Entre 2007 y enero de 2022, Fundamedios registró 3090 agresiones contra la prensa. Sólo en febrero de 2022 se produjeron 20 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador.
Las agresiones ocurridas en febrero disminuyeron con relación a las de enero, que llegaron a 25. Sin embargo, en este mes se registró un incremento en los ataques contra mujeres periodistas con la presencia de machismo y misoginia.
Las cifras de febrero
En total, 12 periodistas fueron agredidos: 7 hombres y 6 mujeres; además cinco medios de comunicación y dos activistas. El Estado fue el principal agresor, en 8 ocasiones. Seguido de actores No Estatales, con otros 8 casos.
Asimismo, se registraron seis alertas por Discurso Estigmatizante; cuatro casos de falta de Acceso a la Información; dos Amenazas, tres agresiones y otras alertas por Procesos Judiciales, Restricción de Derechos Digitales; Normas Contrarias a Estándares Internacionales y Derecho de Asociación.
El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron 14 agresiones contra la prensa, cinco en Guayas y una en Imbabura.
Entre 2007 y enero de 2022, Fundamedios registró 3090 agresiones contra la prensa. Sólo en febrero de 2022 se produjeron 20 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador.
Las agresiones ocurridas en febrero disminuyeron con relación a las de enero, que llegaron a 25. Sin embargo, en este mes se registró un incremento en los ataques contra mujeres periodistas con la presencia de machismo y misoginia.
Las cifras de febrero
En total, 12 periodistas fueron agredidos: 7 hombres y 6 mujeres; además cinco medios de comunicación y dos activistas. El Estado fue el principal agresor, en 8 ocasiones. Seguido de actores No Estatales, con otros 8 casos.
Asimismo, se registraron seis alertas por Discurso Estigmatizante; cuatro casos de falta de Acceso a la Información; dos Amenazas, tres agresiones y otras alertas por Procesos Judiciales, Restricción de Derechos Digitales; Normas Contrarias a Estándares Internacionales y Derecho de Asociación.
El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron 14 agresiones contra la prensa, cinco en Guayas y una en Imbabura.
Principales Tendencias
Las agresiones contra Mujeres periodistas fueron constantes
Febrero fue un mes en el que la violencia en contra de mujeres periodistas se expresó en varias aristas. Desde ataques en redes sociales, campañas de desprestigio, acusaciones a través de comunicados e incluso procesos penales inconclusos y apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía ante acusaciones de acoso en medios de comunicación.
Entre los casos más destacados están cuando la periodista Janet Hinostroza fue el centro de una serie de descalificaciones e insultos luego de un trino engañoso con el mensaje: “Miseria humana”. El tuit fue lanzado por Andrés Reliche, quien se define como periodista y durante el correísmo fue editor de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES) , un brazo de propaganda de la Secretaría Nacional de Comunicación, en la época de Fernando Alvarado. El mensaje fue replicado por otros comunicadores como Holguer Guerrero, fue asesor de exlegisladores de Alianza PAIS. A pesar de que el mensaje fue borrado horas después de la cuenta de Reliche, los insultos misóginos, las descalificaciones y los cuestionamientos a la labor periodística de Hinostroza tomaron fuerza.
Otra periodista, Dayanna Monroy, enfrenta una investigación —por la denuncia del expresidente Abdalá Bucaram Ortíz por el presunto delito de revelación ilegal de base de datos— que continúa abierta después de un año.
Furukawa, empresa productora de fibra de abacá envió una carta a Plan V que descalificó el trabajo de la periodista Susana Morán: asegura que su crónica está llena de imprecisiones y equivocaciones y que la información no refleja la realidad y actualidad del caso. Posteriormente, los representantes de la empresa y los periodistas que han investigado el caso, mantuvieron una larga entrevista.
La periodista del diario Expreso Sara Ortiz fue el centro de una serie de insultos y descalificaciones en redes sociales. Los ataques se produjeron luego del trino de Verónica Silva Alcócer, quien tiene un contrato con la Prefectura de Pichincha y aseguró que la información que publicó Ortiz es falsa.
Otro acontecimiento que suscitó el interés de la opinión pública fue la publicación de videos con comentarios inapropiados contra las mujeres. Mario Canessa, propietario de medios de comunicación, dirigente deportivo, director del programa radial Los Comentaristas y columnista deportivo del diario El Universo, agredió verbalmente con una pregunta machista a Nadia Manosalvas, conductora de un segmento del programa ‘Esto es fútbol’. En pleno estudio, Canessa le dijo en dos ocasiones: “¿Cómo hace usted para estar tan buena?”. Asimismo, se viralizó el video del programa deportivo Tiempo Extra, en el que el comentarista Santiago Bucaram le dice a la conductora Mariapaz Maldonado: “A tu novio no le gusta que vengas sin sostén y has venido otra vez sin sostén y están los ojos virolos”.
Además, la Fiscalía General anunció en su cuenta de Twitter que abrió una investigación previa por presunto acoso sexual a periodistas deportivas. Especificaron que los hechos habrían ocurrido en una emisora de Guayaquil y que fue una excolaboradora de ese medio la que hizo públicos los acontecimientos e hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen presuntos «favores sexuales a cambio de laborar en la radio».
En la arena digital las mujeres también fueron agredidas. El excandidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID) Xavier Hervas bloqueó de su cuenta de Twitter a varias activistas por los derechos de la mujer, que le acusaron de tener un doble discurso en el tema del aborto por violación.
