Durante estos 15 años, Fundamedios ha enfocado su trabajo en fortalecer y defender las libertades de expresión, prensa y acceso a la información, a través del establecimiento de una metodología. Esto nos convierte en los pioneros de Ecuador en evaluar el estado de estas libertades. Han sido 15 años de lucha, 15 años de esfuerzos y aprendizajes colectivos y, de todo este tiempo, hemos elegido 15 HITOS que definen el camino andado:
La entrada en vigencia de la Ley de Comunicación, el 13 de julio de 2013, marcó un antes y un después en las labores de nuestra organización. Desde ese momento nuestros esfuerzos se multiplicaron frente a un Estado que, en ese entonces, con Ley en mano y bajo parámetros ampliamente discrecionales, vulneró el derecho a expresarnos.
La aprobación de esta norma, claramente contraría a estándares internacionales de Derechos Humanos, motivó a que nuestra organización, con el respaldo de 60 personalidades del periodismo, la sociedad civil, el arte, la cultura y la academia, presentaran ante la Corte Constitucional de Ecuador una acción legal para declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Esta acción fue rechazada por la Corte Constitucional.
El 4 de junio de 2013 entró en vigencia, por primera vez en la historia del país, una norma que pretendía establecer, no solo el procedimiento para el registro de las organizaciones de la sociedad civil en un sistema informático desarrollado por el Gobierno, sino también las subjetivas causales por las cuales una organización podía ser disuelta sin tener derecho a que el debido proceso sea efectivo. Esta norma fue emitida por el expresidente de la República, Rafael Correa, irrespetando así, de manera expresa, los principios jurídicos de legalidad y reserva de Ley, pues a través de los Decretos Ejecutivos No. 16 y No. 739 —que fueron derogados por luego Lenín Moreno— se reguló en el país el derecho a la libertad de asociación, competencia privativa de la Asamblea Nacional. Fundamedios y otros actores de sectores sociales y políticos presentaron a inicios de 2014 distintas acciones de inconstitucionalidad frente a esta ilegítima normativa. Hasta el momento la Corte Constitucional no ha resuelto estas demandas.
El 17 de junio de 2022, el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, y los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, presentaron el proyecto de ‘Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación’, encaminado a garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a las libertades de expresión y prensa, garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación y facultar al Consejo de Comunicación que dicte las políticas públicas para proteger al trabajo periodístico. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional arrancó el 12 de julio de 2021 con el análisis de la propuesta de Ley de Libre Expresión enviada por el Ejecutivo y decidió unificarla con la propuesta presentada por Fundamedios. Durante el debate de la norma, Fundamedios participó activamente, está previsto el tratamiento del proyecto en el Pleno.
La Comisión de Derechos Colectivos comenzó en 2020 la discusión de la nueva Ley de Acceso a la Información sobre la base del proyecto, que fue elaborado por Fundamedios, conjuntamente con el Grupo Legislativo por la Transparencia y el Acceso a la Información. Ahora, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea retomó el tratamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para Fundamedios es vital la necesidad de crear un Órgano Garante, que nacería de la complementación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que debe crearse por lo dispuesto en la ya vigente Ley de Protección de Datos Personales, para de esa forma constituir la Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como órgano garante de los dos derechos.
A lo largo de estos 15 años se han presentado un sinnúmero de solicitudes de información, basadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estas han sido dirigidas a distintas instituciones públicas y han tenido por objeto la obtención de información necesaria para las labores cotidianas de investigación, monitoreo y reporte de la situación de las libertades en Ecuador. Varias de estas solicitudes no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte de las dependencias estatales. Negativas tácitas y expresas, e incluso la entrega de información incompleta, dieron lugar a que el equipo jurídico de la organización emprenda procesos judiciales para así garantizar el pleno cumplimiento de nuestro derecho a acceder a la información pública. Estos procesos judiciales no llegaron a un buen término, pues las sentencias judiciales obtenidas tan solo reafirmaban que el ocultamiento de la información pública amparado en erróneas interpretaciones normativas fue la consigna gubernamental por excelencia durante los 10 años del correísmo.
Finalmente, la falta de garantías y la constante vulneración por parte del Estado a derechos fundamentales, como el de libertad de prensa y el control social dieron lugar al planteo de distintas acciones de protección. Estas acciones de protección, sustentadas ante el poder judicial, pusieron en evidencia la inexistente independencia de funciones que atraviesa nuestro país, pues, con sentencias totalmente alejadas del Derecho, se ratificó en más de una ocasión el transgresivo accionar gubernamental.