Ecuador, 04 de marzo de 2025.- El mes de febrero registró un alarmante incremento de las agresiones contra la libertad de prensa y expresión, con un total de 33 casos: más del doble de los 14 reportados en enero. Este aumento estuvo fuertemente marcado por la jornada electoral del 9 de febrero. Sólo ese día, se documentaron más de 10 ataques contra periodistas en distintos recintos del país. Fundamedios reporta un total 46 agresiones en solo los dos primeros meses de 2025.
Los actores estatales fueron responsables del 56% de los ataques contra la prensa en febrero; mientras que en enero representaron el 30%. El monitoreo de Fundamedios también muestra un incremento del 270% en las agresiones a periodistas entre el mes de enero y febrero: de 7 subieron a 26. La época electoral marcó el mes con una ola de violencia contra la prensa. Solo el día de las elecciones, 9 de febrero, hubo más de 10 periodistas fueron agredidos mientras cubrían los comicios. Los trabajadores de la comunicación enfrentaron intimidaciones y restricciones de acceso a los centros de votación. De hecho, los obstáculos de cobertura y de información son el tipo de agresión más común en este mes con 11 casos.
Día de las votaciones: limitaciones y obstáculos
Durante la jornada electoral del 9 de febrero, en Ecuador se registraron múltiples vulneraciones a la libertad de prensa. En Cotacachi, un periodista de APAK TV fue retenido por supuestos militares, despojado de su equipo y trasladado, contra su voluntad, a otra ciudad. Luego fue liberado, pero sin sus herramientas de trabajo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas negaron tener reportes sobre el incidente. Si bien el comunicador resultó ileso, los militares confiscaron su equipo de transmisión y su teléfono personal. APAK TV denunció este acto, en sus redes sociales, como un abuso de poder y grave violación a la libertad de expresión.(Ver alerta)
En la provincia de El Oro, al menos cinco periodistas fueron impedidos de realizar su cobertura en diferentes recintos electorales. En Machala, la Policía Nacional bloqueó el acceso de Jhonny Crespo, del portal digital Conexión Informativa Ec, al Colegio Kleber Franco Cruz, argumentando que tenían directrices de restringir la grabación dentro del recinto. Solo después de la intervención de una delegada del CNE, se le permitió el ingreso.
Mishelle Espinoza, de Radio Candela 90.7, fue desalojada por policías y militares cuando intentaba transmitir en vivo desde el colegio en El Guabo.
En Arenillas, un militar obligó a la reportera Ivette Coronel, de Diario Correo, a borrar fotografías de su teléfono, mientras que, su colega Luis Chalan fue impedido de ingresar a un recinto electoral sin justificación clara.
Situaciones similares ocurrieron en Quito y Guayaquil, en la que periodistas de Gama TV, Ecuador Chequea, CNN y Diario Expreso enfrentaron restricciones arbitrarias, de cubrir lo que sucedía en los recintos electorales, por parte de militares y funcionarios del CNE. A pesar de que la propia institución electoral aseguró que la prensa podía realizar su trabajo solo presentando su credencial, los hechos evidenciaron lo contrario. (Ver alerta)
El 20 de febrero, Fundamedios presentó un informe especial sobre las agresiones y limitaciones a la prensa en el contexto de la primera vuelta electoral en Ecuador. Uno de los hallazgos principales fue el preocupante patrón sistemático de ataques contra periodistas, censura y obstáculos al acceso de la información. El documento titulado, Silencio en las Urnas: Ataques y Censura en las Elecciones 2025, expone cómo desde la precampaña hasta el periodo post-electoral inmediato, se han registrado graves vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa, sumando 22 agresiones electorales contra el oficio incluyendo negativas de entrevistas por parte de candidatos y funcionarios públicos. El análisis muestra que el Estado se mantiene como el principal actor represivo con 14 agresiones atribuidas a funcionarios o instituciones estatales. Le siguen los actores no estatales como candidatos que también atacaron a la prensa. (Ver informe)
Uso del poder político en contra de la libertad de expresión
En febrero, los periodistas fueron blanco de ataques de diferentes personajes políticos que utilizaron su poder para amedrentar y tomar represalias. Es el caso del periodista Boris Sarango del portal digital Primer Reporte, quien fue acusado judicialmente por Giovanny Loayza, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Avanza. El candidato interpuso una querella en contra del periodista por haber emitido supuestas expresiones de “descrédito o deshonra”. Esto, tras la publicación de la investigación sobre los antecedentes de los 2.089 postulantes a la Asamblea, liderada por Fundamedios y replicada por más de 40 medios de comunicación a nivel nacional, incluido Primer Reporte. La investigación fue colaborativa y desarrollada por 38 periodistas. La misma ofrece información verificada y accesible sobre quienes participaron por una curul en el Legislativo. (Ver alerta)
