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El Observatorio de Seguimiento expresa su apoyo irrestricto a los mecanismos democráticos e insta a fortalecer el papel del tercer sector

May 21, 2023 | Actividades, Comunicados

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Frente a los últimos acontecimientos, este Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones de Derechos Humanos (Observatorio de Seguimiento) expresa su voluntad de defensa de la institucionalidad democrática, e insta al gobierno de transición a mantener, por sobre todo, un clima de respeto y garantía de los derechos humanos, con énfasis en el derecho a la protesta, a la reunión y asociación pacíficas, y a la libertad de expresión, como valores fundamentales de la cohesión social. Lo anterior, considerando el contexto de una acelerada e incluso atropellada campaña electoral que se apresta a vivir el Ecuador en los próximos meses. 

El Observatorio de Seguimiento está constituido por Fundamedios, Fundación Nos Faltan Tres, Fundación Mil Hojas, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación Iniciativas para la Reinserción (IR), Fundación Desafío y Diálogo Diverso.

Consideramos esencial aprovechar este periodo de transición para avanzar en la constitución de los mecanismos institucionales de diálogo con la sociedad civil, según el compromiso establecido con el Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el pasado mes de marzo, y que implica la instalación de Mesas de Diálogo en torno a “Derechos Humanos y Libertades”, “Género y Diversidades”, y “Seguridad Ciudadana”. 

Expresamos y reiteramos nuestro profundo compromiso por aportar al establecimiento de un canal de diálogo intersectorial, entre el Estado y el tercer sector, como parte sustancial del desarrollo del país. 

El Observatorio de Seguimiento se constituyó en el marco del IV Ciclo del Examen Periódico Universal, en aras de garantizar un seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en el marco de la evaluación de los Estados Partes de la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, recordamos que el pasado 24 de marzo de 2023, el Gobierno ratificó 13 recomendaciones en materia de derechos de libertad de expresión, seguridad a periodistas y medios de comunicación, de un total de 16; 41 recomendaciones en materia de derechos de las mujeres, de un total de 47; 9 recomendaciones en materia de derechos de personas LGBTIQ+, de un total de 12; 2 recomendaciones en materia de movilidad humana, de un total de 2; y, 12 recomendaciones en materia de derechos de personas privadas de libertad, de un total de 17.

En términos generales, los Estados fueron enfáticos en la necesidad de que el Ecuador destine recursos humanos y financieros suficientes para intensificar la capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos a agentes de las Fuerzas Públicas, autoridades judiciales; adopte un marco jurídico de protección integral para defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas; considere la adopción de un mecanismo de protección para periodistas y/o trabajadores de la comunicación; y, garantice que el discurso crítico para con los gobiernos no afecte la capacidad de acción de los medios y OSC. 

 Se le recomendó realizar mayores esfuerzos hacia la lucha efectiva contra la violencia de género contra las mujeres, con énfasis en poblaciones vulnerables; asegurar la prestación de servicios en los centros de acogida para víctimas de violencia sexual y de género; y, reforzar las tareas de coordinación interinstitucional e intersectorial y supervisión del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, entre otras.

 Asimismo, se le instó a reforzar las medidas de política pública contra la discriminación de facto hacia los colectivos LGBTIQ+; adoptar medidas efectivas para erradicar las prácticas de deshomosexualización o reorientación sexual; asegurar el acceso a la justicia con perspectiva de género y sancionar todo delito de odio; y, reducir la impunidad en casos de delitos en su contra.  

Y se le conminó a intensificar esfuerzos para establecer medidas de protección a personas en situación de movilidad y evitar devoluciones y expulsiones sin que medie un procedimiento que determine necesidades de protección internacional.

Finalmente, en términos de privación de libertad, los Estados recomendaron implementar la “Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025”; reducir el hacinamiento y la violencia intracarcelarios; cumplir a cabalidad con el fin de rehabilitación que tiene el Sistema Penal; e, investigar las muertes ocurridas bajo custodia, que a septiembre de 2022 bordeaban las 350.

Para el Observatorio de Seguimiento, es crucial informar a la ciudadanía sobre la vigencia de los compromisos anteriores, y los temas pendientes en relación con leyes y políticas públicas recientemente aprobadas.

En cuanto a libertad de expresión, recordamos que hay una agenda pendiente que tiene que ver con las garantía de seguridad y protección a trabajadores de la comunicación, y que, en tal sentido, el financiamiento y operación del Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico debe darse con urgencia, en el marco de aprobación del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, e incluirá niveles de prevención, protección y procuración de justicia. 

En la misma línea, recordamos al Gobierno la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ente rector a cuyo cargo está la efectiva implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Asimismo, la aprobación de la “Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025”, cuya implementación exige un compromiso de diversos actores del Ejecutivo, y que debe garantizar medidas de seguridad al interior de los centros penitenciarios para evitar más muertes bajo custodia. 

Finalmente, recordamos la aprobación de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, su Reglamento, y la ausencia de la política pública correspondiente, que aborde los ejes de prevención, localización e investigación, y atención a víctimas indirectas.

El Observatorio recuerda al Gobierno que el régimen de transición que se ha activado a través de la llamada muerte cruzada no le exime de asignar recursos humanos y financieros suficientes para el cumplimiento de las obligaciones descritas, y de garantizar la instalación de los mecanismos necesarios para que la sociedad civil monitoree el avance de cada uno de ellos, y le exhorta, por sobre todo, a que ninguno de los decretos con los que gobierne los meses siguientes sea regresivo en materia de derechos conquistados.  





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