Viernes, 20 de enero de 2012   

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, presentó ante el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha un escrito en apoyo al pedido de medidas cautelares presentado, previamente, por la Unión Nacional de Periodistas contra el veto del Ejecutivo a las reformas electorales.

Para Fundamedios este pedido tiene como objetivo impedir la inminente violación de derechos, que se produciría  si entrara en vigencia el veto presidencial a las reformas al Código de la Democracia.

En el escrito se explica que las reformas contenidas en el texto amenazan, de modo inminente y grave, con violar los derechos, garantías y libertades constitucionales de igualdad ante la ley, de no discriminación, de opinión, de expresión, de comunicación, de información, de seguridad jurídica, de promoción electoral, de los derechos políticos y pureza del sufragio.

Así como contraviene las prohibiciones constitucionales de publicidad estatal y uso de recursos e infraestructura del Estado.

El escrito señala, además, que el veto  introduce severas limitaciones al derecho de los ecuatorianos a informar y ser informados sin censura previa, tal como nos garantiza la Constitución, en su artículo 18.

De darse las medidas cautelares, se pide que el Presidente de la República retire la objeción parcial y se abstenga de continuar con el proceso de aprobación de la reforma en materia electoral hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya oficializado el cambio de fecha de las elecciones generales de 2013, así como deberá abstenerse de enviar al Registro Oficial para publicación el texto de reformas que incluyan sus sugerencias actuales de textos alternativos.

Así como que el  Presidente de la Asamblea Nacional, en caso de que el Presidente de la República no retire su objeción parcial, proceda a incluir el tratamiento de dicha objeción en el orden del día de alguna las sesiones de la Asamblea para que sus miembros procedan a votar y adopten una decisión ANTES del 4 de febrero de 2012, fecha en que vence el plazo para el pronunciamiento del legislativo.

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