Ecuador, 12 de octubre de 2022· La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional se allanó a los artículos de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas de la Ley de Comunicación.
Como en anteriores ocasiones, se generaron dos bandos dentro de la Comisión: Los legisladores Luis Cervantes (BAN), Elías Jachero, (BAN) Jéssica Castillo (ala tradicional de PK), Juan Fernando Flores (CREO) y Marjorie Chávez (PSC) votaron a favor de la propuesta del Ejecutivo, argumentando que sus objeciones al texto propuesto se ajustan a la Constitución y a estándares internacionales. Pero los legisladores Fernando Cedeño, Raysa Corral, Mónica Palacios (UNES), y Ángel Maita (ala rebelde de Pachakutik) votaron en contra.
El 24 de agosto de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió el veto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación aprobadas por la Asamblea Nacional el 21 de julio. Este veto mixto se centró en la inconstitucionalidad de 18 artículos (enviados a la Corte Constitucional) y 33 por objeción parcial (enviados a la Asamblea).
Entre los artículos vetados por el Ejecutivo están la eliminación de la opinión como contenido comunicacional, la incorporación de responsabilidades “de otras índoles” en el ejercicio periodístico (lo que podría incrementar el rango de sanciones y penas contra los periodistas), la garantía de verdad por parte del Estado, el papel del Estado en el Consejo de Comunicación y los mecanismos de protección a periodistas.
La Corte Constitucional aceptó 12 de las 18 objeciones, y resolvió conflictos jurídicos, como el reconocimiento de la opinión como derecho autónomo; la identificación de los medios de comunicación como canales de transmisión de opiniones; señaló que atribuir una responsabilidad ulterior a la opinión es incompatible con esta protección reconocida en la Constitución, resaltando que el derecho a la verdad asiste a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, por lo que el término “derecho a la verdad”, en este artículo, sería incorrecto. Asimismo, sobre los defensores de audiencia, ratificó que la regulación de esta figura por una entidad como la Defensoría del Pueblo restringe de forma indirecta el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y representa una intromisión estatal injustificada en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa.
Entre los artículos a los que se allanó la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea constan el 5, relativo a las normas de regulación voluntaria de los medios de comunicación social y garantías al ejercicio del periodismo; el 6, sobre la libertad de expresión e internet; el 16, sobre la protección a la identidad e imagen; el 21, referido a la participación ciudadana; y el 22, sobre la protección a los trabajadores de la comunicación.
Igualmente, se allanaron a los textos de los artículos 25, sobre la integración del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; 26, relativo a las funciones del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; 29, relacionado con el contenido discriminatorio; 31, sobre contenido violento; 55, que se refiere a que la autoridad de telecomunicaciones llamará a concurso público para la adjudicación de frecuencias, entre otros.
Para allanarse, se necesitan 70 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. En cambio, para que la Asamblea pueda ratificar lo aprobado en julio, se necesitan 92.
Fundamedios exhorta al Pleno de la Asamblea Nacional a votar a favor del informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, que está encaminado a garantizar la protección del derecho a la libertad de expresión y no insistir en unos textos que desembocarían en contar con una Ley restrictiva que viola tratados internacionales de Derechos Humanos, tal como sucedía con las reformas originalmente aprobadas en la Asamblea Nacional.