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Fundamedios expone sobre las restricciones a la libertad de asociación, en audiencia conjunta ante la CIDH

por | Mar 28, 2012 | Actividades, Comunicados

Las «Restricciones legales a la libertad de asociación en las Américas» fueron expuestas por FUNDAMEDIOS y otras seis organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica, en el marco del 144º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede, Washington D.C., el 28 de marzo

Mauricio Alarcón, director de proyectos de FUNDAMEDIOS dijo, durante su intervención, que en Ecuador una docena de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y resoluciones regulan el accionar de la sociedad civil. Sin embargo, no hay normas en el rango legal que garanticen plenamente la libertad de asociación.

En este sentido, Alarcón se refirió a los recientes reglamentos y decretos que restringen el derecho a la libre asociación, como la reforma al Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que entró en vigor a partir de marzo de 2008 -mediante decreto presidencial- estableciendo una serie de restricciones a la creación y funcionamiento de organizaciones.

Sobre este punto, expuso las trabas que tienen las organizaciones de la sociedad civil que pretenden constituirse, con la exigencia de un requisito patrimonial mínimo de 4000 dólares o la obligación general que tienen las ya constituidas de presentar actas de asambleas, informes económicos y de auditoría, entre otras.

Asimismo, cuestionó la «enorme subjetividad» que existe al establecer – según la norma entrada en vigencia a partir de mediados de 2011- como causal de disolución de una organización el comprometer los intereses del Estado y la creación de nuevos decretos ejecutivos para regular las organizaciones no gubernamentales extranjeras, la cooperación internacional y el voluntariado.

En esta audiencia también participaron delegados de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá, la Fundación Construir de Bolivia, Perú Equidad y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

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