Por otro lado, el periodista Álvaro Espinosa sufrió un acto de intimidación por el asesor de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Alejandro Zavala, tras revelar que, desde el 15 de enero de 2025, el consultor y analista político había pasado a ser parte del equipo de Gobierno como asesor presidencial.
Espinosa publicó el 06 de febrero, en su cuenta personal de X, la imagen de la declaración patrimonial juramentada de Zavala. Este es un documento obligatorio que debe firmar toda persona que entra a un cargo público. Tras la publicación, Zavala envió tres audios de voz al comunicador. “Hace quince días estoy ahí. No puede ser posible que me mandes este tremendo desprestigio a mí conociéndome y sabiendo quién soy. 20 años trabajando en esto. Pensé que te tenía un poquito de respeto”, dijo Zavala en uno de los audios. Además, el asesor presidencial añadió en otro audio que “fue él quién le dio entrevistas al periodista en su momento y que incluso le abrió un camino en el periodismo” y que su patrimonio es resultado de su trabajo y que luego de la nota del periodista, se siente expuesto a cualquier tipo de amenazas o a “vacunadores”. “Te voy a poner una demanda, no puedes hacer estas cosas así” dijo Zavala en el tercer audio. Al final, desistió de esta última acción. (Ver alerta)
Otro caso reportado por Fundamedios fue el de la asambleísta reelecta por el partido correista Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, que presentó ante Fiscalía una demanda en contra del periodista Martín Pallares y el entrevistador Carlos Vera. En el documento Cabezas cataloga como “delito de odio” un análisis que realizó Pallares sobre la ganancia de la Revolución Ciudadana en provincias donde es “más importante el narcotráfico”. Es decir, los denunció por dar una opinión. Pallares dijo a Carlos Vera que le llamaba la atención que, en las anteriores votaciones, varios analistas habían dado por “muerto” el “correísmo y anticorreísmo”. También dijo que los resultados reflejan la polarización del Ecuador. “Otro tema que yo creo que se debe analizar y romper tabúes, porque veo que en Colombia se hacen este tipo de análisis, es la realidad geográfica del narcotráfico y las votaciones. Veamos las provincias donde es más grande el narcotráfico y cómo se produce la votación”, indicó Pallares quien, además, nunca hizo una referencia directa contra la Revolución Cuidadana. (Ver alerta)
Sin embargo, esto desató una ola de ataques contra Pallares. El 13 de febrero, en sesión del Concejo Municipal de Guayaquil se aprobó una resolución de “repudio cívico y moral a las expresiones antidemocráticas de Martin Pallares y Pablo Guerrero”. Además, se les declaró personas no gratas a Guayaquil”. Esto tras un pedido de modificación del orden del día y una moción presentada por la concejal Soledad Diab y que fue apoyada por 13 de los 14 concejales. En esa misma sesión, el alcalde correista Aquiles Álvarez arremetió contra Pallares y Guerrero. Los calificó de “voceros asquerosos” advirtiéndoles posteriormente que no (deben) pisar Guayaquil”, aunque no aclaró qué sucedería si los aludidos visitaban la ciudad porteña. Varios concejales, entre ellos la vicealcaldesa, Blanca López, aprovecharon para extender discursos estigmatizantes contra todos los medios de comunicación. La concejal Emily Vera catalogó a los periodistas como “sicarios de tinta”. Una narrativa que el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa instaló hace más de diez años. (Ver alerta)
Otra estrategia de censura importante detectada en febrero fue la serie de negativas a solicitudes de acceso a la información. El asambleísta de ADN, Jorge Chamba, abandonó abruptamente una entrevista en el portal digital Ingobernables luego de ser cuestionado sobre los resultados del Plan Fénix y de la consulta popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Desde el inicio, Chamba advirtió al comunicador que se encontraba en el aeropuerto “listo para abordar un avión”. A lo largo de la entrevista, defendió la gestión del gobierno, argumentando que los problemas de seguridad en Ecuador se han acumulado por más de 20 años y que no se puede esperar soluciones inmediatas en un solo año.
