Han pasado cuatro años desde que el periodismo ecuatoriano recibió una noticia que cambiaría la historia de la Libertad de Expresión: tres compañeros de Diario El Comercio: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, fueron secuestrados en la frontera norte por parte de grupos guerrilleros.
Este desgarrador suceso ocurrió durante el Gobierno de Lenín Moreno, evidenciando que no existen mecanismos de protección para periodistas desde el Estado. El Ejecutivo de ese tiempo cometió una serie de errores que propiciaron o no evitaron el asesinato de los tres periodistas: mal manejo de las negociaciones, falta de políticas públicas para la protección del trabajo de la prensa y hermetismo fueron algunos de estos desatinos estatales…
Pero la acción que configura la impunidad que persiste es el ocultamiento de información, ya que el Consejo de Seguridad Pública (COSEPE) de Ecuador ha negado sistemáticamente la desclasificación de información relacionada con el secuestro y asesinato del equipo periodístico. Se ha evidenciado, además, una falta de colaboración por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, que forman parte del COSEPE.
Pese a los esfuerzos constantes de los familiares y de la sociedad civil, durante estos cuatro años las investigaciones desde la Fiscalía en Ecuador no han avanzado en lo absoluto. No existe siquiera un esfuerzo por construir una teoría del caso, desconociendo las recomendaciones emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esta falta de acción estatal, en julio de 2021, los familiares de los periodistas del diario El Comercio acudieron a la Corte Constitucional de Ecuador para exigir e insistir en la desclasificación de información y poder determinar posibles errores y responsabilidades por acción u omisión en todos los niveles en la investigación de este caso.
Queremos saber la verdad y no nos detendremos hasta obtenerla; para ello, los documentos que ahora se mantienen como reservados deben ser desclasificados y es una responsabilidad del actual Gobierno realizar esta acción en pos de la justicia y la memoria de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. NO podemos permitir que en Ecuador los crímenes contra periodistas queden en la impunidad, ni mucho menos que los secretismos estatales impidan que conozcamos la realidad de lo sucedido.
Siempre Nos faltarán Tres