En los últimos dos años se ha deteriorado gravemente la situación de la prensa en el Ecuador. Esta semana, una misión del CPJ visitó el país y generó respuestas y compromisos desde el Estado.
Después de una reunión mantenida con periodistas, en la que se dialogó sobre la inseguridad para el ejercicio del oficio, el director de Fundamedios, César Ricaurte; Carlos Martínez de la Serna y Carlos Lauría, del Comité Para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), expusieron esas inquietudes a la fiscal general, Diana Salazar, al secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, a la Secretaria de Comunicación, Wendy Reyes, con el objetivo de buscar la manera de mejorar las condiciones del ejercicio profesional.
Durante el diálogo que mantuvieron con las autoridades, indicaron que la ola de inseguridad que vive el país tiene un especial impacto en el trabajo de los periodistas y medios de comunicación del país. En los últimos dos años se han registrado 3 asesinatos de periodistas en condiciones no esclarecidas, decenas de atentados con explosivos, amenazas constantes. El periodismo no es una víctima más de la situación de inseguridad que vive el país, sino que es un blanco directo de las acciones de los grupos de delincuencia organizada. Hay que considerar que esta situación tiene enormes consecuencias para los derechos de los ciudadanos a dar y recibir información y conlleva el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Carlos Martínez de la Serna dijo que, de los testimonios recogidos, se ha detectado que hay por lo menos 6 zonas silenciadas en el país, en las cuales la intimidación, hostigamiento e impunidad es plan de cada día y que hay una responsabilidad de los Fiscales del país, ya que las investigaciones registran avances muy leves. Se cito a Nos Faltan 3 como el caso emblemático en este sentido.
Una de las preocupaciones recurrentes es la falta de confianza que hay al momento de poner una denuncia, sobre todo en zonas remotas del país, ya que no se sabe si fiscales y policías tienen nexos ocultos con las bandas delincuenciales, lo que pondría en más riesgo la integridad de quienes hacen la denuncia.
En cambio, Lauría agregó que es importante la respuesta que dé el Estado a esos casos que están en investigación, para que lleguen a su esclarecimiento y que la prensa pueda seguir informando con libertad.
Además se observó que el sistema Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, a cargo de la Fiscalía, no es una respuesta efectiva a las necesidades de los periodistas que se acogen a él, y también se cuestionó la Guía para la práctica del periodismo en contextos judiciales, elaborada por esa institución, que es una recopilación de normativa local e internacional. Sobre todo, el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con prisión de uno a tres años a quien difunda información reservada. Para Ricaurte es necesario que la Guía pondere los derechos y se ajuste a estándares internacionales.
Otro tema que fue analizado es la necesidad urgente de emitir el reglamento a la Ley de Comunicación vigente.
La misión del CPJ, acompañada por Fundamedios, también fue recibida en el Consejo de Comunicación por su presidenta Janine Cruz, quien expuso las cifras del monitoreo oficial sobre agresiones contra la prensa que reafirma la información presentada por la sociedad civil y los periodistas del país. Presentó el diseño del Mecanismo de Protección a Periodistas creado por la Ley de Comunicación y cuya coordinación es responsabilidad del Consejo, aunque reitero que la ausencia total de presupuesto para operar el Mecanismo es un obstáculo muy importante para su implementación.
La misión del CPJ compartió está visión sobre la necesidad ineludible de que desde el Gobierno se asignen los fondos necesarios para la operación del Mecanismo de Protección a Periodistas y anunció el compromiso del Secretario de la Administración, Sebastián en ese sentido.
Finalmente, la Misión del Consejo fue recibido en la Presidencia de la Asamblea por los asesores principales del presidente Virgilio Saquicela, con quienes se discutió acerca de la importancia que desde el principal espacio de debate político del país, se de un claro respaldo al trabajo de los periodistas y medios de comunicación, en un escenario de constante discurso estigmatizante altos niveles de violencia contra los periodistas.
La respuesta de las autoridades
La Fiscal General Diana Salazar aseguró que apoya la libertad de prensa, incluyendo una condición subjetiva desde el poder. Salazar manifestó que la institución que dirige tiene competencias limitadas, ya que la seguridad depende de la Policía, y que para proceder a una investigación es necesario que se presente la denuncia. “No se puede adivinar que una persona es objeto de amenazas, si no presenta una denuncia”, dijo Salazar, al tiempo de manifestar que en muchos casos hay falta de colaboración de los denunciantes para poder orientar la investigación.
Sobre el programa de Protección a Víctimas y Testigos, aseguró que uno de los grandes problemas es la falta de recursos económicos que permitan su operatividad, por lo que ha solicitado que se le declare en emergencia, pero su pedido no ha sido atendido por el Gobierno.
El Secretario general de la Administración, Sebastián Corral reiteró que este Gobierno, a diferencia del correísmo, ha sido de lo más respetuoso de las libertades de prensa y de expresión. Manifestó que todo el país vive una crisis de inseguridad sin precedentes, de la que no sólo son víctimas los periodistas, sino también fiscales, policías y ciudadanía en general.
Los compromisos
Corral, a nombre del Ejecutivo, se comprometió a gestionar para que el reglamento a la Ley de Comunicación se publique pronto, e incluir en este reglamento la asignación de recursos para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a periodistas que está previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación. Además, dijo que dialogará con la Fiscal sobre el programa de Protección a Víctimas, para analizar en conjunto el camino a seguir. También manifestó que en la próxima reunión de Gabinete pondrá en debate el apoyo a la alfabetización digital, para que sea acogida por todas las instancias del Gobierno.
Por su parte, Salazar manifestó que se podría estar pensando en una reforma al 180 del COIP, para exceptuar de las sanciones a quienes divulguen información reservada cuando ésta tenga fines periodísticos. Salazar surgió también establecer una especie de apoyo con organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios, para que sean quienes alerten de las denuncias de quienes se sienten amenazados profesionalmente y no quieren hacerlo directamente ante la Fiscalía.