El pasado 27 de junio, dos meses atrás, la Contraloría General del Estado emitió un informe vinculante y definitivo que ordena la suspensión del concurso público de 1472 Frecuencias de Radio y TV. El proceso había sido convocado durante la fase final del régimen de Rafael Correa como un nuevo mecanismo de presión, persecución y control a los medios de comunicación, en vísperas de las elecciones generales que se realizaron en febrero de 2017.

El resultado fue un proceso amañado, lleno de irregularidades, nada transparente y destinado a reforzar la concentración de medios en grupos afines al Gobierno.

La Contraloría también ordena acciones inmediatas de las autoridades y, especialmente, de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), convocante al concurso fallido. La Arcotel debía revisar una por una las 283 licencias ya concesionadas y revertir las que incurrieran en las causales de nulidad, previamente señaladas por la entidad de control.

Dos meses después, somos testigos de la pasividad, incapacidad y negligencia de las autoridades de este organismo que no han dado ninguna respuesta ante las recomendaciones de Contraloría. Esto ha causado que la situación se transforme en un problema que crece día a día como una bola de nieve.

Arcotel está en la obligación de informar inmediatamente sobre las medidas que tomará para subsanar las irregularidades del concurso anterior y anunciar la convocatoria a uno nuevo, apenas se aprueben las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El proceso se debe realizar a través de un diálogo público y transparente con todos los sectores involucrados. Hasta el momento, la respuesta ha sido la opuesta; es decir, no dar respuestas, negarse a entregar información y a entrevistas como las que continuamente Fundamedios ha pedido con el Presidente de la Agencia.

Ante la inacción estatal, la respuesta de otros grupos ha sido la pesca a río revuelto, tratando de introducir una disposición transitoria de última hora en las reformas a la LOC para que se renueven automáticamente las frecuencias de radio y TV. Fundamedios rechaza y denuncia este hecho de un craso oportunismo, antidemocrático y que significa regresar al manejo arbitrario de un recurso público como es el espectro radioeléctrico.

No es dable que este tipo de prebendas se presenten como una medida de reparación ante la persecución que sufrieron periodistas y medios de comunicación durante el régimen autoritario de Rafael Correa. El asunto de la memoria y reparación no debe ser tratado a este nivel de frivolidad. Las medidas de reparación no pueden darse sobre la vulneración de principios fundamentales de la dimensión social de la libertad de expresión como el pluralismo y la diversidad y contrariando estándares internacionales.

En los ‘Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “El principio 13 de la Declaración de Principios ha destacado que ‘las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos’”. En el mismo sentido, la CIDH indica que “uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información”.

Para más adelante clarificar más el estándar. Por un lado, “los Estados deben abstenerse de realizar acciones o favorecer prácticas que de cualquier manera se encuentren dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones que, de iure o de facto, discriminen o excluyan arbitrariamente a ciertos grupos o personas en el goce o ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Por otro lado, los Estados “deben adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Es claro que una renovación automática de frecuencias por un lapso de 10 años violaría de forma severa estos principios de libertad de expresión, por lo cual la Asamblea debe abstenerse de conocer o de aprobar la propuesta de transitoria presentada por algún sector de la radiodifusión comercial y cumplir estrictamente el compromiso de ajustar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación a los estándares internacionales.

Hacemos un llamado a todos los sectores a deponer agendas particulares y pensar en este momento de transición de un régimen autoritario a un modelo democrático a la construcción de sólidas instituciones basadas en el diálogo y el consenso, y no en la imposición de medidas que benefician a un sector en desmedro de otros.

Hacemos un llamado al Estado para que acoja las recomendaciones del Relator Especial de Libertad de Expresión, quien en su informe preliminar tras la visita oficial al país recomendó “establecer un espacio o consejo de consulta de todos los actores involucrados (medios públicos, privados, comerciales y comunitarios), a los efectos de establecer un diálogo sobre el marco general de distribución del espectro, la revisión caso a caso de los títulos ya otorgados para contemplar a los beneficiarios de buena fe; y el establecimiento de los nuevos procesos de asignación. La Relatoría Especial ofrece su seguimiento y asesoramiento técnico al Estado para afrontar este proceso”.