Un periodista, en la mira del Alcalde de Durán
Durante los últimos meses Durán, Guayas, ha vivido una ola de fuerte violencia con la presencia de grupos armados, crimen organizado y narcotráfico. PlanV reveló a través de la investigación ‘Durán: atrapada entre las mafias del agua, las bandas y el tráfico de tierras’, cómo en los últimos 12 años, Durán ha recibido USD 47 millones para agua potable y alcantarillado, pero sólo el 30% de sus habitantes tiene conexión de agua potable.
PlanV presentó un panel para hablar sobre este tema. Durante el programa, el conductor sostiene que el relato del Gobierno atribuye las situaciones de violencia en Durán a la injerencia de carteles Mexicanos y le pregunta al autor de la investigación, Leonardo G. Ponce si existen mafias locales que tienen intereses propios. El periodista aseguró que no se puede mantener una mafia o un sistema de crimen organizado sin el apoyo de ciertas autoridades y que cree que hay “personas con algo de poder que están actuando en colaboración con grupos criminales en Durán y eso es lo que hace que este sistema perverso prevalezca”.
Luego del programa, el alcalde del cantón Durán, Dalton Narváez, amenazó vía telefónica al periodista, becario de Plan V, con seguirle un proceso judicial por calumnias. “Si yo vivo en la luna no es tu problema, en los juzgados nos vemos, lo voy a meter una querella porque usted me está calumniando, injuriando señor Leonardo Ponce, en los juzgados nos vemos”.
El Alcalde de Durán emitió, además, un comunicado a través del cual descalificó el trabajo del periodista becario de Plan V, y lo responsabilizó por la integridad de él y de su familia. Aseguró que luego de la opinión del periodista su madre sufrió un atentado, cuando dos hombres intentaron ingresar a su domicilio. “Responsabilizo abiertamente a Leonardo Ponce y a quienes se hacen eco de la misma de cualquier atentado que pudiera recibir mi familia o quien les habla”, aseguró.
Fundamedios lanzó un comunicado en respaldo al periodista y recordó al Alcalde de Durán que lanzar un comunicado empapelando a un periodista y responsabilizándolo de los posibles atentados contra él o su familia es un claro acto de intimidación contra el comunicador, que podría generar autocensura y lo responsabilizaron por la vida e integridad del periodista Leonardo G. Ponce y de su familia.
El acceso a la información pública a cuestas…
Las restricciones en el acceso a la información ocurrieron desde el espacio público e incluso en el ámbito deportivo en mundo del fútbol y del ciclismo.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Persona Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) invitó a algunos periodistas a un “conversatorio” que se desarrolló con hermetismo y dificultades para el acceso a la información por parte de la institución: sólo permitieron la grabación de una declaración y no se les permitió grabar las preguntas.
En la arena deportiva, el periodista Ernesto Almeida fue impedido de realizar la cobertura de la prueba de ruta del Campeonato Ecuatoriano de Ciclismo. La razón es que no recibió la acreditación de prensa para el evento, a pesar de que desde el medio de comunicación se realizaron los trámites pertinentes para su obtención, ante la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Radio Redonda se refirió en un comunicado a una afrenta a la trayectoria del periodista y la Federación De Periodistas Deportivos de Pichincha solicitó explicaciones. La Federación ha mantenido silencio sobre el tema.
Asimismo, los criterios que la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) establece al momento de entregar las acreditaciones para los medios de comunicación, en el marco del Covid-19, dejan por fuera de la cobertura de los partidos a equipos técnicos de medios de comunicación, limitando el acceso de la prensa.
Dos organismos del estado atacaron la libertad de acceso a la información y el derecho de asociación
Desde el Estado Central se produjeron acciones, ya sea por falta de recursos o por falta de normativa, que produjeron afectaciones en los derechos de participación y en los de asociación de los ciudadanos.
El medio de comunicación digital Imbabura En Línea fue eliminado del Registro Público de Medios por parte del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, a pesar de que el medio digital ya obtuvo el Certificado de su Registro hace siete meses, lo que les permite contratar con el Estado en el Portal de Compras Públicas o para pautar en época electoral. Desde el Consejo de Comunicación, reconocieron que el registro de Imbabura Online se dió por un error de un funcionario y que se percataron de ello tras el ataque informático del 3 de agosto, cuando se borró alguna información del organismo.
Un grupo de fundaciones cuyo ámbito de acción es la lucha contra la corrupción y la fiscalización del Estado, no ha podido obtener su personería jurídica en el Ministerio de Gobierno y, en algunos casos, los trámites reposan en la institución por más de un año.
El artículo 7 del Decreto 193 establece que, para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro las instituciones competentes del Estado observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales. Con este Decreto, el expresidente Lenín Moreno derogó el Decreto 16 y el 739, aprobados durante el gobierno de Rafael Correa, para normar y controlar la entrega de la personalidad jurídica a las organizaciones y que fueron cuestionados como atentatorios contra el Derecho de Asociación.
A su vez, el Decreto Ejecutivo 732 suprimió la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que tenía a su cargo el otorgar personería jurídica a las organizaciones que quieran dedicarse a luchar contra la corrupción. Esta potestad pasó a formar parte del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, los problemas en la entrega de la personería jurídica dentro de esa institución incluyen falta de respuesta a consultas y falta de personal capacitado para atender a ciudadanos.