Ecuador, 24 de noviembre de 2022· El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad —con 118 votos— el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene como objetivo garantizar el acceso a esta información de manera justificada, oportuna, completa y fidedigna.
Este proyecto fue debatido el pasado 01 de noviembre y recibió varias observaciones, que fueron recogidas por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Ferdinan Álvarez, presidente de esta Mesa, ratificó que las observaciones relacionadas con la desclasificación de la información reservada por la Asamblea Nacional, la transparencia de convenios, contratos que se hagan con fundaciones u organismos no gubernamentales también fueron acogidas.
No obstante, si bien el proyecto recoge varias ampliaciones respecto a sujetos obligados, a obligaciones de transparencia activa, procesos de clasificación y desclasificación de la información, así como también fortalece los mecanismos de participación ciudadana, desde Fundamedios observamos con preocupación la falta de un órgano administrativo especializado destinado a supervisar y satisfacer el cumplimiento de la Legislación y la resolución de controversias que surgen entre el derecho de acceso a la información pública y el interés del Estado en proteger determinada información, con base en las limitaciones legalmente establecidas.
En el proyecto, este rol es asignado a la Defensoría del Pueblo, una entidad que, como bien ha indicado la Corte Constitucional, únicamente tiene competencias de magistratura ética, sin posibilidad de emitir decisiones vinculantes u obligatorias a otras entidades, perdiendo así la posibilidad de fortalecer la Ley con un órgano rector acorde a estándares internacionales, que pueda resolver controversias a través de pronunciamiento vinculantes o sancionatorios. Además de esto, la Comisión le asignó facultades que contradicen lo establecido por la Corte Constitucional, estableciendo las competencias de dictaminar correctivos necesarios de aplicación obligatoria a la información que se difunde, así como realizar informes vinculantes a la Contraloría General del Estado.
La Comisión también agregó la Disposición Transitoria Novena, que incluye el desarrollo de un formulario de datos personales para el solicitante, previo a acceder al portal informático web en aras de prevenir el mal uso de la información, algo que completamente contradice los estándares internacionales de Derechos Humanos, pues puede ser utilizado como un mecanismo de sanción y hostigamiento a las personas que solicitan información.
Para Fundamedios, una nueva Ley de Acceso a la Información Pública es importante, pues permite a la ciudadanía acceder a información pública de calidad y completa acerca de sus derechos y de las acciones que el Estado esté implementando para garantizarlos; permite también ejercer su rol fiscalizador a la ciudadanía, para conocer si el Estado está destinando los recursos públicos a la satisfacción de sus necesidades, y no a satisfacer intereses propios. Por esta razón, solicitamos al Ejecutivo que se proceda al veto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ratificando la importancia de crear un Órgano Garante independiente, técnico y especializado que tenga las herramientas necesarias para la implementación de la Ley, y que respete los estándares internacionales de Derechos Humanos.