En el ámbito de la libertad de expresión, en ese año, al igual que en los tres anteriores bajo el mandato de Rafael Correa, siguió imperado una atmósfera hostil para los medios de comunicación, con un gobierno que considera a la prensa como su principal opositor político y en donde se ha visto una notable y creciente autocensura, sumado al uso del sistema judicial para tratar de criminalizar la opinión, e incluso, el mismo ejercicio del periodismo.
Casos como el cierre temporal de la estación televisiva Teleamazonas, la decisión de retirar la concesión de la radio Shuar Arutam, por supuestamente incitar a la violencia, aunque finalmente no sucedió; la sentencia penal al articulista Emilio Palacio, cuya demanda fue finamente retirada; o, las acusaciones de terrorismo al periodista Juan Alcívar -entre otras que detallaremos más adelante- dan cuenta de ello.