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En mayo, el correísmo revivió su furia contra el periodismo

Jun 1, 2022 | Actividades, Informes

En mayo de 2022 se produjeron 15 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador. Entre 2007 y mayo de 2022, Fundamedios ha contabilizado un total de 3123 agresiones contra la prensa.

Las 15 ocurridas en mayo significan una leve disminución con respecto a las registradas en abril (17). Sin embargo, el nivel de violencia en los ataques continúa. 

Las cifras de mayo

En 12 ocasiones periodistas fueron agredidos —dos mujeres, nueve hombres, y una agresión colectiva—; además de un medio de comunicación; dos organizaciones de la sociedad civil y dos funcionarios públicos. 

Por primera vez en el Gobierno de Guillermo Lasso los agresores No Estatales encabezan la lista, con ocho ataques, cinco de ellos encabezados por el correísmo; seguido de actores Estatales, con cinco agresiones. 

Asimismo, se registraron cinco casos de Discurso Estigmatizante; dos Procesos Judiciales; dos Amenazas; dos casos de restricciones en el Acceso a la Información junto a una Censura, una Agresión Verbal y el primer caso registrado en nuestro monitoreo de VIOLENCIA SEXUAL. 

El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron 9 agresiones contra la prensa y otras en Guayas, Loja, Chimborazo y Bolívar. 

 

Principales tendencias 

El correísmo, de nuevo

Durante este mes, cuentas trolls y bots que apoyan al correísmo iniciaron una cacería contra todos aquellos periodistas, ciudadanos u organizaciones que criticaron a algunos de sus líderes o los temas que mantienen en la agenda. Los mensajes también provenían de Rafael Correa, expresidente sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, y de ciudadanos vinculados fuertemente con su Gobierno. 

Los ataques iniciaron contra el periodista de investigación y director del Portal Código Vidrio, Arturo Torres, tras publicar una investigación que involucra al exvicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción.

El 18 de mayo, Código Vidrio hizo público un video que revela cómo Glas le ordenó al exdirector de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar, que no pidiera información a las empresas petroleras con la que luego pudieran apresar al entonces presidente Correa. Le advirtió que “no dejará nada por escrito”.

Tras la publicación, Torres y el Portal Código Vidrio empezaron a recibir una cascada de insultos y descalificaciones por parte de cuentas trolls. A esto se sumaron comentarios, como el del actual gerente de Pichincha Comunicaciones, Orlando Pérez, quien aseguró que Código Vidrio es propiedad de Arturo Torres, que está “financiado por agencias internacionales y grupos operativos de inteligencia”. Añadió que no hacen periodismo ni investigación, sino que “se ocupa de agendar ataque y asesinato a la reputación de Jorge Glas, Rafel Correa y sus seguidores”.

Al siguiente día, la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, recibió ataques misóginos en redes sociales, luego de lanzar un comentario sobre el hábeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, quien es convicto por corrupción y ya volvió a prisión.  

Hidalgo aseguró en un trino que el resultado de la audiencia de apelación al hábeas corpus “mostrará si aún hay esperanza en la Justicia o si se institucionaliza la impunidad”. Tras este mensaje, Hidalgo empezó a recibir ataques con tono machista que cuestionaban su aspecto físico y la descalificaban por su condición de mujer.

Fundamedios también se convirtió en el centro de ataques, provenientes de cuentas trolls y bots, tomaron fuerza luego de un trino de Correa: “Si Fundamedios tuviera algo de decencia, en lugar de repetir la basura de nuestros enemigos, tendría que reconocer mi estatus de refugiado político, pero todos sabemos lo que realmente es esta cloaca. Solo les pido no olvidar, para que no nos vuelvan a engañar”. 

Finalmente, el canal de televisión privado Teleamazonas fue atacado luego de un trino del administrador de la página Tiempo Real, Holger Guerrero, quien lanzó un hilo desinformando sobre una presunta trabajadora del medio de comunicación, a quien apodó #LadyTeleamazonas. A través de cuatro tuits, Guerrero construyó una falsa historia de una presunta trabajadora de Teleamazonas que, habría amenazado —con prepotencia— a un grupo de agentes de tránsito, bajo la advertencia de que trabajaba en Teleamazonas. El trino desinformativo y los videos superaron las 200 mil visitas, así como el hashtag #LadyTeleamazonas —que se convirtió en tendencia en Ecuador— y generaron una fuerte agresión en cadena contra Teleamazonas, sus periodistas y el periodismo en general.