El periodista Eduardo Andino le preguntó al asambleísta de ADN si, con los altos niveles de violencia en el país, se debía seguir esperando que los resultados del Plan Fénix «se vayan dando». Chamba respondió que el presidente recibió un país en crisis y que estaba «haciendo todo lo posible» para solucionar los problemas. Pidió «mesura» en las críticas.
Cuando se le consultó sobre los efectos concretos de la consulta popular y el endurecimiento de penas, el asambleísta evitó dar respuestas directas. En un momento de la entrevista, expresó su molestia ante los cuestionamientos de la prensa, asegurando que hay una postura de «crítica destructiva». (Ver alerta)
El mes finalizó con dos lamentables casos de impedimento del ejercicio periodístico.
El 27 de febrero el periodista de La Posta, Jorge Navarrete, fue impedido de ingresar a la constatación en vivo de la calidad de los chalecos antibalas de las Fuerzas Armadas. El evento fue organizado por el Ministerio de Defensa luego de varios cuestionamientos públicos sobre la calidad de los chalecos y cascos adquiridos; además de, posibles irregularidades en los procesos de adquisición.
El jueves 26 de febrero, La Posta y el medio digital La Defensa publicaron información sobre un supuesto contrato millonario que las Fuerzas Armadas habrían dado a una empresa privada a cambio de chalecos y cascos de mala calidad que podrían poner en riesgo la vida de los militares. Tras esto, el Ministerio de Defensa organizó, al día siguiente, una prueba balística para demostrar ante la prensa que los cascos y chalecos adquiridos cumplen con los estándares internacionales.
Al lugar acudió el periodista de La Posta quien grabó con su teléfono celular el momento en que funcionarios del Ministerio le dicen que no puede realizar la cobertura del evento porque no estaba acreditado. En el video se ve como el periodista explica que intentó acreditarse el día anterior y nunca respondieron desde el departamento de comunicación de la Cartera de Estado. (Ver alerta)
El 27 de febrero, las instalaciones del medio de comunicación “El Mercurio Manta” fueron clausuradas por parte del Municipio de Manta alegando que no se había cumplido con una deuda de la “licencia única anual”. El medio considera que fue una retaliación por las publicaciones que han realizado sobre la falta de obras en la ciudad y por dar espacio a denuncias ciudadanas.
Tres funcionarios públicos de la alcaldía de Manta llegaron a las oficinas de El Mercurio con el objetivo de suspender las instalaciones. En un video, publicado por el propio medio, se observa que uno de los funcionarios explicó: “el medio no cuenta con la licencia única de funcionamiento, que es el documento que finalmente otorga el GAD para que pueda ejercer dicha actividad”.
Ataques digitales: el pan de cada día
Este mes, varios medios de comunicación, periodistas e incluso académicos han sido atacados y censurados en redes sociales por dar su opinión o publicar contenido de interés público.
