Este jueves 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los familiares y representantes de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en abril pasado en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Los familiares de las víctimas, representantes de los Estados ecuatoriano y colombiano analizaron los avances de las investigaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH durante dos audiencias continuas.

En la primera audiencia, en la cual intervino el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, Juan Pablo Albán, abogado de las familias, presentó sus preocupaciones en cuanto a los resultados de las indagaciones. “Lo que tenemos ahora es una estructura política de silencio, en la que muchas contradicciones ocurridas durante el secuestro de nuestros familiares han sido comprobadas”, expresó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl. “¿Quién tomaba las decisiones sobre la vida de nuestros familiares?”, cuestionó al Estado.

El Procurador General expuso que “las funciones hechas fueron las más adecuadas. Lo ha dicho hoy el presidente Moreno cuando expresó al país que como Estado hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para rescatar a nuestros hermanos periodistas”. Añadió que se entregó la información ofrecida al ESE, así como el sustento económico para la investigación. También sostuvo que el secuestro, cautiverio y asesinato de Rivas, Segarra y Ortega ocurrió en territorio colombiano. Salvador también pidió a la CIDH que la investigación concluya el 31 de diciembre o, máximo, en las primeras semanas de enero de 2019 y que se archive la medida cautelar en contra de Ecuador y Colombia. Los familiares, en desacuerdo con esta postura, respondieron que aún existen muchos temas por investigar.

Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y miembro del ESE, indicó que “la verdad va a surgir no de lo que sostenga una autoridad, sino del agotamiento de las líneas de investigación, de que se compruebe y se descarte que, por ejemplo, el secuestro no ocurrió en territorio bajo control ecuatoriano, lo cual desmiente las investigaciones de Colombia”. Aclaró también que no es cierto que el Equipo de Seguimiento Especial ha tenido acceso irrestricto a la documentación de parte de Ecuador, pues se ha pedido copias de los documentos en reiteradas oportunidades y se les dijo “que hay una interpretación que hace el Fiscal, de que no se pueda entregar ni siquiera en el marco de este mecanismo”.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, añadió en la audiencia la intervención de los representantes del Estado “causa un dolor enorme”. “Vinieron a tratar de ajustar cuentas con la CIDH y no es justo con las víctimas. Actúan con profunda insensibilidad, viniendo de un Estado que durante 10 años agredió sistemáticamente a periodistas. Que quede en sus conciencias que su intervención nos causa un profundo dolor”, enfatizó.

En la audiencia con el Estado de Colombia, los familiares afirmaron que con el actual gobierno de Iván Duque no ha existido la misma apertura que hubo con el expresidente Juan Manuel Santos,  a pesar de que durante la más reciente del Mandatario, el pasado 4 de diciembre, expresó que el asesinato no quedará en la impunidad.

Colombia, representado por Claudia Carrasquilla de la Fiscalía, detalló que, según sus investigaciones, el equipo de prensa fue secuestrado por miembros del Frente Oliver Sinisterra, quienes consultaron a alias Guacho qué hacer con ellos. Afirmó que el asesinato no sucedió porque Javier, Paúl y Efraín fueran periodistas, sino por una orden de ejecución en “razón de una situación que se venía presentando con el Gobierno ecuatoriano”.