terrorismo y sabotaje durante este periodo. Por último, los representantes de la sociedad civil dijeron que se mantendrán vigilantes de las acciones que tome el Estado, ya que las recomendaciones del Comité de DDHH son de cumplimiento obligatorio. Asimismo, informaron que dentro del seguimiento que hace el Comité se prevé la visita de relatores para monitorear la aplicación de las recomendaciones al Estado ecuatoriano, en el transcurso de un año.
- Lea las recomendaciones completas del Comité de DDHH de la ONU a Ecuador
- Mire la rueda de prensa de hoy
[1] Las organizaciones que presentaron los informes sombra al Comité de DDHH de la ONU fueron: Fundamedios, Conaie, Ecuarunari, Confeniae, Frente Popular, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, Asamblea Plurinacional Permanente en Mujeres en Resistencia, Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, Fundación Yerbabuena y Observatorio de DDHH colectivos y minorías, Área de Derecho y Programa Andino de DDHH de la Universidad Andina Simón Bolívar, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Conaie, Cofenaie, Pueblo Kichwa de Sarayaku, Nación Sapara del Ecuador, Terramater, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Ecuatoriana Equidad (FEE), Global Initiative for Sexuality & Human Rights, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU), Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y Matrimonio Civil Igualitario.