El pasado 1 de noviembre, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe preliminar sobre el crimen en contra de los periodistas del equipo de Diario El Comercio perpetrado en abril pasado, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

En el documento se indica que en la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la FGE realice un esfuerzo integrador que permita incorporar las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Fiscalía incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico.

Basados en estas conclusiones, desde FUNDAMEDIOS consideramos que Wilson Toainga, fiscal a cargo del caso, ha dado muestras suficientes de negligencia y falta de idoneidad, por lo cual solicitamos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias para rencauzar las investigaciones y evitar que este crimen execrable quede en la impunidad. Entre estas acciones se torna necesario y urgente el cambio del Fiscal, actualmente responsable de las indagaciones en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

FUNDAMEDIOS se hace eco de las primeras conclusiones de la CIDH. “El derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido apareja el deber de las autoridades investigativas de examinar todas las variables que el caso plantea, de ahí la necesidad que se aborde esta línea de investigación de manera que se establezca cómo se gestionó el paso de los comunicadores mientras se mantuvo el estado de excepción decretado en la zona; si se adoptaron medidas de prevención y protección a periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían y si eran suficientes para la protección de la integridad de los periodistas; así como las recomendaciones que se les impartieron en el puesto de control militar, entre otros aspectos”.

El informe preliminar del ESE también recomendó a la FGE incorporar a su plan de trabajo, actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado, para lo cual es importante profundizar la investigación en relación al trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley, lo que a la postre podría abrir otro abanico de posibilidades acerca de la verdad de lo sucedido y de sus responsables.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recuerda que frente a crímenes contra periodistas, los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia en las investigaciones, hecho que el fiscal Wilson Toainga, siete meses después de lo ocurrido, no ha logrado establecer.