Honorables Señoras y Señores Asambleístas agradecemos la oportunidad de ser recibidos en Comisión General en calidad, de ciudadanos que acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el más alto organismo continental de protección a esos derechos.
Debemos señalar que no obstante estar vigente en nuestro país, como parte del bloque de constitucionalidad, el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo artículo 63 señala que los Estados tienen la obligación de proteger a quienes acuden a una Audiencia y presentan información como peticionarios, hemos sufrido por parte del Estado una feroz campaña para desacreditarnos y convertirnos en objetivos políticos. La estrategia ha sido exitosa, al punto que las personas aquí presentes han sido amenazadas, injuriadas y agredidas verbalmente sin que el Gobierno ecuatoriano haya querido o haya podido brindar seguridad efectiva y se nos niega nuestro derecho constitucional a la réplica, rectificación y respuesta. En un documento, que entrego a Secretaría, ustedes encontrarán un resumen de todas las mentiras que se han creado para infamarnos.
¿Qué tiene que ver esto con lo que ustedes discuten aquí el día de hoy? Tiene mucho que ver, pues en el actual proyecto de Ley de Comunicación se imponen una serie de controles sobre los medios privados, pero casi nada se regula sobre los medios públicos y el sistema de propaganda estatal que incluye cadenas nacionales y publicidad estatal, que deben tener sistemas de control mucho más estrictos porque usan dineros y recursos públicos. Pero más que nada, en el actual proyecto de Ley se incluyen mecanismos nulos o muy débiles para el control del aparato estatal de propaganda, que incluye la publicidad oficial y las llamadas cadenas nacionales. Nosotros somos víctimas de esta ausencia de controles.
Estos controles deben ser explícitos en la Ley, pero en el actual proyecto más bien se amplía la ambigüedad y arbitrariedad con la cual los funcionarios pueden usar estos mecanismos de comunicación oficial, que en determinadas circunstancias son necesarias y legítimas. No obstante, queda evidenciado en casos como el que hemos sufrido en carne propia que se está usando recursos públicos para tratar de desacreditar a personas que se supone gozamos de derechos constitucionales, como las que estamos aquí.
Por esa razón, queremos dejar expuesto ante el Primer Poder del Estado, que los peticionarios ante la CIDH, creemos que se debe cumplir con el mandato Constitucional y popular que obliga a tener una Ley de Comunicación.
Sin embargo, queremos una Ley que cumpla con los estándares internacionales sobre Libertad de Expresión y que han sido expuestos en las cartas de la Relatora Especial de Libertad de Expresión y en los partes que realizó UNESCO a esta Ley y que lamentablemente no se han recogido ni discutido en su integridad.
Queremos una Ley que garantice irrestrictamente la Libertad de Expresión como un derecho de todos los ciudadanos. Una ley que sirva para el desarrollo de todos los medios de comunicación, en sus tres sub sectores: públicos, privados y comunitarios. Que garantice el trabajo de los periodistas aún sobre las presiones que provienen de los poderes políticos, económicos y sociales.
Una Ley que sirva para que efectivamente se garantice el acceso a la información pública. No creemos que el proyecto actual cumpla con estos principios, tanto en lo que plantea como en sus ausencias, como es el caso de los controles al aparato estatal de propaganda. Estamos conscientes de que es obligación no solo de la Asamblea sino de la sociedad civil y de todos los ciudadanos ecuatorianos en aportar y debatir para tener una Ley de Comunicación que garantice plenamente nuestros derechos. A eso nos comprometemos y por eso creemos y pedimos ayuda de todos los sectores de la sociedad para desarrollar los mejores mecanismos de autorregulación para los medios públicos, privados y comunitarios.
Los peticionarios queremos recordar que cuando hablamos de libertad de expresión no estamos hablando de un asunto menor, sino que estamos hablando de un derecho fundamental, sostén de los demás derechos humanos. Y sobre todo, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de uno de los pilares de la democracia, junto con una justicia independiente y elecciones libres.
Gracias.