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Fundamedios pide al Gobierno y a los municipios abstenerse de implementar el reconocimiento facial en Ecuador

por | Dic 9, 2021 | Informes, Investigaciones

El país no tiene garantías legales para la aplicación de tecnología biométrica y se incumplen con estándares internacionales para resguardar la privacidad ciudadana. 

Fundamedios insta al Gobierno y a los municipios a prescindir de la implementación de tecnología de vigilancia biométrica como es el reconocimiento facial. Tal como se demuestra en la investigación hecha por la organización, Ecuador no cuenta en la actualidad con una legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante la actual videovigilancia. El país, además, incumple con los estándares internacionales que recomiendan a los Estados tomar medidas eficaces para impedir la retención, el procesamiento y el uso ilegales de datos personales almacenados por las autoridades públicas y por empresas. La vigilancia indiscriminada y masiva además vulnera el derecho de reunión pacífica, según la ONU.

Por ello, Fundamedios hace un llamado a la Asamblea Nacional a definir la normativa necesaria que llene el vacío actual y regule el uso de videovigilancia. Es importante que el país adopte las recomendaciones de las Naciones Unidas ante la implementación de vigilancia masiva con inteligencia artificial. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo de 2021, no menciona los límites de la videovigilancia,  ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia (ni reconocimiento facial). 

Fundamedios además señala que es fundamental que se levante la reserva de información confidencial que el ECU 911 mantiene desde 2013 en los protocolos,  procedimientos, metodologías, instructivos para la atención de emergencias, videovigilancia y recepción de llamadas al 911. La confidencialidad está establecida hasta el año 2028. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, la confidencialidad sólo se aplica a temas de defensa nacional ante posibles amenazas en contra del Estado, información sobre ubicación de material bélico y fondos de reserva para defensa nacional. Por ello, no se justifica que los procedimientos del ECU 911 sean reservados. 

Estas peticiones surgen después de la investigación “La videovigilancia  en Ecuador desde la perspectiva de los derechos humanos” que Fundamedios realizó con el apoyo de Derechos Digitales durante cuatro meses (julio- octubre 2021). Para ello, revisó la documentación de cuatro municipios: Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga y del ECU 911. Realizó 25 peticiones de acceso a la información a instituciones involucradas en el tema, realizó más de 12 entrevistas y revisó decenas de decretos, contratos, además de la revisión de la legislación nacional e internacional. 

Dentro de los hallazgos también se constató que muchos de los funcionarios públicos encargados de la videovigilancia en el país desconocen que el rostro es un dato personal. Fundamedios detectó la necesidad de mayor capacitación de los operadores de seguridad y de justicia en materia de derechos humanos y sus posibles vulneraciones. Otro hallazgo preocupante fue que algunas instituciones analizadas usan de forma indiscriminada contenidos de la videovigilancia para su comunicación institucional en redes sociales, pese a que este contenido sólo puede usarse para fines judiciales. 

En este sentido, Fundamedios considera fundamental que la ciudadanía eleve su conciencia respecto a su derecho a la privacidad y a la intimidad y demande su respecto.

La investigación constató que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, el Consejo para la Seguridad Ciudadana de Cuenca y el Municipio de Latacunga han adquirido 353 cámaras con capacidad de reconocimiento facial por casi 3 millones de dólares, hasta octubre de 2021. Sin embargo, ninguna de estas cámaras cumple con la capacidad de reconocimiento facial al no estar conectadas a una base de datos con el software adecuado. 

A Fundamedios le preocupa que en los próximos años se prevé la compra masiva de tecnología de reconocimiento facial sin contar con una legislación robusta que impida la vulneración de derechos ciudadanos. Por ejemplo, el Municipio de Guayaquil anunció una inversión de 30 millones de dólares para comprar 15 mil cámaras con reconocimiento facial durante los próximos 4 años. El ECU 911 también analiza la compra de 1.294 cámaras con estas características que serán operadas por la Policía Nacional.

Mayor información:

Paola Aguilar

Info@fundamedios.org

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