La consejera Marcela Miranda, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dijo ayer, martes 27 que “hay voluntad política” para revisar las inconsistencias del Decreto 16 señaladas por una docena de organizaciones sociales que acudieron a una reunión de trabajo en el organismo con el fin de pedir la derogatoria de dicho Decreto.
En la cita estuvieron presentes seis de los siete consejeros del CPCCS y al menos cinco se mostraron a favor de atender las demandas de las organizaciones, que consideran al Decreto 16 como inconstitucional y violatorio del derecho de libre asociación.
El Decreto 16 está vigente desde el 20 de junio del 2013. Dispone como causal de disolución de las organizaciones la participación en actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado o que afecten la paz pública y establece un registro único para todo tipo de organización de la sociedad civil.
Miranda señaló que efectivamente el Decreto 16 es incoherente con el artículo 96 de la Constitución, que reconoce todas las formas de organización de la sociedad. Coincidió con el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, en que la disposición presidencial se confunden los roles de las organizaciones ciudadanas y de las no gubernamentales. “Me parece que hay algunos artículos que hay que analizarlos cotejándolos con la Constitución”, dijo Miranda y se mostró a favor de hacer una mesa de trabajo sobre el Decreto 16 con las organizaciones.
Los consejeros David Rosero y Andrea Rivera reiteraron que las organizaciones de hecho “no pueden ser invisibilizadas por un Decreto”. Y el consejero Hugo Arias se mostró a favor de la movilización de las organizaciones sociales para la derogatoria de esta disposición presidencial y de respaldar un Amicus curiae (cuando un tercero envía sus criterios para que la Corte o Tribunal los considere en su decisión) para agilitar el trámite de las tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto que se encuentran en la Corte Constitucional. No se pronunció la consejera Mónica Banegas.