Fundamedios participó en la apertura de las mesas técnicas de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para tratar los primeros artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la primera vez que Ecuador contará con una norma de esta naturaleza y Frank LaRue, Ex Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas para compareció en esta sesión junto a invitados invitó a representantes de la sociedad civil, académicos y expertos a discutir
El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019.
Janette Colamarco, CEO de Legaltech, fue una de las ponentes. La experta en Derecho de la Nueva Tecnología señaló que el objeto de la Ley debe ser la regulación del ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Actualmente se enuncian otros aspectos como la autodeterminación normativa y derechos digitales que, en lugar de aportar, pueden “distraer y confundir”.
Pablo Solines coincidió con ese punto de vista. El abogado insistió en que mencionar varios derechos en un mismo articulado puede resultar contraproducente para el ciudadano, pues no ve con claridad el propósito de la norma que pretende salvaguardar a la persona en toda su dimensión.
En el primer avance de la discusión se acogieron las sugerencias de los expositores. En ese sentido, se contempla como objeto “regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través del desarrollo de principios, derechos, obligaciones, mecanismos de tutela recogidos en la presente Ley”.
Frank LaRue, actual Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, precisó que mientras más clara y concisa sea el cuerpo legal tendrá un mayor impacto. Enfatizó en que es necesario revisar la terminología para evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Como ejemplo, mencionó el artículo 2 sobre la finalidad para garantizar los derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos.
LaRue aseguró que es caduco referirse solo a las libertades individuales, pues ahora también existen libertades colectivas en las cuales se ejercen los derechos. “No mencionarla sería una grave omisión al mismo derecho”, explicó.
Sobre el artículo 27 que menciona el llamado “Derecho al olvido”, el Director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que los derechos deben ser planteados siempre de forma positiva y no negativa. En ese sentido, olvidar constituiría una acción que se contradice con la memoria histórica. Por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad, los datos de personas involucradas jamás deberían eliminarse, así como los de las víctimas de las dictaduras o genocidios. “Es un tema que debería revisarse”.
Diego Beltrán, docente de la Universidad SEK, celebró que se haya planteado la discusión sobre un “derecho constitucional ampliamente olvidado”. Insistió en que el debate debe apalancarse en la Constitución. Especificó que actualmente la utilización de datos personales no pertenece únicamente a entidades bancarias, sino a tiendas de consumo, hospitales, líneas aéreas, escuelas… “Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y le interesa a toda la población”.
En la sesión, que gira en torno a cada uno de los artículos, también se discutió sobre alcance de la Ley, la territorialidad y la confidencialidad de los datos con un consentimiento general y reforzado para que favorezca al emprendimiento, la innovación y no perjudique los derechos ciudadanos.