La Ley de Inteligencia en Ecuador pone en riesgo la privacidad, el acceso a la información y la libertad de prensa
Alertamos que la nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, aprobada con mayoría oficialista en la Asamblea y publicada en el Registro Oficial, abre la puerta al uso político de la vigilancia estatal, sin controles judiciales ni transparencia. El periodismo, la libertad de expresión y los derechos fundamentales están en riesgo. Se hace un llamado al Ejecutivo para que proceda a su veto re, la Asamblea y a la comunidad internacional para frenar su implementación.
Ecuador, 11 de junio de 2025.- Desde la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, impulsada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Aunque se argumenta que esta normativa busca fortalecer la seguridad nacional, su contenido abre la puerta al uso político del aparato de inteligencia del Estado y debilita los principios democráticos sobre los que debe construirse toda política pública en materia de seguridad.
El proyecto fue desarrollado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea, presidida por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, y aprobado con 77 votos, el mínimo requerido, tras una votación cerrada, la tarde del 10 de junio de este año y ya fue promulgada por el presidente Daniel Noboa sin veto. La ley contempla la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que proporcionará información directamente al Presidente de la República. Su máxima autoridad tendrá rango de ministro y será nombrada por el propio Presidente, lo que concentra el poder sin controles independientes ni contrapesos democráticos.
Nos preocupa profundamente que:
- Se autorice la interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa, dejando esta facultad en manos de una autoridad política.
- Se obliga a las operadoras de telecomunicaciones a proporcionar información sobre sus usuarios sin la necesidad de una orden judicial.
- Los fondos destinados al Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) serán clasificados, y la Contraloría General del Estado sólo podrá realizar una revisión de los gastos una vez ejecutados, sin tener acceso a información detallada.
- La ley autoriza el uso de información confidencial en el marco de la seguridad nacional, pero no establece de manera clara las finalidades legítimas de este tratamiento.
- Se permite un uso amplio y poco definido de datos personales, sin respetar principios de finalidad y proporcionalidad.
Estas disposiciones no solo colocan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente al poder estatal, sino que además vulneran gravemente el trabajo de periodistas y medios de comunicación, al restringir el derecho de acceso a información pública y al permitir un entorno de vigilancia sin ningún tipo de control. Además, podrían convertirse en objetivos del aparato de inteligencia y de control a las voces críticas.
Por ello, exigimos a todos los entes rectores del Estado, Defensoría del Pueblo, al Consejo de Comunicación y al Mecanismo de Protección y Prevención del Trabajo Periodístico a:
- Garantizar control judicial previo para toda acción que afecte comunicaciones o datos personales.
- Asegurar transparencia y supervisión externa real sobre el sistema de inteligencia.
- Proteger el derecho de periodistas y medios a acceder a información pública y a ejercer su labor sin temor a represalias.
- Incorporar límites claros al uso de datos personales y garantizar su tratamiento conforme a la ley.
Además, hacemos un llamado urgente a los mecanismos internacionales de derechos humanos, a organismos multilaterales y a redes de sociedad civil de la región y el mundo, para que vigilen la implementación de esta ley en Ecuador y exijan el respeto a los estándares internacionales sobre datos personales, libertad de expresión, libertad de acceso a la información y derechos humanos.