Quito, 24 de diciembre de 2021
Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de la libertad de expresión se reunieron el pasado lunes 20 de diciembre con altas autoridades del Gobierno nacional, la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla.
Aparte de las autoridades, en la reunión participaron Danilo Villarroel presidente de la Federación Nacional de Periodistas FENAPE-FIP, Miriam Zambrano Coordinadora General de la Red de Periodistas Libres, RPL, Diego Cazar de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Rebeca Villota del medio digital UDLA Channel, Ricardo Rivas y Patricio Segarra de la Fundación Nos Faltan Tres.
La cita se dio luego de una carta pública emitida por las organizaciones el pasado14 de diciembre donde se solicitó que se abra un proceso de diálogo para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.
César Ricaurte, director de Fundamedios, presentó información histórica sobre los altos índices de violencia contra periodistas, que el país viene sufriendo desde hace más de una década, y para exponer la necesidad urgente de políticas integrales de protección y seguridad a la prensa.
Comentó, además, que en épocas de elecciones, el índice histórico de crecimiento de violencia contra periodistas aumenta. Así mismo, desde el posicionamiento de Guillermo Lasso se registraron 135 agresiones contra periodistas. El año 2021 se cierra con 281.
Ricaurte mencionó que entre los mayores agresores estatales, están las Fuerzas de Orden Público, principalmente la Policía. Resaltó que las tensiones entre periodistas y policías es una constante que trasciende fronteras, sin embargo, no se deben cruzar las líneas de respeto mutuo, por el bien de la salud democrática. El objetivo de visibilizar la falta de protección al trabajo periodístico, por lo tanto, es poder avanzar en procesos de capacitación.
Entre las situaciones que han puesto a los periodistas en riesgo, sin duda están:
La estigmatización continua, permanente y sistemática de actores estatales, no estatales y paraestatales.
La impunidad manifestada en la falta de investigación y castigo a en crímenes, agresiones y amenazas contra periodistas, incluido el emblemático caso de secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, ha traído como consecuencia la naturalización de agresiones contra la prensa.
La creciente presencia de grupos de delincuencia organizada y su penetración incluso en las fuerzas de seguridad del Estado.
Los casos de corrupción que han afectado gravemente al país.
Las agresiones con base en género, lo cual ha convertido a las mujeres periodistas en un grupo especialmente vulnerable de agresiones y amenazas.
Tanto la ministra Vela y el secretario Bonilla mostraron su apertura para trabajar en los pedidos realizados por las organizaciones encaminados a la protección de los periodistas del país, así como a tener un diálogo más fluido para contrarrestar de manera efectiva esos ataques.
Por otro lado, las autoridades se comprometieron a impulsar el Comité de Protección de Periodistas con una estructura idónea para que sea la instancia clave que defina y lleve adelante las políticas públicas necesarias para garantizar el trabajo de todos los periodistas de forma segura y protegida.