Dentro de las audiencias del 159 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene lugar en Panamá, este viernes 2 de diciembre representantes de cuatro organizaciones ecuatorianas expusieron la situación de la libertad de expresión en Ecuador.
A la reunión no acudió ningún representante del Estado ecuatoriano, no obstante pocos minutos después de finalizada la audiencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador emitió un comunicado con una serie de amenazas y falsas acusaciones en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, Fundamedios y, en general, contra los peticionarios.
Fundamedios, y las demás organizaciones participantes de la audiencia rechazan el comunicado de la Cancillería de Ecuador que califica de “actuación irregular” a la convocatoria realizada por la CIDH a una audiencia pública sobre la libertad de expresión en el país, que habla de una inexistente “utilización político partidaria” a la presencia de las organizaciones, llegando incluso a imputar falsamente un delito de colusión con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estos pronunciamientos constituyen claramente amenazas, represalias y acciones de descrédito por haber participado de una audiencia e informado a los Comisionados sobre la situación de la libertad de expresión en el país.
Recordamos al gobierno de Ecuador que de acuerdo al Reglamento de la Comisión Interamericana, es su deber “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y que no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
En la audiencia César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios señaló que “estos dos últimos años serán recordados como los más críticos para el ejercicio de la libertad de expresión y en particular para el trabajo de la prensa en Ecuador”. Recordó además que la legislación ecuatoriana con respecto a comunicación es “una de las más restrictivas del continente”. En su intervención resumió el tipo de agresiones que se han registrado en 2015 y 2016, desde la censura previa a través de la imposición de contenidos, ejercida por autoridades estatales, hasta la persecusión a ciudadanos y activistas que expresan su opinión por medio de Internet y redes sociales.
Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios, explicó que durante el 2015 se registró 377 agresiones, y que “los ataques aumentaron un 44% respecto a 2014, que cerró con 254 agresiones”. Añadió que se ha incrementado un tipo de agresión de manera preocupante: la vulneración de la libertad de expresión en Internet. Señaló además que el principal agresor en todos estos casos sigue siendo el Estado, y que la situación de 2016 resulta aún peor, pues hasta el momento se ha registrado un total de 460 agresiones. En cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, presentó estadísticas levantadas por la organización (554 procesos contra medios de comunicación, de los cuales, 398 culminaron en sanción), que por falta de transparencia de la SUPERCOM constituye un subregistro, pues el Superintendente ha mencionado más de 890 procesos en el mismo período.
Diego Cornejo-Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), se refirió en específico a casos de aplicación de la Ley Orgáncia de Comunicación, destacando que los más afectados son los medios privados que han recibido el 95% de sanciones. Presentó además información sobre discurso estigmatizante en Internet y redes sociales, a partir del estudio realizado por Fundamedios, titulado “Tuitómetro: La batalla en 140 caracteres”, según el cual la mayor cantidad de mensajes se dedican a desmentir noticias, atacar los contenidos de los medios de comunicación, asegurar que la prensa utiliza un doble discurso en la información; y agredir a organismos y organizaciones sociales que se pronuncian sobre el trabajo de la prensa.
Por su parte, Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se refirió al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales que se discute actualmente en la Asamblea Nacional. En su intervención resaltó que dicha propuesta de norma no delimita de manera clara cuál será su ámbito de aplicación, ni distingue entre la información personal de los ciudadanos y la información que debería ser catalogada de interés público, además de que una entidad gubernamental, dependiente del Poder Ejecutivo, tendría que llevar un registro de todas las bases de datos personales del país y estaría facultada a imponer sanciones que van desde una multa hasta la remisión de información a la Fiscalía para iniciar acciones penales.
El periodista y editor de la revista digital Plan V, Juan Carlos Calderón, presentó varios pedidos a la CIDH:
Una visita in loco a Ecuador, formando parte de la misión electoral que la Organización de Estados Americanos enviará al país en febrero de 2017, para elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral.
Respecto a la situación de libertad de expresión en Internet, realice un pronunciamiento claro en contra de los actos de censura de los gobiernos en este espacio.
Monitorear y vigilar el concurso de frecuencias que se lleva a cabo en Ecuador y esté atenta ante los posibles casos que se presenten al respecto.
Que la CIDH preste especial atención a las peticiones de medidas cautelares relacionadas con casos que ocurran en Ecuador, y las atienda en consideración de la urgencia con la que son requeridas.
Que la CIDH siga apoyando de forma decisiva los pronunciamientos de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión sobre la situación de Ecuador y respaldar su trabajo frente a los ataques del Gobierno.
Que se exhorte a la Asamblea Nacional de Ecuador a archivar el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, o en su defecto, adecuarlo a estándares internacionales.
Finalmente Juan Carlos Solines, en representación del Observatorio de Frecuencias, presentó información relacionada con la forma en que se está llevando a cabo el mayor concurso en la historia del país para la concesión de más de 1400 frecuencias de radio y televisión. Destacó la falta de transparencia permanente en dicho proceso y el caso de corrupción que actualmente se investiga en el país respecto de altos funcionarios del Gobierno nacional que habrían recibido dinero para favorecer a determinados concursantes. Señaló además que el Observatorio ha pedido la suspensión del concurso por “la falta de transparencia y garantías.”
Los Comisionados de la CIDH y el Relator Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación frente a la situación de Ecuador y lamentaron la ausencia de representantes del Estado en la audiencia. La relatora de país, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se comprometió a atender los requerimientos realizados por las organizaciones civiles que acudieron a la cita. Señaló que analizará el proyecto de Ley de protección de datos, con el fin de verificar si se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
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