A las 15:00 del viernes 15 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio a un proceso inédito en cuanto a la investigación de derechos humanos en el continente. Frente a una comitiva de los familiares de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra; representantes del Estado ecuatoriano y de las organizaciones de la sociedad civil Fundamedios (Ecuador) y la Fundación para la Libertad de Expresión (Flip de Colombia) se llevó a cabo la primera reunión de trabajo sobre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) a las medidas cautelares otorgadas al equipo periodístico el pasado 12 de abril.
La cita, dirigida por la relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena junto con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza y el responsable del equipo de medidas cautelares, Jorge Meza giró en torno a tres aspectos: la aceptación por parte del Estado ecuatoriano del plan de trabajo propuesto por la CIDH -así como del presupuesto previsto para la investigación; la presentación por parte de las familias de las víctimas de las características y expectativas sobre los resultados del ESE y la expresión del compromiso del Estado Colombiano para ser parte de este mecanismo de seguimiento y garantizar el cumplimiento de las actividades de este equipo en su territorio.
Entre las expectativas de las familias y las organizaciones peticionarias que acompañan la implementación del proceso se encuentra la importancia de garantizar a los delegados del ESE el acceso a la información de forma transparente, oportuna y en todo nivel. Otra de las expectativas familiares es que las acciones del ESE sean concertadas con las víctimas y recibir avances de la investigación de manera amplia. Además, propusieron a la comisión que la investigación del caso tome en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos, pues el equipo periodístico se encontraba en la zona de San Lorenzo y Mataje para reportar situaciones de violencia que fueron en aumento a partir de finales del mes de enero luego de la explosión de un cuartel policial en esta localidad.
Paulo Abrão, secretario general de la CIDH, explicó que lo que motivó a generar una respuesta especial de la CIDH para la situación es el impacto negativo que el secuestro y asesinato del equipo periodístico puede tener en el ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador y la región y por ello instó a los representantes del Estado y a los peticionarios y familias a comprometerse en la consecución de resultados durante el tiempo que operará este mecanismo.
Por su parte, Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador de la CIDH, explicó que el enfoque del ESE es la centralidad de las víctimas (familiares de Javier, Paúl y Efraín) en el proceso y reiteró la voluntad de la CIDH de que este equipo se seguimiento ofrezca recomendaciones para lo no repetición de los hechos. A esta perspectiva se sumó el relator Edison Lanza quien consideró que el ESE tiene la posibilidad de marcar un precedente importante en la defensa de la libertad de expresión del continente. La comitiva familiar, así como Fundamedios y la Flip consideraron que esta es la posibilidad de marcar el inicio de un camino hacia la no impunidad en los crímenes contra periodistas.
Los siguientes pasos tienen que ver con la primera visita de los delegados del ESE al territorio prevista para el mes de julio. Al respecto, las familias informaron a la CIDH la ubicación en la que se encuentra la información desclasificada entregada por las autoridades ecuatorianas el pasado 14 de mayo y solicitaron que una de las primeras acciones sea el levantamiento de esos documentos.
En tanto, a las 16:00 de ese mismo viernes, la CIDH recibió a la comitiva del Estado Colombiano, representado por el embajador ante la OEA, Andrés González. Colombia adquirió el compromiso de apoyar el mecanismo de seguimiento y conocer en un plazo breve el plan de trabajo que le presentará la CIDH para actuar en su territorio.
Los familiares recordaron que en su cita con el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín, se habló de la participación de Colombia en el mecanismo especial.
González reiteró que existe el compromiso colombiano y junto con los representantes de la CIDH acordaron el plazo de 7 días -a partir del envío del plan de trabajo por parte de la CIDH- para pronunciarse de manera oficial y escrita. La gira de visitas que inicia en julio también tomará en cuenta reuniones con autoridades en Colombia.
El primero de los mecanismos especiales se dio lugar para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. El segundo se remonta a abril del 2016, cuando la familia de la activista Beta Cáceres, asesinada en Honduras solicitó un grupo de investigación similar al organismo internacional. Ahora el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, se convierte en el tercero en marcar un hito en la investigación de este tipo de violaciones a los derechos humanos en la región.
*La comitiva del Estado ecuatoriano, estuvo encabezada por Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Juan Sebastián Medina, asesor jurídico de la Presidencia de la República y el Sub-procurador, Ricardo Velasco, acompañados por el embajador de Ecuador ante la OEA, Marcelo Vásquez.
* En la comitiva familiar participaron: Cristhian Segarra, Raúl Borja, Yadira Aguagallo y Ricardo Rivas, representados legalmente por el jurista Juan Pablo Albán, parte del equipo legal de la Universidad San Francisco de Quito que acompaña a las familias en el proceso. César Ricaurte de Fundamedios y Pedro Vaca de la Flip, representaron a las dos organizaciones de la sociedad civil forman parte del proces como peticionarios.