Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.