En octubre de 2018 se creó la Mesa por la Verdad y Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca más. El objetivo: esclarecer los casos de quienes se consideran víctimas de hostigamiento a través del sistema judicial durante los últimos 10 años.
Para hacerlo, se habilitó un portal en la página del Consejo de la Judicatura (CJ). En la plataforma las presuntas víctimas presentaron sus casos. Se recibieron 1435 denuncias, de las cuales 247 cumplieron con los requisitos de completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación de respaldo.
El informe final publicado el 19 de febrero de 2019 determinó que 196 víctimas son hombres y 51 mujeres; sin embargo, las mujeres sufrieron procesos de persecución atroces, que incluyeron violencia sexual y psicológica. Una de las conclusiones más relevantes es que la fuerza pública reprime con brutalidad cualquier tipo de organización, participación o intervención de mujeres en la esfera política.
El 90% de las denuncias presentadas corresponde a procesos ocurridos durante el mandato del economista Rafael Correa. Del estudio también se desprende que los datos referidos al tipo penal terrorismo son altos, sobre todo entre 2009 y 2014. Esto se traduce en que a través de dicha figura se criminalizó la protesta social. El derecho fue utilizado como una herramienta del Gobierno para amedrentar a quien se opusiera a sus políticas.
Tras analizar los casos presentados, la Mesa concluyó la persecución política fue sistemática a través de la judicialización y penalización de la protesta social. También fue estructurada, pues se utilizaron otras instituciones del Estado como la ya desaparecida Secretaría de Inteligencia (Senain), Ministerio del Interior, Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y gobernaciones provinciales.
La mayoría de personas procesadas terminó encarcelada por meses o años, algunas siguen privadas de la libertad, sus juicios nunca fueron revisados, a pesar de las múltiples violaciones al debido proceso y a pesar de que se agotaron todas las instancias. Incluso hay casos que llegaron hasta la Corte Constitucional (CC) y no fueron atendidas las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en su tramitación.
A través de la Mesa por la Verdad y la Justicia se espera sentar un precedente en el sistema judicial ecuatoriano. La meta es que periodistas, activistas, opositores, defensores de la naturaleza y Derechos Humanos no vuelvan a ser víctimas de persecución política.
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