Ecuador, 18 de octubre de 2024. El pasado 14 de octubre, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 421, introduciendo reformas a 16 artículos del Reglamento de la Ley de Comunicación y convocando a un nuevo concurso para la adjudicación de frecuencias radioeléctricas. Este concurso, que deberá ser convocado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) en un plazo de 60 días, se anuncia en un momento políticamente delicado: a solo cuatro meses de los comicios generales en los que se definirá el futuro político del país.
Fundamedios expresa su profunda preocupación por el momento y la forma en que se ha decidido realizar esta convocatoria. Convocar a un concurso de frecuencias en medio de un proceso electoral plantea serios riesgos para la imparcialidad y transparencia de la adjudicación. Esta decisión no solo es inoportuna, sino que además puede interpretarse como una maniobra que favorezca intereses políticos y particulares, comprometiendo gravemente la confianza pública en la administración del espectro radioeléctrico, un bien estratégico para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los antecedentes nos recuerdan la complejidad de estos procesos. Los concursos de frecuencias de 2016-2017 y 2020-2021 fracasaron rotundamente en su objetivo de democratizar el acceso a las ondas radioeléctricas. En el primer caso, el proceso estuvo plagado de irregularidades, retrasos injustificados y una clara falta de transparencia que dejó al país sin una adjudicación equitativa. De igual manera, el concurso de 2020-2021, en medio de la pandemia, repitió los mismos vicios, evidenciando la ausencia de un marco normativo robusto y de mecanismos de control adecuados, lo que resultó en adjudicaciones cuestionables y en la concentración indebida de frecuencias en manos de pocos actores.
Repetir un proceso de esta magnitud en plena época electoral abre la puerta a las mismas irregularidades. La falta de un contexto político estable, en combinación con el ambiente de polarización que caracteriza toda elección, aumenta el riesgo de que el concurso se vea manipulado por intereses políticos que buscan influir en la conformación del mapa mediático del país. Fundamedios considera que esto no solo es inadecuado, sino peligroso para la pluralidad informativa en Ecuador.
En este sentido, Fundamedios anuncia la conformación de una veeduría ciudadana para monitorear y vigilar de cerca este proceso. El objetivo es asegurar que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) actúe con total transparencia, garantizando un concurso justo, competitivo y alineado con las mejores prácticas internacionales en materia de adjudicación de frecuencias. Esta veeduría buscará evitar que se repitan los errores del pasado, documentando cualquier irregularidad que pudiera surgir durante el proceso.
Para evitar nuevas fallas y conflictos de interés, exigimos que se implemente un reglamento claro, con procedimientos específicos que aseguren igualdad de condiciones para todos los actores interesados. El diseño y ejecución del concurso de frecuencias debe seguir los más altos estándares de integridad, transparencia y participación. Esto no solo implica garantizar que la información sobre el proceso sea pública y accesible, sino también que se promueva una verdadera competencia entre los participantes, evitando cualquier tipo de favoritismo o interferencia política.
Fundamedios insta a las autoridades a posponer la convocatoria hasta que el país se encuentre en un ambiente político más estable y propicio para llevar a cabo un proceso de esta envergadura. La adjudicación de frecuencias no debe ser objeto de improvisación ni de presiones coyunturales; al contrario, requiere de una planificación cuidadosa y de un estricto apego a los principios de justicia y equidad.
El pluralismo informativo está en juego, y con él, la capacidad de la ciudadanía de acceder a información diversa, veraz y libre de interferencias. Fundamedios continuará su labor de defensa de la libertad de expresión y vigilará, a través de esta veeduría, que el proceso de adjudicación de frecuencias se realice en un marco de total transparencia, evitando los errores que ya han costado caro a la democracia ecuatoriana en el pasado.