Con el argumento de que el derecho a la información no se puede analizar en una acción de protección, la jueza Doris Valencia declaró improcedente la acción de protección planteada por Fundamedios para que se permita a una delegada de la organización hacer de observadora al concurso de frecuencias.

La Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) nunca respondió el pedido de Fundamedios de que su delegada ingrese a las instalaciones de la entidad pública para hacer el proceso de observación. En cambio, elevó el tema a consulta del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que ni la Constitución ni la Ley establecen este procedimiento.

Esta actuación de la Arcotel vulnera los derechos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público, y de esta manera, también el derecho a la información pública. Pero además no se cumple con lo establecido en la Constitución de que la asignación de frecuencias se debe hacer mediante un proceso transparente.

La audiencia se desarrolló el 29 de septiembre del 2016 en la Unidad de la Familia de Quitumbe, en el sur de Quito. Durante la diligencia, los abogados de Arcotel recalcaron que el concurso es público y que por eso las bases del concurso son públicas y están disponibles en la página web de la institución. Además dijeron que en esas bases se establece claramente cómo se va a calificar, y que así se hará.

Sin embargo, a criterio de Fundamedios, el hacer públicas las reglas para la calificación de los participantes no garantiza de ninguna manera que se vaya a proceder así, y justamente para verificar esto es necesario el control ciudadano. Si no se permite acceder a las instalaciones de Arcotel, no se puede observar de primera mano cómo se está procediendo con cada caso.

Más allá de esto, la Arcotel maneja el concurso a puerta cerrada, sin brindar ninguna información sobre quiénes son los participantes o qué etapas de la calificación ya se están realizando.

Para Fundamedios, la decisión de la jueza Valencia desconoce el derecho de los ciudadanos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público, más aún en un proceso donde se determinará el destino del 65% de todos los medios de comunicación radiales y televisivos del país, en medio de un proceso electoral. Por lo tanto, en el concurso se debería observar los más altos estándares de transparencia y control social departe de los ciudadanos.