Los familiares de los periodistas del diario El Comercio, asesinados en 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana por el grupo armado disidente de las FARC Óliver Sinisterra, acudieron a la Corte Constitucional de Ecuador para exigir la desclasificación de información y poder determinar posibles errores y responsabilidades por acción u omisión en todos los niveles en la investigación de este caso.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado Paúl Rivas, informó que este es el último recurso que queda disponible en Ecuador, “porque no solo las familiares hemos hecho la solicitud de desclasificación de información para poder realizar la investigación, sino también la Asamblea Nacional se pronunció en 2020, el Consejo de Participación Ciudadana envió los documentos para la desclasificación de información en 2020, la Defensoría del Pueblo también se pronunció, hubo un exhorto de los Parlamentarios Andinos en 2019, la Fiscalía solicitó esta información pertinente para avanzar en las investigaciones y en todos los casos se ha negado, por lo tanto este es el último recurso que nosotros tenemos para acceder a la verdad”.
Rivas aseguró que tras este paso legal dado en la Corte Constitucional esperan una respuesta positiva, de lo contrario se analizará la posibilidad de acudir a las instancias internacionales, pero “lo que estamos haciendo es agotar todas las posibilidades legales en nuestro país”, aseguró.
Por su parte, el miembro del equipo de la clínica jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, Hugo Cahueñas informó que la “Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que la Corte Constitucional podrá desclasificar la información donde exista presunción o violaciones de los derechos humanos. En el marco de la Ley de Seguridad Pública hemos realizado esta demanda solicitando a la Corte Constitucional para que ordene la desclasificación de las actas 18, 19 y 20 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) del 2018”.
Cahueñas recordó que el acta 18, 19 y 20, desde el 28 de marzo de 2018, cuando ocurrieron los hechos, contiene información que permitirá conocer la verdad de los hechos y corroborar si hubo o no errores y las acciones u omisiones por parte de las autoridades en este caso.
«Estamos hablando del derecho a la verdad que tienen todos los ciudadanos, las víctimas y sus familias porque así lo determinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para hacer una investigación exhaustiva y sin dilaciones para poder establecer responsabilidades», explicó Cahueñas.