Durante el primer trimestre del 2023 se han registrado 79 agresiones contra la libertad de expresión en Ecuador. El aumento de los ataques cometidos contra la prensa no sólo se queda en las cifras, sino también en el tipo de agresiones, que se ha ido agravando. Entre 2007 y marzo de 2023, Fundamedios ha contabilizado 3.462 agresiones. Entre enero y marzo de 2023 se han registrado 9 amenazas, 7 procesos judiciales, 8 atentados, 10 casos de discurso estigmatizante, 4 de acceso a la información, 2 casos de censura, 23 alertas electorales, un asesinato, dos casos de acoso, 3 agresiones verbales, 4 casos de restricción en el espacio digital, un marco jurídico contrario a estándares internacionales, tres asaltos y dos casos de uso abusivo del poder estatal.
Enero de 2023, con 23 agresiones, se caracterizó por un ambiente electoral hostil y letal. Ese mes, 18 periodistas, cinco activistas (incluye a tres políticos), tres medios de comunicación y tres ciudadanos fueron agredidos. Los actores Estatales fueron agresores en 8 ocasiones, No Estatales en 8 ocasiones y Actores No Identificados en 6 ocasiones. Además, se registró un asesinato a un candidato.
En febrero, el Gobierno fue el principal actor contra la prensa. Los discursos estigmatizantes y cargados de odio aparecieron una vez más como una avalancha de recuerdos, donde la libertad de expresión era solo un estipulado. Ese mes se contabilizaron 26 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, ciudadanos y candidatos en Ecuador. Además, 11 periodistas, cinco activistas, cinco medios de comunicación, un director de un medio, dos generadores de contenido digital y siete ciudadanos fueron agredidos. Los actores Estatales fueron agresores en 8 ocasiones, No Estatales en 12 ocasiones y Actores No Identificados en 7 ocasiones.
Marzo, en cambio, se vio sumido en una violencia sin rostro. En este reciente mes aumentaron a 30 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos. Es así, que se contabilizaron 36 agredidos: un director de un medio de comunicación, 20 periodistas y trabajadores de la comunicación, 9 medios de comunicación, 4 generadores de contenido periodístico y 2 ciudadanos. Los principales perpetradores contra la prensa son agentes desconocidos con 12 ataques, le siguen los actores no estatales con 6 y luego los estatales también con 6 agresiones.
Además, los atentados fueron el principal tipo de agresión que se dio contra la prensa con cinco ocasiones.
Marzo perdido en la violencia y el olvido
El caso que se llevó la atención mediática, por el modus operandi del agresor, es el de los atentados contra periodistas de medios de comunicación. El 20 de marzo, las instalaciones de los canales Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión y la radio Exa FM fueron escenario de atentados contra sus periodistas, uno de los cuales resultó en explosión. llegaron sobres con membretes con los nombres de los periodistas Lenin Artieda, de Ecuavisa, Mauricio Ayora, de TC Televisión, Milton Pérez, del Teleamazonas y Miguel Rivadeneira de Exa. Dentro de los sobres se encontraba un pendrive. Artieda, por su parte, abrió el sobre e insertó el dispositivo en la computadora, el cual estalló. No hubo heridos. Ecuavisa indicó que el periodista Artieda no ha recibido amenazas anteriores y que todavía es muy pronto para conocer quién o por qué podría estar vinculado. Sin embargo, dentro del sobre se encontraba una nota amenazante contra el reportero.
Otro caso grave es el de la periodista del medio digital GK, Karol Noroña, quien este viernes 24 de marzo recibió una alerta de que su vida estaba en peligro. Tal como lo anunció el medio, ella recibió una amenaza de muerte, lo que llevó a que se activaran protocolos urgentes para que pudiera salir del país. Noroña reportaba y cubría temas del crimen organizado y la crisis carcelaria. Incluso uno de sus últimos reportajes publicados trataba de las familias de las víctimas de las masacres carcelarias, quienes fundaron el primer ‘Comité de Familiares por Justicia’. Esto frente a una “impunidad estatal”.
También tenemos el caso del periodista independiente Julio César Ramos. El 07 de marzo, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, a las 3 a.m., Ramos se despertó con un ruido estrepitoso y notó que dos sujetos arrojaron gasolina a su carro y lo prendieron en llamas. Cinco minutos tomó para que el vehículo del comunicador se consumiera.
Mientras se queman los autos de periodistas, las amenazas se dirigen hacia la zona sur del país. El medio Vinces TV en Huaquillas, provincia de El Oro, emitió un comunicado en su página web de Facebook indicando que el medio cambiará su tipo de contenido a entretenimiento y comunitario, anteriormente se enfocaban en las noticias de crónica roja. Sin embargo, explicó que debido a temas de inseguridad contra los periodistas, no podrán continuar con esa línea de contenidos. El medio fue víctima de mensajes amenazantes e intimidatorios. Las bandas del crimen organizado no quieren que se publiquen los asesinatos en los que están involucrados.
Karen Minda, periodista de la página La Voz del Pueblo, recibió varias amenazas de muerte en los comentarios de videos que publicó sobre Junior Roldán, alias ‘Junior’, uno de los cabecillas de la banda criminal Los Choneros.Minda publicó reportajes sobre el atentado que sufrió el delincuente en El Triunfo, cantón de la provincia de Guayas. Minda explicó a Fundamedios que ella, tras un trabajo con fuentes, conoció las personas que defendían y protegían a ‘Jr’ en El Triunfo. El miércoles 22 de marzo publicó un vídeo hablando del tema y señalando a las personas que son parte de la guardia del criminal. Al día siguiente, su equipo observó un mensaje intimidante en el video que decía: «Das pena, cómo arriesgas tu vida por un dólar, ya no te metas donde no debes. Después tu familia paga por metida».
Impunidad en los asesinatos del equipo de diario El Comercio
Este 26 de marzo también fue un momento de recuerdo e impotencia. Se cumplieron cinco años de un fecha que que marcó al país y sembró un precedente nefasto para el periodismo y la libertad de expresión: se cumplen cinco años del asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, quienes fueron parte del equipo periodístico del diario El Comercio. Sus vidas fueron segadas por grupos delincuenciales disidentes de las FARC que actúan en la frontera entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, en este tiempo de lucha no hay avances claros en las investigaciones y hasta el momento el Consejo de Seguridad Pública se ha negado a desclasificar información relacionada al caso. En 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó varias recomendaciones a los estados de Ecuador y Colombia para tratar el caso. Los esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones tampoco es claro. Esto es un doble atentado contra la libertad de expresión. Las recurrentes violaciones a los Derechos Humanos de los familiares es indignante.