Periodistas amenazados

Este mes se registraron amenazas contra periodistas desde fanáticos y abogados. Juan Carlos Rosario, de la Radio Redonda, fue víctima de acoso en redes sociales con amenazas concretas contra su integridad.  El reportero recibió un mensaje vía Facebook en el que le advertían: “Habla bien de El Nacional; de lo contrario, velas en tu casa. Sabemos dónde vives, Juanca; no seas parlante del Eco. Vamos a darte una señal”. 

Asimismo, el periodista Iván Tuapanta, de la Radio Raíces, de la provincia ecuatoriana de Bolívar, recibió una llamada de parte del abogado Max Jiménez, quien le advirtió que estaba ofendiendo el honor de una persona. El hecho ocurrió después de que en las redes de Radio Raíces se publicó un comentario sobre la detención de un ciudadano en manos de la Policía. 

Una periodista sufrio violencia sexual en vivo 

Desde mayo, Fundamedios incluyó dentro de su monitoreo de agresiones, indicadores específicos para medir los ataques contra las mujeres periodistas, por su condición de género. El primer caso registrado con el indicador VIOLENCIA SEXUAL se dió en Guayaquil, durante la cobertura en vivo del ‘Clásico del Astillero’, un partido de fútbol que se disputa entre Barcelona y Emelec. La reportera de La Radio Redonda Xiomara de la Torre registraba la llegada de los hinchas barcelonistas, cuando fue tocada  en su partes íntimas por un hincha, sin su consentimiento. La Fiscalía General abrió una investigación de oficio para encontrar y sancionar a los responsables de la agresión sexual. 

Además, desde Fundamedios se decidió que el femicidio contra la periodista del medio digital Wambra Sapo Johanna Guayguacundo es un caso que debe ser incluido dentro de nuestro monitoreo de casos pendientes. Pese a que el femicidio no guarda relación con el desarrollo de su profesión, es necesario visibilizar este tipo de violencia extrema contra mujeres periodistas.

Asamblea, contra la libertad de expresión

Desde el Poder Legislativo se produjeron dos agresiones contra varios periodistas y activistas. El asambleísta independiente Fernando Villavicencio lanzó en redes un mensaje estigmatizante contra la familia del activista y vocero de la Fundación Pachamama, Benito Bonilla, luego de que cuestionó la postura del legislador sobre las  movilizaciones del Primero de Mayo, Día del Trabajo. 

A esto se suma que el 20 de mayo, un grupo de periodistas que cubren la fuente legislativa no pudieron ingresar, durante una hora, a las instalaciones de la Asamblea Nacional, para realizar su trabajo. En el ingreso, los miembros de la Policía les indicaron que tenían la disposición desde Administración de solo permitir el ingreso a quienes estaban en una lista. No permitían el ingreso de nadie, argumentando que no hay actividades, a pesar de que estaba prevista la sesión de la Comisión multipartidista que evaluó a la presidenta, Guadalupe Llori. Asimismo, sólo los funcionarios que estaban en una lista podrían ingresar. Al menos media docena de reporteros no pudieron ingresar, pero luego de la insistencia se les permitió la entrada.

El uso del Derecho Penal contra la prensa continúa

Desde el poder se sigue utilizando la Justicia, en específico el Derecho Penal, para acosar a periodistas. El exasambleísta Ludovico Cruz insiste en utilizar las figuras de honra y buen nombre en contra del periodista Danilo Villarroel, representante legal de El Diario de Riobamba Digital. Por segunda ocasión, el exasambleísta presentó una demanda por supuesta calumnia, delito previsto y sancionado en el art. 182 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena de seis meses a dos años de prisión.

Estas acciones se dan luego de que el medio de comunicación digital publicó la investigación: ‘Exasambleísta de Chimborazo gestiona gasolinera junto a vía construida por el prefecto Juan Cruz’. El reportaje reveló que el exasambleísta ofició al Municipio del cantón Guano pidiendo el permiso de uso del suelo para construir una gasolinera en la avenida De la República, obra vial que fue realizada a través de un trabajo entre el Municipio de Guano y  La Prefectura —cuyo titular es su hijo—, con una inversión de USD 1,6 millones. Asimismo, detallaron que, previo a esa construcción, Ludovico Cruz poseía un predio de 10.986,59 metros cuadrados al filo de la avenida. 

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