Graves problemas en el apresurado sistema de registro que se puso en marcha bajo el Decreto 16

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

Las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos autoconvocados en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y Derechos Fundamentales expresamos lo siguiente:

1. Las entidades no gubernamentales y los sectores sociales que denunciamos la violación de derechos fundamentales que representa el Decreto 16 consideramos que la re-inscripción automática realizada por Secretaría de Gestión de la Política fue inconsulta e incluso arbitraria con 46.000 organizaciones de derecho del país amenazadas con su desaparición legal ante la entrada en vigencia del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) y que no soluciona los problemas de fondo que plantea el Decreto 16 a la organización social en el Ecuador.

2. Así, la situación de miles de organizaciones de base, comunas, comunidades, gremios, sindicatos, parcialidades, barrios, recintos, comités de pequeños comerciantes y otras formas de organización de la sociedad civil milenarias, constituidas de hecho o que están en situación irregular, al no poder registrar estatutos o directivas por negligencia de las mismas entidades del Estado han sido puestas al borde de la ilegalidad por no constar en el SUIOS, lo cual es una situación muy grave.

3. El Colectivo señala que si bien el Decreto 16 solo debía regular a las organizaciones sin fines de lucro, en el SUIOS se ha registrado a organizaciones con fines de lucro y que nada tienen que ver con el mencionado Decreto 16, como cajas comunales, cooperativas, etc. El Sistema puesto en operación por la Secretaría de Gestión Política de la Presidencia estás lejos de ser veraz y confiable, pero además se ha podido comprobar que tampoco contiene información fiable o actualizada de las organizaciones.

4. Tantos problemas en la plataforma parece ser fruto del apuro y la improvisación. No quisiéramos pensar que la vigencia del Sistema de esta forma no es más que una trampa para que después se cierre una tenaza sobre las organizaciones, incluso aquellas reconocidas en el SUIOS, a pretexto de la verificación de datos.

5. Tampoco existe ninguna garantía de que el SUIOS tal como ha sido puesto en operación garantice el derecho de privacidad de las personas establecidos en la Constitución y las leyes y que al final nuestros datos sean proclives a ser manipulados por cualquier persona o entidad pública o privada.

6. Las organizaciones de este Colectivo volvemos a insistir ante el Ejecutivo por la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 16, ante la negligencia e ineficiencia de la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Lo hacemos fundamentados en que el Decreto 16 atenta contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos, sanciona el ejercicio de un derecho fundamental y transgrede el principio de legalidad, dado que se estaría juzgando y sancionando a las personas por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley.

7. El Decreto 16 pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de ley, que significa que solo la Asamblea Nacional, a través de una Ley Orgánica, puede regular derechos humanos fundamentales, como es el caso de la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos.

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones», pero que ellos «deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones». Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento para registrar una OSC «debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo solicitante negado además debe tener acceso a «un recurso adecuado y efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que permita impugnar cualquier resolución […] ante una autoridad independiente de la que estableció la restricción”.

9. Recordamos también que la Constitución prohíbe expresamente la regresividad en los derechos. Estos, según la Carta Magna deben ser progresivos, deben ampliarse. Cualquier restricción que se pretenda, significaría reformas constitucionales que solo se podrían aprobar vía Asamblea Constituyente.

10. Por todo ello, las organizaciones rechazamos la inscripción forzada y arbitraria al que hemos sido sometidos. Reiteramos nuestra posición desde el ejercicio del derecho a la resistencia, establecido en la Constitución, e insistimos en la derogatoria del Decreto 16.