La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, FLIP, junto a Fundamedios y los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo en Mataje, Esmeraldas, presentaron este 10 de abril de 2018 un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
El objetivo es que este organismo otorgue las medidas de protección necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y a la libertad de expresión del reportero Javier Ortega Reyes, el fotógrafo Paúl Rivas Bravo y el conductor Efraín Segarra Abril.
En ese sentido, los peticionarios hacen siete pedidos a la CIDH. Uno de ellos es exhortar a la creación de una mesa de trabajo conjunta en la que participen delegados de los Estados de Colombia y Ecuador, con la presencia de los familiares de los periodistas secuestrados, así como de organizaciones de la sociedad civil de ambos países y representantes de la comunidad internacional. Esto con el fin de definir determinar la ruta a adoptar para garantizar los derechos de los periodistas y darle seguimiento a la investigación.
También solicitan la adopción de medidas para salvaguardar la integridad personal y el derecho a la vida del equipo periodístico; que ambos Estados aseguren que la acción militar para rescatar a los periodistas sea la última y remota instancia a la que puedan recurrir para que queden en libertad, ya que ello pone en riesgo la vida e integridad de estas personas.
Otro pedido es que tanto Colombia como Ecuador suministren toda la información de manera “clara, precisa y completa” sobre la situación de los secuestrados y que se otorguen todas las garantías necesarias para que se pueda activar la presencia de organismos internacionales humanitarios, como la Cruz Roja Internacional, en la zona de frontera, para acelerar el proceso de liberación.
Los peticionarios también solicitan que, una vez sean liberados los periodistas y el trabajador del medio, se adopten las medidas necesarias para evitar represalias contra ellos o sus familias y, finalmente que se adopten las medidas que la Comisión considere pertinentes para lograr esclarecer estos hechos y brindar todas las garantías necesarias para que estas personas sean liberadas con prontitud y en garantía de sus derechos.
Los peticionarios recordaron a la CIDH que, a pesar de que las autoridades de ambos países afirman haber implementado los protocolos pertinentes para obtener la liberación de los periodistas, estos continúan secuestrados y completan más de 15 días secuestrados, con el agravante de que no existe una versión oficial que indique si los comunicadores se encuentran en territorio ecuatoriano o colombiano.
“El hecho que tres periodistas se encuentren secuestrados, es una situación de extrema gravedad, teniendo en cuenta que la privación de la libertad por parte de grupos armados ilegales, tales como las disidencias de las FARC, es un factor de riesgo inminente para sus derechos a la vida, la integridad y libertad personal, así como una violación al derecho a la libertad de expresión de quienes se encuentren privados de la libertad con ocasión al trabajo periodístico que desarrollan”, reza parte del pedido que pone en contexto que los secuestros se dieron mientras las víctimas ejercían su labor periodística, en el marco de hechos violentos y atentados ocurridos en las últimas semanas. El ataque más reciente ocurrió el pasado 20 de marzo y cobró la vida de tres soldados.