Es el caso del politólogo Arduino Tomasi que recibió una notificación de la plataforma X (antes Twitter) de una queja legal en su contra porque una publicación suya violaría las leyes del Ecuador. El contenido en cuestión es un análisis que publicó en febrero de 2024, en el que relaciona las cifras de muertes violentas con las rutas del narcotráfico durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Según la notificación enviada por X, la plataforma recibió una «correspondencia oficial» en la que se argumenta que la publicación de Tomasi infringe normativas ecuatorianas. No obstante, hasta el momento, la empresa no ha tomado acciones contra el contenido. (Ver alerta)
Lupa Media, portal de verificación, también fue atacado en X. El usuario “Anonymous Cyber Hunters” aseguró que Lupa Media era un medio “pagado” por el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa y los amenazó con sacarlos del aire.
Este usuario escribió: “También nos encargamos de las #fakeNews pagadas por @MashiRafael #TangoDown lupa.com.ec” “Dile al MASHI que te pague un mejor servicio”. El post incluye una foto del sitio web caído. La directora ejecutiva de Lupa Media, Carolina Bazante, desmintió en X que tenga relación alguna con el correísmo e indicó que la página funciona con normalidad. Bazante aclaró que Lupa Media no trabaja para ninguna agenda política. “Lupa Media es una organización independiente y apartidista, creada con el único propósito de aportar a la sociedad ecuatoriana”, escribió Bazante en su cuenta personal. Añadió que no tienen relación con la Revolución Ciudadana e incluso que Correa la tiene bloqueada desde hace varios años. (Ver alerta)
Radio Pichincha, medio que se financia con dineros públicos, denunció el domingo 16 de febrero un ataque digital a su página web por parte del mismo usuario de X @YourAnonHunters. Radio Pichincha emitió un comunicado y explicó que, alrededor de las 15h30 del domingo 16 de febrero, el usuario de X, @YourAnonHunters, anunció un ataque sistemático contra los servidores de la radio. “Lamentablemente este grupo de ciberdelincuentes ha logrado dar de baja la página principal de nuestro medio de comunicación, y por el momento, estamos fuera de la red”, se lee en el texto de Radio Pichincha. (Ver alerta)
La periodista y columnista del medio Primicias, María Sol Borja, se convirtió en el blanco de críticas en redes sociales tras la publicación de un artículo de opinión sobre Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Usuarios de la plataforma X insultaron a la periodista e incluso la amenazaron de muerte.
«¿Es real, Primicias? ¿Prestar una columna de su medio para esto? Existen problemas mucho más relevantes», cuestionó uno de los usuarios. Las reacciones negativas se intensificaron cuando otros usuarios señalaron que las críticas a Valbonesi podrían estar motivadas por el contexto electoral. El padre de la periodista, Diego Borja, es candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, partido del expresidente Rafael Correa y rival del oficialismo.
Este nexo fue utilizado para reducir la crítica a la ‘Primera Dama’ como supuesta campaña. Sin embargo, Borja dijo a Fundamedios que ella se mantiene alejada de la candidatura de su padre y que, incluso, ha sido criticada por el propio correísmo en varias ocasiones. Borja dentro de la ola de ataques en redes sociales, recibió una amenaza de muerte: “los pautados también terminan presos o en su defecto muertos”. La catalogaron de “envidiosa” y que estaba “odiando” a Valbonesi. (Ver alerta)
El drástico aumento de agresiones en febrero, especialmente durante el proceso electoral, evidencia un ambiente de creciente hostilidad hacia la prensa y mayores restricciones al acceso a la información. La participación de actores estatales en más de la mitad de los casos refleja una preocupante tendencia de censura y represión. Fundamedios seguirá monitoreando y denunciando estos ataques, exigiendo garantías para el ejercicio del periodismo en el país.