El artículo 115 de la Constitución vigente consagra que “el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.” Prohíbe además la contratación directa de publicidad “en los medios de comunicación y vallas publicitarias.”
Es el Código de la Democracia en su artículo 202 el que “desarrolla” el mandato constitucional consagrando que “el financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Sin embargo, en el mismo artículo se afirma que “el Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad.”
Así, en uso de esta atribución legal, el pasado 21 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) discutió y resolvió incorporar a los medios digitales en el financiamiento público. En la resolución se consideró que “son parte de los medios de radio y televisión los portales digitales pertenecientes a cada frecuencia, con la condición de que operen y se identifiquen bajo la misma denominación y signos distintivos”. También se puntualizó que se considerará prensa escrita “a los medios impresos en papel y a los medios impresos digitales”.
Sin embargo, una mayoría de miembros del CNE decidió rever la decisión, y la Presidenta del CNE, Diana Atamaint, decidió realizar una consulta a la Procuraduría General del Estado que, en su respuesta de 4 febrero, indicó que los recursos para financiar la campaña no se “extienden a medios en internet”. Agregó además que los medios en internet “no pueden jamás ser asimilados como prensa escrita, por lo que quedan fuera de lo que se considera franja de promoción electoral”.
Como consecuencia, estas plataformas recibieron una negativa de acreditación para ser proveedores de publicidad durante el proceso electoral que se inició el pasado 5 de febrero.
La decisión del CNE, así como la posición de la PGE, no afecta solamente a los medios nativos digitales. Los medios tradicionales que operan con plataformas en internet también se ven directamente perjudicados.
FUNDAMEDIOS rechaza esta negativa de registro de los medios digitales, ya que limita la libre difusión de información y entorpece el libre flujo de información, producto de un debate electoral. Además, incide en la desinformación en los ciudadanos.