Ecuador, 03 de febrero de 2022. Fundamedios y el Instituto Republicano Internacional (IRI) organizaron un encuentro, esta vez con asambleístas de la bancada Izquierda Democrática, para analizar los avances de dos de los cuerpos legales más importantes para Ecuador en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información: la Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y la Ley de Acceso a la Información Pública, que actualmente se encuentran en manos del Legislativo.
César Ricaurte, director de Fundamedios, dijo que ambos cuerpos normativos son perfectibles. Resaltó la importancia de espacios de convergencia entre criterios legislativos y las necesidades y principios expuestos por la sociedad civil.
Miguel Hernández, representante del IRI, resaltó que mientras más libertad de expresión exista, más alto será el grado de democracia en Ecuador. También destacó la importancia de que el Estado garantice que sus ciudadanos tengan varias fuentes informativas.
Wilma Andrade fue la primera legisladora en intervenir. Mencionó la importancia del acompañamiento de expertos de la sociedad civil a la hora de construir leyes, debido a la existencia de temas altamente técnicos que deben ser tratados por el órgano legislativo.
El nudo crítico en el primer debate de la Ley de Libertad de Expresión, coincidió Andrade con Ricaurte, fue que existieron asambleístas que piensan que el Estado debe controlar la opinión pública, lo cual limita el quehacer periodístico y la posibilidad de fiscalizar y hacer públicas las distorsiones del poder público en todas sus instancias.
El legislador Ramiro Narváez alertó sobre una debilidad de la ley en el marco de protección a periodistas. Comentó que en el proyecto solo existen tres artículos relativos a este tema, lo que considera insuficiente, y mencionó que, junto con su equipo, se permitió presentar un alcance al proyecto de Ley de Libertad de Expresión, añadiendo un capítulo específico respecto a la protección de los periodistas en el ejercicio de sus funciones. Entre las propuestas están ampliar la definición de las actividades consideradas de riesgo, incluir temas de género, mejorar la transparencia y eficacia en los procesos de investigación y reparación integral.
Xavier Santos, por otro lado, dijo que es clave construir leyes adecuadas con la participación y revisión de la sociedad civil, junto con la articulación de gremios y academia. Asimismo, acotó sobre la necesidad de garantizar derechos y también obligaciones. Santos mencionó que hacen falta mecanismos de seguimiento a las leyes.
Legisladores como Eckenner Recalde y Lucía Placencia respaldaron el compromiso de la bancada con la revisión de las observaciones enviadas por Fundamedios para su incorporación en el articulado.
La Izquierda Democrática solicitó a Fundamedios que envíe sus observaciones, con respaldo técnico y analítico, sobre los puntos que considera fundamentales a la hora de seguir puliendo el proyecto de ley en discusión. La bancada se comprometió a incidir en que las sugerencias de Fundamedios se tomen en cuenta en la Comisión pertinente.
Cesar Ricaurte concluyó recordando que las leyes deben contemplar garantías con miras en la triple dimensión de la Libertad de Expresión: como derecho individual para la realización de la dignidad de las personas, como derecho colectivo que garantiza otros derechos como los políticos y civiles, y como un derecho fundamental para el funcionamiento de una democracia, pues esta es considerada uno de los tres pilares de la democracia, junto con elecciones libres y justicia independiente.
En cuanto a la nueva Ley de Acceso a la Información Pública se hizo énfasis en la necesidad de avanzar en el diseño de un organismo garante del derecho de acceso que vaya en la línea de lo que recomiendan los estándares internacionales. Durante la reunión se notificó que la nueva Ley de Acceso será tratada el viernes 4 de febrero.