Fundamedios alertó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la campaña internacional y nacional contra periodistas de medios digitales y representantes de organizaciones sociales ecuatorianas que los ha calificado de supuestos agentes de la CIA. Lo hizo el jueves, 9 de junio, durante el 158 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH, que se lleva a cabo en Santiago de Chile.
César Ricaurte, director de Fundamedios, informó a los comisionados sobre la campaña de difamación que inició la cadena venezolana Telesur y que ha sido replicada por los medios gubernamentales ecuatorianos. “Estamos siendo perseguidos a través de una campaña de difamación acusándonos de agentes de la CIA, de querer conspirar contra el Gobierno ecuatoriano para derrocarlo y de preparar incluso un magnicidio. Estas acusaciones tan graves por supuesto abren posibilidades de acciones penales en nuestra contra”, manifestó.
Estas declaraciones se dieron durante la audiencia “Derecho a la libertad de expresión y normas penales sobre difamación en América del Sur” en la que además de Fundamedios participaron el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú.
Allí el ecuatoriano fue citado como un “caso regional negativo”. “Existe una creciente tendencia a usar de forma creativa varios tipos penales que en principio no tienen nada que ver con la expresión ni el periodismo y que debían aplicarse de forma restringida como el tipo penal de terrorismo y sabotaje”, argumentó Ricaurte. En este sentido recordó los casos de los 10 de Luluncoto, los 29 de Saraguro y de otras formas de persecución contra medios, periodistas y hasta caricaturistas a través de procesos administrativos.
El balance regional lo expuso Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), quien habló sobre los hallazgos del estudio “Los críticos no son delincuentes: Estudio comparativo de las leyes penales de difamación en las Américas”. Uno de ellos tiene que ver con que todos los países sudamericanos tienen disposiciones que penalizan la difamación y a menudo son invocadas para castigar a periodistas críticos y así crear un efecto intimatorio sobre la prensa. Agregó que estas leyes violan los estándares internacionales.
Por su parte, Roberto Pereira, de IPYS Perú, contó tres casos de este tipo de sanciones en su país; el más reciente es el del periodista y director de Perú 21, Juan José Garrido, denunciado por el Gobernador de Callao por difundir información sobre posibles actos de corrupción en los que supuestamente estaría involucrado el funcionario.
Finalmente, Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, lamentó la opinión del comisionado Francisco Eguiguren, quien dijo no compartir la propuesta de los peticionarios de despenalizar la difamación en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión. Para Eguiguren, una propuesta así genera “cierta sensación de búsqueda de impunidad frente a lo que puede hacer cierta prensa deliberadamente”. También agregó: “Coincido en el diagnóstico, pero no en la receta para tratar la enfermedad. Porque el delito de difamación es muy antiguo y no tiene por qué ser malo si está bien tipificado y si está bien aplicado (…) Esta es una postura sindical de periodistas, pero qué pasa con el resto de la gente, corre el riesgo de dejar desprotegidos al resto de ciudadanos”, dijo el comisionado.
En este sentido Alarcón respondió que es penoso que dentro de la CIDH no se tenga en cuenta los avances sobre el derecho a la libertad de expresión, que ha costado varios casos y varias víctimas. “Jamás los defensores de DDHH vamos a estar en búsqueda de la impunidad, al contrario somos víctimas de la impunidad. Creo que es importante mencionar que ningún derecho está por encima de otro, la razón de la no aplicación del derecho penal cuando se ejerce la libertad de expresión tiene una razón de ser, porque jamás mi libertad personal vale menos que el derecho a la honra de otra persona. Ningún derecho vale más que otro. Hemos defendido la responsabilidad civil, pero jamás la penal y mucho menos (que sea) desproporcionada. Porque en el caso particular de Ecuador la honra de un Presidente no puede valer uno, dos o cuarenta millones de dólares”.