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Fundamedios en comparecencia en la Asamblea Nacional plantea la necesidad de contar con una autoridad única para el acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales 

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La sesión N°42 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional realizada este miércoles 21 de abril de 2021 recibió  a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, y a Frank La Rue, ex Relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, quienes presentaron sus observaciones al proyecto de acceso a la información pública que se encuentra en debate en dicha Comisión. 

Frank La Rue señaló que debe existir un órgano vigilante de la ley que garantice su cumplimiento: “Es importante que en la Ley de acceso y la Ley de protección de datos se cuente con un órgano colegiado que garantice la normativa”, recalcó. 

El exrelator mencionó que el organismo de control debe tomar decisiones e imponer sanciones cuando estas no sean cumplidas. Frank La Rue afirmó que debe existir la posibilidad que este órgano autónomo sea el mismo para la ley de protección de datos personales como para la de acceso a la información pública. 

A su vez, aseguró que es fundamental que este organismo no pertenezca a ningún ente del Gobierno y que pueda garantizar su autonomía a través de presupuesto y representatividad propia, para tomar decisiones independientes. 

César Ricaurte, por su lado, señaló la importancia de tratar esta ley para proteger, promover y garantizar el derecho humano de acceso a la información y contar con una herramienta fundamental para combatir la corrupción en el país.

El director de Fundamedios coincidió en la necesidad de contar con un órgano autónomo que dé cumplimiento de la legislación y que tenga facultad sancionatoria para los sujetos obligados que incumplan este cuerpo normativo: “Respecto a la autoridad de acceso a la información, la entidad designada en el proyecto de Ley debe ser un órgano autónomo, independiente de la influencia política, y especializado con facultades de supervisión y generación de políticas públicas de transparencia y acceso a la información, cumplimiento de la legislación resolución de controversias que surgen entre el derecho de acceso a la información pública y el interés del Estado de proteger determinada información, y con facultad sancionatoria en caso de incumplimiento del cuerpo normativo”, expuso Ricaurte

Más adelante añadió, con respecto al mismo tema -uno de los nudos críticos de la Ley- “que el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fue recientemente aprobado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, en la que se incluye la creación de una Superintendencia de Datos Personales, por lo que de aprobarse dicho proyecto, sería factible armonizar este proyecto con el de Datos Personales en cuanto a la Autoridad de Vigilancia y Supervisión en materia de Acceso a la Información Pública, puesto que sus facultades van de la mano y emulando el modelo mexicano contar con un órgano colegiado especializado que tenga ambas facultades, de forma que pueda realizar una ponderación de derechos resulta favorable para la garantía de los mismos”. 

Finalmente, indicó también que el proyecto que se trate debe garantizar el acceso a la información sin ningún tipo de excepción relacionada con graves violaciones de Derechos Humanos, así como investigaciones en posibles casos de corrupción. 

La Comisión de Derechos Colectivos comenzó la discusión de la nueva Ley de Acceso a la Información sobre la base del proyecto que el año fue elaborado por Fundamedios conjuntamente con el Grupo Legislativo por la Transparencia y el Acceso a la Información confirmado por los actuales asambleístas: Wilma Andrade, Jeannine Cruz, Guillermo Celi, Roberto Gómez, Lourde Cuesta, César Litardo, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Mae Montaño, Héctor Muñoz, Cristina Reyes, César Solórzano, Jaime Olivo, Héctor Yépez. 

Algunos de estos asambleístas que han sido reelectos junto con otro grupos de asambleístas electos han reiterado su compromiso para seguir el tratamiento de esta Ley indispensable para garantizar el derecho humano fundamental del acceso a la información pública y herramienta de primera línea en la lucha contra la corrupción como parte de la Hoja de Ruta para la Libertad de Expresión 2021-2025.